Alrededor 80 de los 125 municipios del Estado de México cuentan con sistemas ciudadanos y autónomos de administración de agua. Los mexiquenses que se suministran del sistema de Tecámac corren el riesgo de quedarse sin el líquido por la reciente instalación de la planta de Grupo Peñafiel –”el refresco del Presidente Peña Nieto”, como él mismo bromeó–, que absorberá millones de litros diarios. Esto, además de violar convenios internacionales sobre dar prioridad al uso doméstico, es “el reflejo del autoritarismo en la entidad en aras de negocios personales”, acusó José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– “Peñafiel es el refresco del Presidente Peña Nieto”, bromeó el mandatario en la inauguración de una planta con una inversión por mil millones de pesos de este grupo refresquero en Tecámac, Estado de México. En esta zona justamente la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dictaminó una veda por sobreexplotación del acuífero Cuautitlán-Pachuca, reconoce el mismo municipio administrado por el priista Aron Urbina Bedolla, quien ha acosado al poblado que ha defendido su agua por 12 años, acusaron organizaciones civiles.

“Es otro de los reflejos de la política autoritaria e impositiva que se desarrolla en el Estado de México desde el siglo pasado. En aras de los negocios personales y no del desarrollo comunitario se han lastimado no solo las reservas acuíferas, sino también el medio ambiente. Esa sinrazón al que han incurrido los gobiernos municipal, estatal y federal en imponer una planta de refrescos es evidenciar también su total abandono a políticas ecológicas para la región”, dijo el abogado José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Para la producción de un litro de refresco se necesitan dos litros de agua, por lo que “la cantidad que van a estar extrayendo del acuífero Cuautitlán-Pachuca es una descomunal de millones de litros diarios para poder generar su producción industrial”, dijo.

La capacidad de extracción de la refresquera es mucho mayor a la del sistema de agua potable autónomo de Tecámac, lo cual viola una observación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El uso primordial del agua tiene que ser doméstico y personal por encima del industrial, refiere.

Ante ello, la comunidad del sistema autónomo de Tecámac ya está preparando acciones legales ante el Poder Judicial de la Federación en contra de este inicio de actividades porque dentro de la entidad “no hay condiciones de parcialidad”, adelantó el abogado Lara Duque. Una vez finalice la Semana Santa entrará un recurso.

Al menos 80 de los 125 municipios del Estado de México cuentan con sistemas ciudadanos y autónomos de administración de agua. El artículo 2 constitucional reconoce el acceso preferente de los pueblos originarios a los recursos naturales y su manejo.

Sin embargo, han enfrentado intentos de privatización del agua para instalar megaproyectos “de urbanización desmedida” encaminados a “garantizar el lucro a costa de la destrucción de la cuenca del Valle de México”, afirmó la organización Agua para Todos, conformada por pueblos originarios, organizaciones sociales, sistemas comunitario de gestión del agua e investigadores.

“El gobierno mexiquense ha instaurado aparatos represivos que incluye la captura de autoridades comunitarias a través de corrupción, despensas o uso de la fuerza para intimidar y reprimir a quienes desde las comunidades intentan luchar contra la imposición de megaproyectos”, aseguró en entrevista David Silva Carmona, de la Red de Antropología Populares del Sur. “Para las comunidades estos proyectos no aportan nada porque son privados y, al contrario, generan el rompimiento del tejido social y despojo de recursos naturales”.

En abril de 2015, el Diputado priista Amador Monroy Estrada presentó ante el Congreso del Estado de México la iniciativa para modificar la Ley de Agua estatal con la que pretende municipalizar a los sistemas comunitarios de agua potable de la entidad “porque dice que no cuentan con la asesoría y capacidad suficiente para cumplir con la demanda de la población”, dijo en entrevista Efrén Santana, habitante de San Lorenzo Huitzizilapan en el municipio de Lerma.

“El Estado toma la administración del agua mediante un aparato de despojo de manantiales y ríos cambiando las leyes, pero se la entrega directamente a la industria, minería y fracking. Para eso quieren el control del agua. La ponen como una mercancía al mejor postor, y la mayor cantidad está en los territorios indígenas”, aseguró Santana.

