La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua afirmó que la iniciativa es privatizadora. Foto: Cuartoscuro.

La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua afirmó que la iniciativa es privatizadora. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).– Más de cinco mil personas y cerca de mil científicos reprobaron la Ley General de Aguas, también conocida como “Ley Korenfeld”, y convocaron a la sociedad a defender su derecho a contar con el líquido de forma gratuita con una manifestación este martes 10 de marzo a las 10 de la mañana frente al Palacio Legislativo de San Lázaro.

En conferencia de prensa, integrantes de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua afirmaron que la iniciativa para crear la Ley General del Agua viola diversos derechos humanos, es privatizadora, y va en contra de normas internacionales para garantizar la accesibilidad del líquido para la gente que no puede pagarla.

“Ya se privatizó el subsuelo, ahora van por los ríos. Esto es el mensaje: es una ley privatizadora, es una ley mercantilizadora, nada tiene que ver con el derecho humano al agua y llamamos a una movilización social fuerte para que no pase una ley que va en beneficio de los que ya conocemos, de los pocos sobre las mayorías”, afirmó Silvia Manueli, de COMDA.

Las organizaciones civiles precisaron que la llamada “Ley Korenfeld” violenta derechos humanos que implican factores de disponibilidad, calidad, asequibilidad, sustentabilidad, accesibilidad física, sin discriminación y acceso a la información.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha argumentado que el agua en México es un derecho humano, sin embargo en la nueva Ley se impone un nivel de 50 litros por persona para establecer su gratuidad, lo cual es menor al estándar internacional de 100 litros por persona.

Otro ejemplo, se prevé en el artículo 76 de la nueva ley la posibilidad de suspender el servicio de agua por falta de pago.

Las organización sostuvieron que los casos de privatización en agua han dejado como resultado precios altos por parte de las empresas privatizadoras, tal es el caso del modelo implementado en Saltillo, Coahuila.

“Tenemos estudios muy concluyentes de que no han funcionado estas fórmulas, por ejemplo han aumentado las tarifas hasta en 800 por ciento, no se respeta por lo tanto el concepto de asequibilidad, las tarifas no han sido adecuadas al nivel de ingreso cada persona, ha habido falta de transparencia en las empresas que se han beneficiado con la privatización”, detalló Nathalie Seguin de la Red de Acción por el Agua en México.

Desde el punto de vista académico se explicó que no hay fundamento científico para alegar escasez de agua en México que justifique el incremento de tarifas del líquido.

“Estas violaciones a los derechos humanos no tienen ningún sustento científico”, afirmó Alessia Kachadourian, del posgrado en Hidrogeología de la UNAM.

“Y quiero dejar en claro que sí hay agua en México, tenemos comprobado científicamente desde la UNAM que los balances que la Conagua ha utilizado a lo largo de la historia están mal hechos o quizá están hechos justamente para mentir a la ciudadanía inventando la poca disponibilidad o la sobre explotación de los acuíferos”, recalcó la académica.

Legisladores de oposición han denunciado que la Ley beneficiará a grandes consorcios y empresas trasnacionales de la talla de Coca Cola o Nestlé, entre otras empresas embotelladoras de agua para su consumo en diversas presentaciones.

“Son las grandes trasnacionales como Coca Cola o Nestlé entre otras, por citar a las más evidentes, las cuales obtienen ganancias millonarias por las concesiones que han ganado”, afirmó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en entrevista para SinEmbargo.

“Son empresas como Coca Cola y también otra es Grupo Monterrey, en general”, concordó la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a este diario digital, a reserva de profundizar en el texto que se someterá a consideración del pleno este martes 10 de marzo.

Al respecto, la Diputada perredista Aleida Alavez Ruiz detalló que la nueva Ley General de Aguas es una legislación con una redacción “tramposa”, porque por un lado afirma que defiende el derecho humano al agua, pero por el otro fomenta una visión mercantil del líquido al imponer tarifas prácticamente a todo su consumo y elimina los subsidios que apoyan la economía de miles de familias.

Agregó que la legislación “privilegia las concesiones”. Explicó que en la redacción de la Ley prácticamente tienen el mismo sentido los conceptos ‘asignaciones’ y ‘concesiones’, y esto implica que se privilegiará la apertura al sector privado en las diferentes áreas de distribución y operación el agua.

“Y eso lo vemos con mucha alerta porque empresas que puedan pagar las concesiones para explotar pozos de manera ilimitada para extraer agua de esos pozos y después ponerlos a la venta en presentaciones distintas de bebidas, es ver el agua más como una mercancía que como un bien público o un derecho humano”, detalló la también vicepresidenta de la Mesa Directiva.

Los legisladores de oposición indicaron que empresas embotelladoras tienen millonarias concesiones que les permiten explotar aguas nacionales para vender el mismo líquido en productos embotellados, refrescos, jugos, agua mineral y bebidas adicionadas con cafeína.

Sin embargo, coincidieron que en lugar de avanzar hacia una regulación más eficiente, la nueva ley flexibiliza diversas normas, entre ellas la temporalidad de las concesiones.

“De por sí ellos hacen una explotación del agua y un uso comercial de la misma, y tendrían que pagar por ello. Pero aquí no se establecer reglas claras para el uso del agua para consumo humano”, indicó la Diputada Alavez Ruiz.

Según el propio documento que se pondrá a consideración del pleno de los diputados el próximo martes, en el Título Sexto de la nueva ley “prácticamente se reproducen las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales en materia de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales al señalar las reglas para su otorgamiento, prórroga, transmisiones, derechos y obligaciones de los concesionarios, suspensión, extinción y revocación de los títulos de concesión”.