El Ministro Eduardo Medina Mora nos negó en varias ocasiones la audiencia a la que teníamos derecho por ser la parte quejosa. Foto: Cuartoscuro

Con la colaboración de Javier Zuñiga

El hecho de que desde hace ya casi 10 años tengamos un etiquetado frontal en los alimentos y bebidas que nadie entiende y que tiene criterios de consumo diario de azúcar, que si los sigue un consumido seguramente le llevaran a la diabetes, tiene una larga lista de responsables.

Como en el refrán popular: Unos fueron los que mataron a la vaca, pero muchos otros los que le agarraron las patas. Y todos son responsables de la muerte de la vaca. Es decir, unos diseñaron la venda para que los consumidores siguieran sin ver lo que se metían a la boca, otros se la sujetaron bien a la cabeza y otros más se las mantuvieron bien puesta durante años. Todos contribuyeron a la ignorancia que en muchos casos ha llevado a la enfermedad y por qué no, contribuido a la muerte.

Las inversiones de las grandes corporaciones contra las políticas de salud pública que pueden afectar sus intereses comerciales pueden ejemplificarse con dos casos. Primero, el Observatorio Europeo de Corporaciones estimó que las grandes empresas de alimentos y bebidas invirtieron mil millones de euros para evitar que el Parlamento Europeo estableciera un etiquetado de advertencia en esa región del planeta. Segundo, la industria refresquera invirtió 10 millones de dólares para evitar, en un primer intento, el impuesto a las bebidas azucaradas en la ciudad de Sn Francisco, una ciudad con menos de un millón de habitantes.

El caso del etiquetado frontal fue discutido por primera vez en la Suprema Corte en agosto de 2018. El Ministro Fernando Franco confirmaba que el etiquetado frontal que había establecido la industria en 2010-11 y después Cofepris había hecho obligatorio, violaba derechos humanos, como había establecido la sentencia del juez Fernando Silva.
Varias empresas que habían sido llamadas a juicio en 2015 (entre ellas Coca-Cola, Jugos del Valle, Nestlé, entre otras) y que se negaron a ser parte en ese momento, acudieron en 2018 a la Suprema Corte argumentando que no habían sido llamados como “terceros interesados” y que se tenía que reponer todo el procedimiento. Estas empresas y cámaras empresariales fueron: Bimbo, Sigma, Comercializadora Eloro, Qualtia alimentos y ConMéxico.

No solo se les recibieron sus escritos, sino que también se les permitió exponer sus argumentos ante los Ministros de la Suprema Corte. Varias cámaras empresariales se les unieron en el debate público.

El Ministro Eduardo Medina Mora nos negó en varias ocasiones la audiencia a la que teníamos derecho por ser la parte quejosa. Lo anterior, pese a que el derecho de audiencia para las partes afectadas es un derecho básico en cualquier juicio y que se encuentra protegido por la Constitución. Así, sin que hubiera escuchado a El Poder del Consumidor, el Ministro Medina Mora rechazó el proyecto del Ministro Franco.

En mayo de 2019, la segunda vez que se discutió un proyecto sobre nuestro amparo, sucedió exactamente lo mismo. El Ministro Medina Mora nos rechazó en reiteradas ocasiones nuestro derecho de audiencia. Algo similar sucedió con la Ministra Yasmín Esquivel, quien tenía tres semanas de haber ingresado a la Suprema Corte, y el Ministro Alberto Pérez Dayán, quienes no nos recibieron personalmente ni nos permitieron exponerles nuestro caso, únicamente a sus secretarios.

Hoy día, con la renuncia del Ministro Medina Mora, sectores empresariales como COPARMEX se manifiestan contra su salida. Sin embargo, existen intereses personales detrás de estas declaratorias, pues uno de sus agremiados y vicepresidente de la COPARMEX, José Medina Mora, es hermano del Ministro. En ninguna ocasión el Ministro Medina Mora se excusó de votar sobre el caso de etiquetado a pesar de que su hermano ocupaba un cargo importante en una de las asociaciones empresariales con intereses muy claros en este proceso.

Es importante resaltar la oposición que tuvo y tiene COPARMEX para la implementación de un nuevo etiquetado frontal, quienes anteponen los costos que tendría un nuevo etiquetado frente a los derechos de los consumidores.

En los días previos a las sesiones en que los Ministros votaron los proyectos sobre el amparo contra el etiquetado, los pasillos del edifico de la Suprema Corte estaban repletos de abogados de importantes despachos y de cabilderos de las principales corporaciones globales de alimentos y bebidas, así como de las asociaciones empresariales que los representan. En la primera ocasión, esperando audiencia en el despacho de la entonces Ministra Luna Ramos, en solamente un periodo de alrededor de 45 minutos, antes de nosotros, entraron tres grupos diferentes de representantes de ese sector empresarial.

En el proceso que se llevó en la Suprema Corte, únicamente un abogado, el nuestro, defendía el amparo contra el etiquetado que había establecido la industria, defendía no sólo la postura de nuestra organización, defendía la postura de los organismos de Naciones Unidas en México, la del Instituto Nacional de Salud Pública y de las nuevas autoridades de Salud. Es decir, un solo abogado defendía el interés de la salud pública frente a un ejército de abogados y cabilderos que recorrían los pasillos y subían y bajaban las escaleras de la Suprema Corte para defender los intereses de las corporaciones de la comida chatarra y las bebidas endulzadas.

Destacaban entre los abogados, el despacho Aguinaco (despacho fundado por un Ministro en retiro de la Suprema Corte), quienes se ostentan como defensores de derechos humanos y que llevaron el tema de la marihuana a la Suprema Corte. El despacho Aguinaco fueron los principales abogados defensores de ConMéxico, el organismo más radical en contra de cualquier política regulatoria y que fue el principal promotor del actual etiquetado que de acuerdo al juez Fernando Silva y el Ministro Fernando Franco viola el derecho a la información, el derecho a la salud y el interés superior de la infancia.

Finalmente, posterior a la discusión de mayo 2019, cuando se le negó el amparo a El Poder del Consumidor, solicitamos por acceso a la información todas las audiencias concedidas por parte del Ministro Medina Mora en relación con el amparo del etiquetado. Queríamos conocer cuántas audiencias dio sobre el amparo que habíamos llevado a la Suprema Corte. Como no nos había concedido audiencia a nosotros, si había concedido audiencias para el caso, todas habrían sido con representantes de la industria.
La Ponencia respondió que era información inexistente la referida a las audiencias concedidas por el Ministro Medina Mora y que no tenían la obligación legal de llevar un registro de estas.