Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) difundió diversos documentos donde revela que el Gobierno de Jalisco, encabezado por Aristóteles Sandoval Díaz, es cliente, desde el año 2014, de la empresa italiana Hacking Team, desde el año 2014dedicada a vender herramientas que ayudan a violar la seguridad de computadoras y teléfonos.
La información difundida hoy por R3D, contradice a las declaraciones que en días pasado hizo el Vocero estatal del Gobierno, Gonzalo Sánchez, quien negó que las dependencias locales hubieran adquirido herramientas de espionaje digital de ningún tipo, luego de ser cuestionado sobre la filtración de documentos de la empresa italiana.
“Sin embargo, en los documentos filtrados se revela que el Gobierno de Jalisco es cliente de Hacking Team desde el año 2014, año en el que la empresa italiana recibió por el proyecto denominado JASMINE 448,000 euros (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL EUROS) a través de empresa SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A.DE C.V.”, detalló la organización en un comunicado.
Lo negaron pero el @gobiernojalisco compró ilegalmente a #HackingTeam: 7:30PM publicamos evidencia. #AristotelesEspía pic.twitter.com/0vTploW4es
— R3D (@r3dmx) julio 8, 2015
Detallan que se filtró también un certificado de entrega firmado por Héctor Federico Zúñiga Bernal, titular de la Coordinación General de Asuntos Sociales dependiente de la Secretaría General de Gobierno, sellado por la misma, con fecha del 17 de diciembre de 2014, en donde también aparece la firma de un empleado de Hacking Team y una descripción de los productos adquiridos.
De acuerdo con el manual de puestos del Gobierno del Estado de Jalisco, entre las facultades de esta Coordinación se encuentra: “Coordinar al equipo encargado de generar proyectos de Gobierno que permitan establecer las bases de la gobernabilidad democrática en el Estado mediante el conocimiento análisis y vinculación con los diferentes actores sociales en la entidad, a fin de contribuir al logro de logro de los objetivos de la Secretaría”, precisa el documento.
R3D destaca que la dependencia “no posee facultades legales o constitucionales para la intervención de comunicaciones privadas, por lo que la adquisición y operación de los productos ofrecidos por Hacking Team por parte de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco es categóricamente ilegal”.
En este contexto, la Red exige “una explicación de parte de las autoridades del Gobierno de Jalisco, así como el inicio de investigaciones par ala imposición de sanciones administrativas y penales a los funcionarios del Gobierno estatal que hayan participado en la adquisición y operación ilegal de herramientas de espionaje”.
Finalmente destaca que resulta particularmente “urgente” que se transparente el proceso de contratación y el uso que se ha dado a este equipo, así como la identidad de las personas que han sido ilegalmente espiadas en Jalisco.
Hacking Team es una empresa que vende sistemas de vigilancia a varios países. La firma fue víctima de sus propias prácticas y desde el domingo han sido exhibidos 400 gigas de información en la que aparecen sus contratos con diferentes gobiernos, como el de México.
La compañía ofrece servicios de seguridad que utilizan malware y vulnerabilidades para obtener acceso a las redes de destino. The Guardian publicó este lunes que se trata de una empresa de seguridad que vende “software malicioso a los gobiernos nacionales, lo que les permite acceder a los ordenadores de sus objetivos”.
En el caso de México, se identificaron hasta 14 contratos individuales con la compañía, por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales, algunos de ellos sin facultades legales para la intervención de comunicaciones privadas.
Junto a la Red en Defensa de los Derechos Digitales y a las organizaciones mexicanas Enjambre Digital y Contingente MX otras organizaciones internacionales como Artículo 19, Derechos Digitales y EFF rechazaron la venta y adquisición de estos programas de vigilancia, “que sin controles adecuados, ponen en riesgo los derechos humanos de la región”.
Mediante un posicionamiento difundido este día denunciaron el proceso de compra que los gobiernos han realizado con total opacidad. “Exigimos que los Estados involucrados realicen esfuerzos para asegurar la transparencia de sus actividades de inteligencia, en particular relativos a la compra y tipo de utilización efectiva de tecnologías”, dijeron.
En particular manifestaron su preocupación de que este software esté siendo utilizado para espiar a activistas y disidentes sin causa justificada. En este contexto, exigieron que los Congresos de los países de Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá discutan un marco legal para regular las actividades de vigilancia.
“Ante la posibilidad técnica de que estas actividades pongan en riesgo derechos humanos, estas legislaciones deben reflejar los estándares más altos y sujetar las acciones de los organismos de inteligencia a la autorización previa de un organismo judicial imparcial e independiente”, indicaron.
