Hoy por la noche, los candidatos Alfredo del Mazo Maza (PRI),  Delfina Gómez Álvarez (Morena), Josefina Vázquez Mota (PAN), Juan Zepeda Hernández (PRD), Óscar González (PT) y Teresa Castell (independiente) debatirán el tema de desarrollo sustentable en el Estado de México.

La entidad cuenta con una Ley y una dirección ambiental. Sin embargo, las comunidades indígenas San Lorenzo Huitzizilapan, San Francisco Xochicuautla, Santa Cruz Ayotuxco, San Francisco Magú, entre otras, han denunciado una y otra vez la imposición de megaproyectos carreteros o de inmobiliarias a través de la fuerza pública del gobierno priista, lo cual ha devastado sus bosques y agua.

Este tipo de obras también formarían parte del esquema de financiamiento ilegal de las campañas en la entidad. Este día, la organización Ahora reveló un esquema de defraudación electoral que involucra a la empresa OHL, concesionaria de varias obras, para financiar las campañas de Eruviel Ávila Villegas, la de Peña Nieto en 2012 y la del actual candidato priista Alfredo del Mazo Maza.

Ciudad de México, 9 de mayo (SinEmbargo).– El desarrollo sustentable, un modelo de desarrollo económico compatible con la conservación del medio ambiente y con la equidad social, será uno de los temas que debatirán el martes noche los candidatos a la gubernatura del Estado de México, así como la economía, empleo, salud y educación.

Pese a la Ley estatal de Protección al Ambiente para el Desarrollo Sustentable aprobada desde 1991, comunidades indígenas al norte de la entidad han denunciado durante años el impacto negativo a sus bosques y agua en la implementación de los megaproyectos de empresas. Esta imposición ha sido mediante el uso de la fuerza pública por parte del gobierno mexiquense priista, según ha documentado el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Entre ellos, destaca el tramo de la autopista Toluca-Naucalpan en Lerma, que afectaría al Bosque Otomí-Mexica y a tres poblados, así como la construcción del proyecto inmobiliario “Bosques del paraíso” en San Francisco Magú, por ahora suspendido, pero que ya provocó dos talas y pone en riesgo 150 hectáreas.

Muchas de esas megaobras fueron entregadas a las empresas del sexenio: OHL México y Grupo Higa.

La Directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mireya Imaz Gispert, afirmó en entrevista que es posible desarrollar proyectos carreteros o inmobiliarios sin afectar bosques o mantos acuíferos.

“Sí, pero depende por dónde vaya la vialidad. Puedes pasarla por un espacio deshabitado, donde haya poca diversidad biológica y sin cuerpos de agua. Pero seguir apostando a las autopistas y a la movilidad individual en vez de al transporte público colectivo eficaz, es absurdo. Tenemos que salirnos de esta modernidad motorizada y regresar a la colectiva”, dijo la también ex Directora de Sustentabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México.

Sobre los proyectos inmobiliarios, la urbanista Diana Betanzos –que ha seguido el caso de Magú– sostuvo que se venden a cierto sector de la población como viviendas rodeadas de bosque “campestre y sustentable” y cercanas a la Ciudad de México. Pero se trata de un territorio autónomo habitado por comunidades indígenas con usos y costumbres.

Pedro Ávila Pérez, director del Consejo Consultivo de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, que asesora a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, dijo vía telefónica que este órgano está conformado por una serie de organizaciones civiles y representantes de institutos de investigación.

“Este consejo ha apoyado a empresas para ayudarlas a gestionar trámites de impacto ambiental para instalar proyectos. Tratamos de que fluya la comunicación con la dirección de Impacto Ambiental”, aseguró el ingeniero.

Ávila Pérez detalló que la supervisión le corresponde a la dirección de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría, la cual se encarga de los requerimientos, evaluaciones y generación de las condiciones “para que se puedan desarrollar los proyectos productivos”.

SinEmbargo llamó a Jorge Antonio Pichardo Morales, jefe del Departamento de Riesgo Ambiental de esa dirección, para pedirle una declaración sobre el daño a bosques y agua por instalación de proyectos. Sin embargo, dijo “no tener la facultad para dar entrevistas”.

EN DEFENSA DE LA TIERRA, AGUA Y BOSQUES

El Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra es un conjunto de comunidades del Estado de México que se han unido para defender el medio natural de la región, impedir que se sigan destruyendo sus áreas protegidas, así como para resguardar los derechos de los pueblos indígenas que han pertenecido y cuidado su territorio ancestralmente.

“Nuestra única ideología es defender la tierra, agua y bosques”, declararon en su manifiesto publicado en mayo de 2011.

