Vera López explicó que los casos de desaparición forzada, abusos, impunidad, represión y violencia que se viven en los pueblos de Guerrero nos da una idea más real de las condiciones del país y nos acerca a la mentalidad de quienes nos gobiernan.
Por Zacarías Cervantes
Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo/El Sur).- Raúl Vera López, Obispo de Saltillo y presidente de la Red Solidaria Dácada contra la Impunidad visitó ayer Tecoanapa, Guerrero, donde escuchó quejas, denuncias de abusos, de impunidad, represión y violencia que sufren los pueblos indígenas, en medio de una miseria que, dijo el prelado, “es indignante”.
Escuchó a familiares de dos de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, a familiares de víctimas de desaparición de ese municipio en el 2002, a la viuda de una de las víctimas de la masacre de El Charco y a integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
En respuesta, Vera López expresó su indignación y dijo que en lugares como éste se pone de manifiesto con más crudeza las condiciones de miseria en que el gobierno mantiene a los pueblos, y que todavía comete crímenes y masacres como la de El Charco y la de Iguala, y que reprime y amenaza a agrupaciones como la CRAC y los grupos de autodefensa que se organizan y se defienden de la inseguridad y violencia que viven en sus pueblos.
En la cancha techada del centro del pueblo, Vera López escuchó al indígena Celso García Aristeo, padre del estudiante de Ayotzinapa desaparecido, Abel García Hernández, quien es originario de Tecoantepec, en ese municipio, y a Floriberto Cruz Evangelista, abuelo del normalista desaparecido Jorge Aníbal Cruz Mendoza, originario de Xalpatláhuac.
El señor, a quien apenas se le entiende el español, denunció que a más de 500 días de la desaparición de su hijo el gobierno no le ha dado informes. Asimismo culpó a las autoridades de todo lo que le está pasando a su familia a raíz de la desaparición de su hijo Abel.
Por su parte, Floriberto Cruz pidió al obispo que interceda por ellos para que el gobierno los atienda y encuentren la verdad y la justicia, porque dijo que hasta ahora no les han hecho caso y que solamente los van sobrellevando para que el caso quede en el olvido.
Mientras que Rogelio Ortega García, en nombre de la Policía Comunitaria de la CRAC, denunció que a pesar de la represión que han sufrido del gobierno y las amenazas a través de la Policía Ministerial, “el proyecto no termina aquí” y añadió que va a seguir adelante porque es la única forma de mantener la paz y la seguridad en sus pueblos.
El indígena advirtió que en este municipio no van a permitir la Policía Única Estatal “porque Tecoanapa tiene autonomía y ya nos quedó claro que sólo el pueblo puede defender al pueblo y que todos tenemos el derecho a la seguridad y a la justicia”, aseveró.
Un habitante de la cabecera municipal, Arón Ramírez Mayo le dijo al obispo, “pedimos a Dios, a través de usted que nuestro padre celestial nos mande la paz, porque desgraciadamente aquí no la encontramos por las diferencias que existen entre nosotros”.
Agregó que por estas mismas diferencias que hay entre el pueblo tenemos muchas desgracias y mucha desigualdad, porque además hay muchos que buscan sus propios beneficios.
La presidenta del Comité de Viudas y Sobrevivientes de la Masacre de El Charco, Eustolia Castro Ramírez, viuda del indígena José Rivera Morales, una de las 11 víctimas de esa masacre, denunció que desde el gobierno los han acusado de que lo único que buscan es una indemnización, cuando lo primero que quieren es que se sepa la verdad de lo que pasó la madrugada del 7 de junio de 2008, “que se investigue lo que pasó en El Charco y que haya justicia, que se castigue a los responsables”, dijo.
Durante su mensaje, Vera dijo a los más de 100 asistentes que a pesar de su papel de víctimas ve en ellos la dignidad y la fuerza que se necesita en este momento para transformar la situación que se está viviendo en México. Agregó que le conmueve y le estremece, sobre todo la magnitud del crimen que se cometió con la desaparición de los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y el asesinato de tres de ellos.
De este municipio son ocho de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. El prelado comentó que le estremece el corazón sólo por el hecho de pensar que esos jóvenes se preparaban para servir a su país en las zonas más desamparadas, como son las zonas rurales de Guerrero.
Añadió que el daño vino del Estado mexicano, “quien sigue manteniendo en la impunidad y encubriendo a como dé lugar a los responsables”. Expresó que ante esta conmoción de ver cómo se quiere atrofiar la vida de nuestros jóvenes que se preparan para servir a su país, “me conmueve y me indigna ver el sacrificio que hacen sus familiares, que son pobres de entre los pobres para que sus hijos se preparen”.
LOS OTROS DESAPARECIDOS
El obispo Raúl Vera mencionó que en Tecoanapa también recibió la denuncia de que en el 2002 ingresaron presuntos policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) y se llevaron a 28 personas de las que sus familiares ya no volvieron a saber nada.
Agregó que “es muy indignante ver cómo se ensañan con la gente más desprotegida, en lugar de hacer que las personas impulsen con más fuerza el desarrollo del país en nuestras zonas que tienen más necesidad de impulso para su desarrollo”. Pero dijo que, por el contrario, “se les niega ese derecho, se les daña, se les ofende, se les hacen este tipo de tropelías”.
En cuanto a la masacre de El Charco, dijo que esa es otra deuda que tiene que saldar el gobierno mexicano y añadió que este es un crimen que tiene que ser reparado.
Recordó que si bien actualmente el caso está ya ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la etapa de indagatoria ya pasó el tiempo en que el gobierno mexicano debió haber respondido al requerimiento de que dé su propia versión y una explicación ante la CIDH, “pero no ha dado respuesta para impedir que siga caminando el proceso”, acusó.
Denunció que todavía el gobierno se ensaña con las viudas, “esto nos da una idea de la clase de gobierno que tenemos, que además, se chupa nuestros impuestos y no contento con eso se convierte en nuestro enemigo y articula sistemas de violencia contra nosotros”.
Vera López explicó que esto nos da una idea más real de las condiciones del país, de lo que se está creando en la mentalidad de quienes nos gobiernan.
Destacó que todo esto es “imponente” para él, “ver como todavía en estas circunstancias siguen impunes masacres como la de El Charco, la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y la desaparición de 28 personas aquí (Tecoanapa) en el 2002”.
Subrayó que a pesar de estas condiciones todavía hay esperanza, “pero los necesitamos a todos ustedes, a las viudas bien plantadas, a los mineros bien plantados, a los familiares de los desaparecidos bien plantados”. Los invitó a que se mantengan por el camino de un nuevo constituyente para transformar la realidad que se vive actualmente en México.
Raúl Vera López celebró ver que aquí no hay “víctimas derrotadas”, sino a personas dañadas “pero con la esperanza de que la verdad, la justicia y la vida van a triunfar”. A ellos les dijo que por eso vino aquí, “vine a aprender de ustedes, a que me llenen de esperanza y me mantengan fuerte”, expresó el obispo.
