El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio reporta que durante 2012 y 2013 fueron asesinadas 3 mil 892 mujeres en México, de estos casos sólo 613 fueron investigados como feminicidios. El Sistema de Procuradurías Estatales dice en 2015 fueron asesinadas un promedio de 7 mujeres por día. Estas cifras contrastan con la ineficiencia de los órganos gubernamentales encargados de prevenir y erradicar la violencia de género, como lo demuestran los resultados de la Auditoría Superior de la Federación.

Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).– Las acciones implementadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) han sido insuficientes para garantizar una vida sin violencia de género, concluyó la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

El órgano auditor encontró que la Comisión no impulsó la integración y administración del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), mecanismo que permite instrumentar la política de prevención y atención de la violencia de género.

Explicó que este Banco de Datos sirve para apoyar en la toma de decisiones y así disminuir los casos de violencia contra las mujeres. El órgano refirió que ante las deficiencias presentadas, “el país aún no se dispone de estadísticas oficiales y confiables sobre los casos de violencia contra las mujeres”.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) denunció este día que la falta de garantías en México para que las mujeres puedan ejercer sus derechos humanos y tener una vida libre de violencia contrasta con distintos indicadores que demuestran cómo la violencia machista “ha llegado a límites insostenibles en el país”.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el organismo recordó el día tiene una referencia histórica ante la lucha contra la opresión, la explotación, la violencia y la discriminación contra las mujeres. Sin embargo, dijo que “este contexto es actualizado por una realidad que desmiente los discursos oficiales”.

La Red de Derechos Humanos refirió que durante 2012 y 2013 fueron asesinadas 3 mil 892 mujeres en México, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. De estos casos solo 613 (el 15.75 por ciento) fueron investigados como feminicidios.

Indicó que de acuerdo con los datos del Sistema de Procuradurías Estatales, en 2015 fueron asesinadas un promedio de 7 mujeres por día, siendo 68 por ciento de ellas asesinadas por sus cónyuges o familiares.

A decir de la agrupación civil lo anterior significa una gran ausencia en la actuación legal por parte de las procuradurías de justicia en México.

“Estos son indicadores que demuestran que la violencia machista ha llegado a límites insostenibles en el país, con feminicidios registrados en todos los estados de la República. Así las mujeres se han organizado y hoy podemos contabilizar 13 estados del país que están solicitando que sea decretada la Alerta de género”, dijo.

En su análisis sobre el programa para “Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres” de la Conavim, la Auditoria detectó la Conavim no pudo demostrar que el 85.7 por ciento de los Centros de Justicia para las Mujeres del país realizaran campañas para prevenir la violencia de género.

Tampoco acreditó que se atendieran, por medio de esos centros, a 300 mil mujeres víctimas de violencia, ni que dichos centros contaron con la estructura
necesaria para ofrecer servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia para poder rehacer su vida, sostener su denuncia, acceder a la justicia y obtener servicios de apoyo, “por lo que no se pudo comprobar que atendió la fragmentación de servicios públicos que prevengan y atiendan la violencia a las mujeres”.

“En opinión de la ASF, la Conavim, por medio del programa presupuestario ‘Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres’ no logró que en 2014 se hubiera integrado el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, que permita instrumentar la política de prevención y atención de la violencia de género, a fin de apoyar la toma de decisiones para disminuir los casos de violencia contra las mujeres, por lo que aún se carece de estadísticas oficiales sobre los casos de violencia contra las mujeres; así como superar la fragmentación de servicios públicos que prevengan y atiendan la violencia a las mujeres, por lo que se concluye que las acciones fueron insuficientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, concluyó la Auditoría.

Lo anterior contrasta con el incremento en los distintos tipos de violencia que afrontan las mujeres y que de acuerdo con organización sociales, se extiende a distintas labores e identidades.

La Red TDT se refirió este día a la discriminación laboral que vio reflejada en la permanencia de trabas para que las mujeres accedan a un trabajo digno y bien remunerado y en las condiciones generales de precariedad laboral para la mayoría de las mujeres obreras y campesinas.

Dijo que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH) el 76 por ciento del total de mujeres trabajadoras percibe entre uno y cinco salarios mínimos; “situación que está lejos de garantizar una calidad de vida digna”.

“Pero si solo el cinco por ciento de las mujeres en el país tiene un ingreso superior a los cinco salarios por día, quizá lo más preocupante de todo es que, además de esta violencia estructural, al menos una quinta parte (21 por ciento) de las trabajadoras han enfrentado algún tipo de violencia en su centro de trabajo”, dijo la Red con base al reporte PROIGUALDAD 2013-2018.

Dice que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que en 2013, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declararon haber padecido algún incidente de violencia y 68 por ciento de las mujeres de entre 30 y 39 años han enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso.

En cuanto a la mortalidad materna, dijo que el sistema de salud no ha reducido los fallecimientos en la última década, siendo las hemorragias y la eclampsia, condiciones totalmente evitables,

Dijo que las principales causas de muerte de las mujeres mexicanas embarazadas, principalmente las mujeres en condiciones de pobreza. “Muchas de las muertes atribuidas a las hemorragias son por complicaciones de abortos que se practican en condiciones insalubres y de alto riesgo para las mujeres”, dijo..

Por todas estas agresiones, pidió que el Estado mexicano realice acciones concretas para superar rezagos legales para garantizar efectivamente los derechos de las mujeres.

Por ejemplo, dijo, las Leyes estatales para que las mujeres vivan una vida libre de violencia, en su mayoría aún no responden a los estándares de la Convención de Belem Do Pará.

En ese contexto, la Red pidió implementar el marco regulatorio para proteger los derechos laborales de las mujeres, revisando las legislaciones federal y estatales con integración de las perspectiva de género y de las herramientas legales para el acceso a la justicia de las mujeres trabajadoras.

Llamó a ratificar los convenios 156, 183 y 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), claves para la igualdad de género en el trabajo incluyendo las responsabilidades familiares, la maternidad y el trabajo en el hogar remunerado.

Manifestó la necesidad de que las dependencias cuenten con información sistematizada y desagregada sobre la atención que se brinda a las víctimas de violación, con el propósito de conocer si ésta  cumple con  los criterios establecidos en la  Norma-046.

Exigió una coordinación entre la Secretaría de Salud y los Ministerios Públicos, con el objetivo de que  las mujeres víctimas de violación sean  canalizadas para recibir la atención integral.

De igual forma, la Red pidió adoptar medidas, incluyendo en materia legislativa, de política pública y programas estatales, para abordar las causas subyacentes de la violencia contra las mujeres trans.

Estas medidas, dijo, deben asegurar que las mujeres trans tengan acceso sin discriminación al empleo formal, educación, salud y vivienda.