Rosario Robles Berlanga quedó libre de todo proceso penal, incluidas las medidas cautelares, y además puede regresar a trabajar en algún cargo público.
Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México ratificó ayer por la noche la decisión de absolver penalmente a Rosario Robles Berlanga, Secretaria de dos dependencias en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por el delito de uso indebido del servicio público a raíz del desvío de recursos en el caso de la “Estafa Maestra”.
El Tribunal ratificó por unanimidad la sentencia absolutoria emitida el pasado 24 de febrero por un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, con lo que quedó cerrada de manera definitiva cualquier acción legal del Ministerio Público federal contra la exsecretaria.
En el proyecto que estuvo a cargo del Magistrado Alberto Torres Villanueva y que se discutió el 5 de diciembre, se declararon infundados todos los alegatos de la Fiscalía General de la República y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quienes presentaron impugnaciones en contra del fallo.
El Juez argumentó que Rosario Robles ordenó la sentencia absolutoria y la cancelación de todas las medidas cautelares que la mantenían en prisión domiciliaria, así como presentarse a firmar periódicamente y no salir del país.
“Se inhibe la persecución penal y cesan las medidas cautelares, por lo que el Juez decreta el sobreseimiento total de la causa penal”, determinó.
Al resolver la apelación presentada por la FGR en contra de la sentencia dictada por el Juez Roberto Omar Paredes Gorostieta y Femat, las y los integrantes del Primer Tribunal Colegiado de Apelación argumentaron que a la Secretaria de Enrique Peña Nieto se le acusó con base en legislaciones que no eran aplicables por proceder de reformas constitucionales de 2015 y se le debió instaurar un procedimiento de carácter administrativo señalado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Solo tengo palabras de agradecimiento para todas y todos los que creyeron en mí. Siempre confié en que la justicia llegaría y en nuestro poder judicial. A las mujeres encarceladas injustamente les digo que siguen contando conmigo. #LaJusticiaEsMiCausa pic.twitter.com/i5GbR77hkZ
— Rosario Robles (@Rosario_Robles_) February 24, 2023
Asimismo, consideraron que se debió proceder contra la exfuncionaria según lo establecido en el Artículo 214 del Código Penal Federal vigente en 2012 y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Administrativa, y debió ser sancionada por la vía administrativa.
En el proceso que la llevó a la cárcel por tres años, nunca le imputó algún delito financiero, esto es, que la Fiscalía jamás investigó a las empresas fantasma, ni sus respectivas cuentas bancarias, ni las finanzas de las y los funcionarios involucrados, o el destino final de los tres mil millones de pesos desviados, a través de 11 dependencias federales, universidad y empresas fantasmas durante la administración de Peña Nieto.
Al respecto, Rosario Robles publicó en su cuenta de X, antes Twitter, con la resolución “terminó la infamia”, y acusó que con el encarcelamiento quisieron arrebatarle la dignidad a través de instituciones públicas.
Terminó la infamia. Me encerraron pero jamás dejé de ser libre y nunca me doblaron ni me arrebataron mi dignidad. Utilizar las instituciones para venganzas no es de demócratas. Ayer un tribunal de apelación confirmó mi absolución. Mi trayectoria y mi nombre siguen intactos
— Rosario Robles (@Rosario_Robles_) December 7, 2023
“Terminó la infamia. Me encerraron, pero jamás dejé de ser libre, y nunca me doblaron, ni me arrebataron mi dignidad. Utilizar las instituciones para venganzas no de demócratas. Ayer, un tribunal de apelación confirmó mi absolución. Mi trayectoria y mi nombre sigue intactos”, escribió.
El pasado 24 de febrero, Rosario Robles Berlanga, quedó exonerada del delito de ejercicio indebido del servicio público del que se le acusó en 2019, además de también ser liberada de la inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) le notificó en 2021 y con lo que le impedía ejercer algún cargo público durante 10 años.
La malversación de fondos públicos, conocida como “La Estafa Maestra”, fue extraída de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el periodo en que Robles Berlanga estuvo al frente de ambas dependencias.
El esquema fue el mismo, primero en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y luego en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por lo que se logró hablar de un delito continuado.
Sin embargo, el Juez señaló que en cumplimiento a la ejecutoria del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal, se acreditó el sobreseimiento, con efectos de sentencia absolutoria; su defensa argumentó que la conducta penal que se le atribuye a su cliente es sólo un incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y no un delito.
Y se le dio la razón, ya que en su decisión el Juez inhibió la persecución penal y cesó por completo las medidas cautelares, con lo que ahora Robles sólo podrá ser sancionada por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es decir, todo el caso quedó como una falta administrativa.
Las medidas cautelares para Rosario Robles duraron apenas seis meses.
Su otra victoria fue frente a la Secretaría de la Función Pública, ya que impugnó la inhabilitación en su contra dictada en 2021 que le impedía desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal y por haber falseado su declaración patrimonial.
Desde 2019, año en que la Fiscalía logró llevar a prisión a Robles, se advirtió de las lagunas en el caso. En agosto de ese año fue el Juez José de Jesús Delgadillo Padierna el que determinó enviarla a Santa Martha por riesgo de fuga ya que la Fiscalía, cuando tuvo oportunidad, no lo solicitó.
También queda sepultada la oportunidad de que el caso escalara a los jefes directos de Robles, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, señalados en un momento del juicio.
El caso de la desviación de recursos públicos quedó asentada en una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). A través de contratos de obra pública con universidades, ambas dependencias, con Rosario al frente, provocaron un desfalco valuado en cinco mil millones de pesos.
-Con información de Daniela Barragán
