El Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, fue acusado por su ex pareja de maltrato y explotación sexual. Foto: Cuartoscuro

El Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, fue acusado por su ex pareja de maltrato y explotación sexual. Foto: Cuartoscuro

¿Qué es un conflicto de interés? ¿Dónde radica el límite entre lo público y privado? ¿En qué punto un periodista debe abstenerse de conocer y publicar hechos de la esfera íntima de un sujeto? Me hice estas preguntas mientras manejaba, en el caos de la Ciudad de México y en una calurosa tarde de mayo, después de escuchar por primera vez el relato de la conflictiva relación de Nayeli Martínez con Virgilio Andrade, el Secretario de la Función Pública.

“Yo era un pedazo de carne, terminé siendo un pedazo de carne”, dijo ella, sentada detrás de una columna en la penumbra de un bar, mientras agitaba nerviosamente el removedor de su vaso y vigilaba que nadie le escuchara. Me sumergí entonces en las denuncias que interpuso contra quien fue su pareja durante cinco años, un legajo de cronologías con detalles sobre su vida íntima con él, sobre el viraje que sufrió la relación cuando él adquirió mayor poder.

En su esfera pública, Andrade había sido hasta ahora un objeto de burla e incredulidad, más que un elemento que sumara un disgusto al “mal humor social” al que se ha referido el presidente Enrique Peña Nieto cuando busca una explicación para la baja en sus cifras de popularidad.

El encargado de la Función Pública era visto por los interesados en política como un amigo del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, como un instrumento para silenciar las críticas por la compra de una mansión de siete millones de dólares para la familia presidencial, como una pieza en el ajedrez de los gobernantes, que cumplió la misión justificadora para la que fue envestido como el máximo vigilante del buen proceder de los funcionarios federales.

La entrevista con Nayeli Martínez permitía acercarse a estas sospechas desde un entorno inmediato, que si bien padecía un componente íntimo, se justificaba ante un valor periodístico universal, que es conocer cómo ejercen el poder quienes detentan la responsabilidad de administrar la relación reguladora del Estado ante los individuos que conforman la sociedad que gobierna.

Al exhibir su caso familiar y de pareja, la versión de ella confirmó las conjeturas que había leído en textos de colegas y en interacciones con lectores y televidentes, sobre el papel que jugó Andrade en el entramado conocido como el caso de la Casa Blanca. Su testimonio sumó al conocimiento público de este caso un ángulo que jamás me había cuestionado: ¿qué gana en la esfera personal un funcionario al cumplir exitosamente una misión que beneficia a su grupo político?

La cronología que se desprende de sus denuncias acumula como elementos más graves las acusaciones violencia sexual, psicológica y económica, que él afirma son falsas y que no debatirá en los medios de comunicación, sino en tribunales. El relato de ella, no obstante, arroja una versión turbadora sobre qué sucedió detrás del telón con el hombre que el 21 de agosto de 2015 dijo públicamente que no existió ningún conflicto de interés en el actuar de Peña Nieto, su esposa ni su secretario de Hacienda.

Las conclusiones de Andrade cerraron oficialmente el capítulo sobre alguna responsabilidad pública en la compra a crédito de sendas casas a Juan Armando Hinojosa Cantú, el líder de un grupo empresarial que ha ganado más de 800 millones de dólares en contratos públicos mientras sus inquilinos eran mandatarios, primero estatales y luego federales, de acuerdo con las revelaciones periodísticas divulgadas en el otoño de 2014 por el portal Aristegui Noticias, el diario The Wall Street Journal y una mucho más reciente, producto de una investigación de SinEmbargo.

“Se corrobora que no hubo ninguna participación del licenciado Enrique Peña Nieto en el otorgamiento de los contratos”, soltó a las cámaras Andrade, al término de la investigación. Su pareja afirma que estas conclusiones eran parte de un compromiso del que él era perfectamente consciente, cuando fue invitado por el propio Luis Videgaray para tomar el cargo. La tarea, abundó, siempre fue clara: acallar las voces en la sociedad que cuestionaban “en qué se había gastado el dinero de sus impuestos”.

Cuando le pregunté si la relación extramarital con ella pudo ser un instrumento de presión para que las conclusiones del caso se dirigieran en algún sentido, respondió sin pensarlo que no, que era algo que él debía hacer por su grupo. Ante la pregunta si él obtuvo algún premio por el resultado, tampoco titubeó: “sí, volverse intocable”.

La historia de Martínez no es la de una mujer poco entendida en las tramas del mundo político. Médica cirujana de profesión, con una maestría en administración militar, ella hizo trabajo político durante años en el partido Convergencia, luego renombrado Movimiento Ciudadano.

Sus estudios militares y sus buenos contactos en la Marina y el Ejército la convirtieron, según pude corroborar de manera independiente, en un elemento clave en la relación con las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México.

En su camino actual para defender una pensión alimenticia para su hijo, no escatimó en denuncias. La que coloca en mayor conflicto al gobierno federal es la que ella misma interpuso ante la contraloría interna de la secretaría que él dirige, en contra de Andrade y varios colaboradores. En esta, le negaron por oficio el acceso a su propia declaración, con el alegato de que se trataba de proteger la presunta inocencia de sus denunciados.

En el ámbito de defensa de sus derechos, Martínez ganó en 2010 una contienda previa ante la Secretaría de Salud del Distrito Federal, por el acoso de un colega suyo en el hospital de Iztapalapa donde trabajó antes de colaborar en el gobierno capitalino. La queja fue reconocida en una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Ahora la batalla luce cuesta arriba. Las denuncias hasta ahora parecen congeladas, ella no ha recibido noticias de que él haya sido cuestionado, pese a las graves acusaciones que le imputa. Al contrario, según exhibió una investigación paralela sobre este caso, firmada por los reporteros Gustavo Sánchez y Carolin Fromm, del portal Aristegui Noticias, ella dejó de recibir pagos directos y en efectivo del oficial mayor de la oficina de gobierno para la que trabaja, luego de las denuncias.

Como parte del reportaje que elaboramos en Univision Investiga, pudimos comprobar que el cambio de ambiente laboral incluyó que Martínez fuera enviada a trabajar a una oficina que luce vacía, sin muebles, sin computadoras, sin compañeros de trabajo, donde solo unos albañiles laboran en la colocación del piso.

Desde el poder, el caso es visto como un conflicto entre particulares. No parece prioritario en la agenda averiguar si el principal encargado del comportamiento ético de los funcionarios, exhibido en tribunales y ahora públicamente, es o no un hombre violento, si usó sus horas y recursos de trabajo, o no, para sostener relaciones extramaritales y para maltratar a la madre de su hijo.

El 2 de junio fue la primera audiencia del caso. Debía dirimirse la pensión alimenticia que recibirá el niño de manera regular, también si el chico tiene derecho a ser protegido por el Estado Mayor presidencial, como los hijos del matrimonio de Andrade.

El funcionario no llegó. Una carta de una invitación a un evento en Jalisco lo eximió de andar los pasos que dividen el estacionamiento del edificio de juzgados familiares, de esperar su turno para tomar los elevadores abarrotados de otros ciudadanos que resuelven allí conflictos personales, de escuchar las órdenes de la juez respecto a cómo proteger los derechos de su hijo, a quien él reconoció y con quien tenía una relación de amor, a decir de ella. Andrade no recibió ninguna multa, requerimiento o apremio por haber faltado a la cita. La juez consideró que era una ausencia justificada.