Dentro de la asamblea colaboran representantes de Huitzizilapan, Lerma de Villada, Ameyalco, Ayotuzco, Santa María Atarasquillo, San Mateo Atarasquillo, Tultepec, Amomolulco, San Francisco Xochicuautla, San Miguel Mimiapan y Magdalena Chichicaspa, comunidades con propios usos y costumbres.

Dentro de sus exigencias, el Frente de Pueblos destacó “que los gobiernos e instancias correspondientes cumplan los acuerdos ecológicos, gacetas y decretos expedidos oficialmente, para que se conserven las áreas ecológicas y los recursos naturales en todas sus modalidades”.

La especialista en ciencias ambientales y sustentabilidad, Mireya Imaz Gispert, expuso que las políticas ambientales más recomendables son aquellas que se implementan a nivel municipal porque permiten interactuar directamente con los ciudadanos en términos de cambiar hábitos y conductas.

“Una política pública clara en términos ambientales, porque tiene impacto en calidad del aire, de vida y por tiempos de traslado de las personas, es el reordenamiento de la movilidad urbana. Eso está en manos de las autoridades, las cuales deben dejar de hacer calles para los coches y empezar a construir vialidades para los transportes colectivos públicos eficaces de gran tamaño”, determinó Imaz Gispert.

CONTRA DESTRUCCIÓN DEL “PRINCIPAL PULMÓN” 

El bosque Otomí. Foto: Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra.

Una de las promesas de campaña del Presidente Enrique Peña Nieto fue la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, proyecto de la empresa Autovan de Grupo Higa, relacionada con la casa blanca, el cual plantea conectar Interlomas Naucalpan con el Aeropuerto de Toluca para reducir el tráfico en la zona.

En junio del año pasado, el mandatario inauguró el Distribuidor Vial en el cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca-Naucalpan, pero el proyecto total lleva un 65 por ciento de avance de los 39 kilómetros que contempla, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura. Las comunidades indígenas de San Lorenzo Huitzizilapan, San Francisco Xochicuautla y Santa Cruz Ayotuxco son las afectadas directamente por la construcción del tramo en el municipio de Lerma.

En julio de 2014, la comunidad otomí de San Lorenzo Huitzizilapan se manifestó contra el proyecto la Reserva Santa Fe, “una casa de lujo ecocida”, el supuesto aprovechamiento forestal y el decreto de expropiación de hectáreas para la autopista Toluca-Naucalpan porque, argumentaron, se estaban llevando a cabo ilegalmente sin el consentimiento del pueblo.

“Ni se tala, ni se vende, Huitzizilapan lucha y se defiende”, decían. No obstante, más de 200 granaderos, con golpes y agresiones verbales, desalojaron a los niños, a los jóvenes, a las mujeres y a los adultos mayores que se encontraban en el lugar.

Otros miembros del Frente de Pueblos también demandan la suspensión inmediata de los trabajos para el proyecto carretero.

Actualmente el tramo en Lerma está pausado por la resistencia social luego de que en San Francisco Xochicuautla se derribó una casa en abril del año pasado con maquinaria pesada y con el resguardo de más de 800 policías. También se talaron miles de árboles para estudios previos. De acuerdo con Carlos Partida Pulido, director general del Sistema de Autopistas del Estado de México, el gobierno estatal pagó las tierras a los comuneros.

El Frente de Pueblos ha acusado que el tramo de ese proyecto destruiría directamente al menos 600 mil metros cuadrados de bosque, dentro de un área perteneciente al Bosque Otomí-Mexica, también conocido como Gran Bosque de Agua, “principal pulmón y afluente de oxígeno y de agua” para los valles de México y Toluca.

“La fragmentación por carreteras es una de las principales estocadas al corazón de los acuíferos y bosques”, expuso Jurgen Hoth, investigador de Iniciativa Bosque del Agua. Además, el trazo reduciría la producción de 250 millones de litros de agua por año.

Huitzizilapan es una de las comunidades afectadas por el proyecto carretero. Foto: Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

El ecocidio también atravesaría la cabeza de la Cuenca Alta del Río Lerma, parte del sistema que abastece de agua a una parte del país. Asimismo, la autopista planea pasar entre las ciénagas de Chignahuapan y Chimaliapan, dos lagunas pertenecientes a las Ciénagas de Lerma, área natural protegida. Esto cortaría el paso tanto de agua como de cientos de aves que transitan entre las aguas.

Respecto a la cultura otomí, con la construcción de la autopista se truncará la ruta sagrada Ndañu-Donikjä, en la cual se realizan diversas festividades milenariamente, entre ellas la ceremonia del Fuego Nuevo. Esta ruta sagrada se celebra anualmente desde la comunidad indígena de San Lorenzo Huitzizilapan hasta el punto más alto del municipio de Lerma.