“En Tecámac estaban luchando en contra de la imposición de la refresquera Peñafiel. Ya fue inaugurada cuando sabemos que los pozos en el Valle de México están severamente sobrexplotados”, determinó.

Grupo Peñafiel ahora tiene dos plantas en la entidad. La primera se instaló en la  industrial de Xalostoc, en Ecatepec de Morelos. En esta recién inaugurada se podrán producir más de 200 millones de botellas al año, con los que abastecerá a los más de 400 mil puntos de venta que tienen a lo largo del territorio nacional, destacó Fernando Cortés Gómez, Vicepresidente Corporativo de Cadena de Suministro.

La mayoría de los casos de imposición de proyectos en la entidad han quedado impunes por la “asociación a través de la corrupción” entre la clase política y las empresas, dijo David Silva Carmona, también académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

“La constante en el Estado de México es la imposición a través de la fuerza; hay poca voluntad para respetar los derechos específicos de pueblos indígenas. Obedecen a un sistema neoliberal que privilegia la participación de industrias a través de inversión privada. En el despojo del Estado de México a la población la están marginando a círculos de pobreza y los bosques que han cuidado durante años han quedado para zonas residenciales o campos de golf”, determinó.

ACOSO CONTRA EL SISTEMA AUTÓNOMO DE TECÁMAC 

El Consejo Administrativo del Sistema de Agua Potable de Tecámac (SAPTEMAC) suministra agua en ese poblado a cuatro mil personas desde 1976, sin embargo, ha sido víctima de acoso y hostigamiento, ha documentado el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Esta semana finalmente se logró establecer Grupo Peñafiel, el cual en septiembre de 2015 perforó un pozo “presumiblemente de manera clandestina en la zona”.

Justamente hace un año, el día 12 de abril de 2016, el presidente del Sistema de Agua Potable de Tecámac, Mateo Martínez Urbina, y la secretaria general del sistema, María del Carmen Balleza Ortegón, fueron agredidos con botellazos de agua por un grupo de personas ajenas a la colonia. Acudían a una reunión para solucionar el problema de desabasto de agua que hay en esa área. Martínez Urbina también ha recibido amenazas.

Desde 2005 el pueblo ha defendido su sistema autónomo de agua porque el Presidente Municipal, Aaron Urbina, intentó municipalizar la administración del agua, pero hubo resistencia social.

“Durante estos 12 años han habido una serie de acosos y hostigamientos. El presidente del sistema de agua potable y la secretaria han sido agredidos físicamente por personas afines al Presidente Municipal, Aaron Urbina”, determinó José Antonio Lara, director del centro de derechos humanos. “Su labor corre riesgo”, añadió.

Esta planta de la compañía refresquera en la cabecera municipal de Tecámac “continuará sobreexplotando un acuífero ya declarado en veda desde 1954 y considerado por la Comisión Nacional del Agua como gravemente abatido”, dice el centro Zeferino Ladrillero.

Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía, destacó que la industria refresquera nacional ha logrado, en lo que va de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, crecer más de 12 veces y media lo que en promedio está creciendo la industria nacional.

En 1951, el pueblo de Tecámac inició la construcción de su primer pozo de agua con trabajo voluntario. A través de cooperaciones económicas estableció la infraestructura para autoabastecerse sin el apoyo directo de ningún nivel de gobierno.

Pero ha enfrentado los intentos gubernamentales por hacerse del control del líquido mediante el intento de “desligitimar” a los liderazgos de la comunidad para justificar una posible agresión o incluso hacer un uso indebido del sistema de justicia penal, “lo cual es por demás preocupante, pero sistemático en el Estado de México”, evaluó el centro Zeferino Ladrillero.

Entre las principales batallas del municipio se encuentra la oposición al Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA), al proyecto “Ciudades Bicentenario” y, en su momento, la instalación de la embotelladora de refrescos.

La organización Agua para Todos ha exigido que se respeten los derechos humanos de los defensores del agua, de los integrantes y autonomía de los sistemas comunitarios; demanda que se promueva el derecho a la consulta previa, informada, ante cualquier instalación de proyectos, y pide que cese a la división y confrontación, fomentada por el gobierno y sus partidos aliados, entre los pobladores del pueblo de Tecámac.