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Jorge Javier Romero Vadillo

07/10/2021 - 12:06 am

El control político de la academia

Si bien el CIDE es formalmente una dependencia gubernamental, hasta ahora, desde su reconversión durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, había sido tratado como una institución académica.

El CIDE. Foto: Especial.

El martes cinco de octubre, el director general interino del Centro de Investigación y Docencia Económica, José Romero Telleache, le comunicó a Alejandro Madrazo Lajous su destitución como director de la sede región centro del CIDE, en Aguascalientes, por “perdida de confianza”.

El pretexto fue un vídeo publicado por Madrazo en el que defiende a los investigadores del CIDE contratados a través de programa Cátedras, creado por el CONACYT durante la gestión de Enrique Cabrero para emplear a jóvenes recién egresados de doctorados e incorporarlos a la academia mexicana en diversas instituciones de educación superior, pagados directamente por el Consejo. El programa  no resultó del agrado de la actual directora de la agencia estatal de ciencia y tecnología, la inefable María Elena Álvarez Buylla, por lo que ha emprendido un proceso de reforma para recortarlo, le cambió el nombre por el de Investigadoras e investigadores por México, y dificultó el proceso de evaluación para la permanencia con el absurdo requisito de exigir a los evaluados la demostración de que están buscando empleo en alguna institución de educación superior, a pesar de que tienen un contrato por diez años y están asignados actualmente a una universidad o centro de investigación.

En el vídeo que no le gustó a Romero Telleache y seguramente molestó mucho a su jefa, Madrazo reconoce las aportaciones de estos jóvenes académicos al trabajo de la sede que dirigía y lamenta el maltrato del que han sido objeto. Eso fue suficiente para su cese fulminante; sin ambages, el director interino le dijo que en la cuestión de la Cátedras CONACYT no podía tomar una posición distinta a la del director general y que no podía continuar en su cargo porque no compartía la visión del gobierno.

Alejandro Madrazo es uno de los fundadores de la sede de Aguascalientes del CIDE, creada hace diez años. Un académico de gran creatividad e inquietud, doctor en derecho por la Universidad de Yale, creo en su centro académico un área de derechos sexuales y reproductivos y, posteriormente, el primer programa de política de drogas del país. En 2014 me invitó a trabajar ahí durante mi período sabático de la UAM y juntos echamos a andar el primer diplomado de política de drogas de América Latina. Preocupado por las deformaciones constitucionales provocadas por la guerra contra las drogas, ha sido un férreo opositor a la militarización desde que Felipe Calderón decidió el despliegue territorial de las fuerzas armadas y ha elaborado una lúcida crítica al régimen especial de crimen organizado introducido en el derecho penal mexicano.

Durante los dos años que trabajé a su lado, no solo tuvimos una estrecha relación académica, sino que nos movilizamos contra en nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia y contra los intentos de Enrique Peña Nieto para imponer como Fiscal General a su consejero jurídico por su evidente partidismo.  Las críticas de Madrazo a las políticas de aquellos gobiernos siempre fueron fuertes y directas, pero nunca recibió la más mínima reconvención por parte de la dirección del CIDE ni le costaron su cargo como coordinador del programa de política de drogas. Mis mayores diferencias con él ocurrieron durante la campaña de López Obrador en 2018, pues Madrazo decidió apoyar al actual Presidente por su promesa de regresar a los militares a sus cuarteles en un plazo perentorio. Cuando López Obrador rompió su compromiso, Madrazo no tuvo empacho en mostrarlo como mentiroso en las audiencias sobre la creación de la Guardia Nacional.

Si bien el CIDE es formalmente una dependencia gubernamental, hasta ahora, desde su reconversión durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, había sido tratado como una institución académica y sus investigadores habían sido tratados como profesores con libertad de cátedra y opinión. A pesar de que frecuentemente se le ha atribuido una orientación ideológica neoliberal, en el tiempo que laboré ahí conocí a mujeres y hombres dedicados al trabajo intelectual con ideas diversas en convivencia y entre los directores de división había incluso un abierto partidario de López Obrador, Ignacio Marván, respetado por su labor profesional y nunca cuestionado por sus afinidades políticas.

Ese clima de libertad intelectual ha llegado a su fin con la imposición de un director externo, interventor político encargado de hostilizar a la comunidad que le resulta incómoda al actual gobierno. Nombrado por Álvarez Buylla para relevar a Sergio López Ayllón, quien renunció ante la evidente hostilidad de la comisaria de la ciencia del pueblo, Romero Telleache le comunicó al claustro de profesores desde su llegada al cargo que el CIDE era una agencia paraestatal, no una universidad y que podrían seguir investigando, pero esa no era su labor principal, sino hacer estudios para el gobierno.

Ya antes, el trato impuesto a los investigadores era el de burócratas sujeto a absurdos como el de la declaración patrimonial, aun cuando no manejan directamente recursos fiscales ni ejecutan programas de gobierno. La desaparición del fideicomiso les quitó la posibilidad de conseguir financiamiento externo para proyectos de investigación, como el que pagó mi estancia en el programa de política de drogas.

El actual gobierno no ha ocultado su hostilidad al CIDE. El propio Presidente de la República se lanzó a decir que un centro así no debería ser financiado por el Estado, por su carácter neoliberal, lo que quiere decir que solo debe ser financiados los centros ideológicamente afines a su clara visión del mundo, única verdad revelada. De ahí que haya nombrado a Romero Telleache como director, un economista investigador del Colegio de México fuerte crítico del neoliberalismo y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con una obra académica modesta, pero dispuesto a ejecutar instrucciones. Que un académico sea capaz de convertirse en un censor político de sus pares me parece execrable.

La intervención del CIDE es ominosa para toda la academia mexicana. Durante años, fue común la queja contra el “pensamiento único”, para referirse al consenso en trono a los modelos neoclásicos de la economía y sus derivaciones en la teoría social. Sin embargo, en mis casi cuatro décadas de profesor universitario, nunca había vivido un clima tan hostil con la disidencia intelectual como en este gobierno. Lo ocurrido con Alejandro Madrazo debería mover a la indignación de toda la comunidad académica del país, pues muestra la intolerancia de este gobierno a la libertad de pensamiento.

Jorge Javier Romero Vadillo
Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.
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