El vocero del Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla, José Luis Fernández, ha asegurado que desde hace nueve años decidieron en su asamblea comunitaria que no aceptarían proyectos en sus terrenos comunales. A raíz de esta negativa, acusó, han sido víctimas de persecuciones, amenazas de muerte y golpes a mujeres y niñas. En mayo de 2014 hubo 14 detenidos.

En Santa Cruz Ayotuxco, denunció el Frente de Pueblos, se dio la destrucción de mantos acuíferos y campos de cultivo, y la tala de árboles también con el objetivo de la instalación de la autopista.

PROYECTO INMOBILIARIO CONTRA BOSQUE

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero ha acompañado el caso de la comunidad indígena San Francisco Magú, ubicada en el municipio de Nicolás Romero, que desde 2012 ha luchado contra la imposición en su territorio del Desarrollo Inmobiliario “Bosques del Paraíso” de la empresa Merket Construcciones.

Por la resistencia de la asamblea comunitaria, el permiso para la tala y construcción en los territorios de la Carreta y el Ocote fue suspendido “por inconsistencias”, pero la zona es señalada como urbanizable, por lo que “sigue siendo un objetivo” y siguen “en alerta y organización permanente”, dijo en entrevista Diana Betanzos, urbanista que ha investigado el caso.

En noviembre de 2012 y en abril de 2013 han habido talas de árboles, documentó. Ante la primera tala de 10 hectáreas, los habitantes conformaron la organización “Sin Bosque no hay paraíso”, por lo que “han sufrido hostigamiento y una compañera ha recibido amenazas de desaparición y muerte”.

Diana Betanzos, quien ha trabajado con la comunidad, aseguró que la construcción de 10 mil viviendas implica afectaciones en el espacio, ambiente y cultura.

“Sería la devastación de 150 hectáreas de bosque de encino, pondría en riesgo 11 especies de flora y fauna, y además ese bosque comunal es un espacio de recarga de mantos acuíferos. En el plano cultural, para ellos es un territorio sagrado donde han colectado especies de hongos y realizado diferentes festividades”, afirmó.

Abigail Salvador Torres, habitante de San Francisco Magú, contó que el 8 de marzo del 2015 un grupo de granaderos golpeó “a varias personas” que se manifestaban contra la privatización de sus sistema autónomo de agua.

Betanzos dijo que se trató “de un grupo de choque priista”.

RECURSOS PARA EL AMBIENTE… A SALARIOS 

La Cumbre de Río de Janeiro, Brasil, celebrada en 1992, marcó la pauta para que la mayoría de los países, entre ellos México, se comprometieran al establecimiento de nuevas políticas que permitieran a la población un desarrollo más equitativo, así como el acceso a una vida digna en un entorno limpio, expuso la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMX).

En ese contexto, en 1991, se aprobó la Ley de Protección al Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de México para “establecer las normas de protección y restauración del ambiente, así como la conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales”, documentó la Secretaría del Medio Ambiente estatal. Además se creó la Secretaría de Ecología, dependencia encargada de la formulación, ejecución y evaluación de la política estatal en materia ambiental.

Sin embargo, la mayoría de su presupuesto va a servicios personales (salarios, seguridad social y otras prestaciones) y Omar Ortega Álvarez, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México, acusó que su titular Raúl Vargas Herrera (abogado) no está especializado para el cargo.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, en el ramo 16 sobre medio ambiente y recursos naturales, la Secretaría de Hacienda reportó un presupuesto por 22 millones 300 mil 864 pesos para el Estado de México, de los cuales 20 millones 665 mil van a servicios personales y otros 531 mil 892 pesos para materiales y suministros, entre ellos, documentos, alimentos, combustibles, lubricantes y aditivos.

Además, 1 millón 103 mil pesos se destinan a servicios generales como profesionales, científicos, instalación, reparación, mantenimiento y conservación.

Sobre el tema de recursos, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), aseguró que “es necesario convertir el desarrollo sustentable en política de Estado y alinear los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los planes y presupuestos nacionales”.

La Cepal y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llevan dos años implementando los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas de cara al año 2030.

Durante el foro sobre el tema, celebrado el 28 de abril en la capital mexicana, el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Miguel Ruiz Cabañas, coincidió en que los gobiernos tienen que colocar los recursos donde están poniendo sus discursos.

“Esta es la prueba de fuego: si los gobiernos están orientando realmente sus esfuerzos a los objetivos de desarrollo sostenible”, dijo durante el foro.