“Es soberano quien decide el estado de excepción”, señalaba con agudeza el jurista y teórico político alemán Carl Schmitt. Esta lapidaria sentencia sigue teniendo vigencia a 100 años de publicada en su “Teología política”. Michel Foucault, por su parte, iría más allá al definir el poder soberano como “hacer morir y dejar vivir” .

Esa ácida crítica al pensamiento liberal sobre la democracia y el Estado de Derecho se materializa de manera palmaria en los tiempos que corren. Hemos visto con todo su ropaje el ejercicio de ese poder soberano que no admite (o no quiere admitir) ningún contrapeso. En el contexto mexicano y de América Latina, los populismos autoritarios han perfilado el poder unipersonal del líder, identificando tramposamente “su voluntad” con la del “pueblo”.

A partir de esos elementos, con diversas intensidades y efectos, han decidido imponer la excepcionalidad por encima de la Ley y cualquier derecho humano. En Cuba, la excepción es regla desde hace 60 años; mientras que en El Salvador y Honduras la excepción parece ya perenne desde hace dos. En Venezuela las reglas del juego para la disputa política y la vigencia de derechos las determina Maduro; en Argentina, Milei quiere gobernar a base de decretos que vulneran directamente los derechos reconocidos en la Constitución de aquel país. En Ecuador, Noboa decide violar las reglas de derecho internacional y allanar la Embajada mexicana.

En México las cosas no son mejores. ¿Qué mejor prueba de ese poder soberano que el ejercicio performativo del Presidente López Obrador todas las mañanas? Hoy menos que nunca el poder de la palabra presidencial se ciñe a limite alguno. Su investidura está por encima de la Ley, dijo cuando publicó el celular de Natalie Kitroeff del New York Times. Así lo ha ratificado en el caso de María Amparo Casar.

No hay Ley que lo constriña, pues él lo hace por el bien del pueblo y para que la “vida pública sea más pública”. Acabar con reputaciones como lo hace el Presidente y su equipo constituye un verdadero aniquilimiento moral. Y eso, no sobra decirlo, es también ilegal. Máxime que sus señalamientos rara vez vienen acompañados de pruebas; pero si las tuviera, no es la autoridad para acusar y sentenciar de forma sumaria a nadie. Por ello el aforismo de Schmitt es la mejor explicación de lo que vivimos: hoy el Presidente decide qué es la Ley y qué es excepción. Es el poder político en estado puro.

En el reciente caso, sus corifeos intentan darle revistimiento legal a sus arbitrariedades, invocando el artículo 112 de la Ley General de Transparencia que considera excepciones a la reserva de información pública actos de corrupción y graves violaciones a derechos humanos. Lo que no dicen es que la apertura de información lleva un proceso del cual se han brincado todas las trancas. El Presidente, repito, decide con su poder soberano cuál es la excepción a la regla. Publica un “expediente” deshilachado con datos personales de aquello que no termina de quedar claro si es una denuncia, un procedimiento formalmente abierto, simple ánimo de venganza o todas las anteriores.

Lo que no publica son las adjudicaciones directas en sus megaproyectos, ni los contratos del Ejército para adquirir el software espía Pegasus. Tampoco se hacen públicos los 800 folios de inteligencia militar sobre el caso Iguala o los archivos de la Guerra Sucia que le esconden a la propia Comsión de la Verdad. Por el contrario, ha decretado como “seguridad nacional” la relativa a las megaobras o nada “de muertito” con información que involucra al Ejército en violaciones a derechos humanos. Para no ir más lejos, su partido ha decidido bloquear en el Senado los nombramiento faltantes para el INAI -otro de sus “enemigos”- lo cual paralizó al organismo por cinco meses y sigue causando merma en su operación.

El caso de María Amparo es el corolario de una estrategia seguida durante cinco años. Lo ha hecho numerosas veces con Loret de Mola al exhibir sus ingresos. Lo hizo en la trama Odebrebecht-Agronitrogenados, donde leyó en voz alta la denuncia de Loyoza; siendo que hoy su caso se cae a pedazos, ya no se diga en contra de los otros señalados. Lo ha hecho para acabar con la reputación del Centro Prodh y organizaciones diversas, de la madre buscadora Ceci Flores, de periodistas, opositores e intelectuales. Porque de pronto, criticar al Ejecutivo es “atacarlo” y disentir es justificación suficiente para el linchamiento público.

Cabe traer a colación lo dicho por la Corte Interamericana. Las autoridades “deben constatar en forma razonable” los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo “con una diligencia aún mayor […] en razón de su alta investidura, […] para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de determinados hechos”. Además, deben tener en cuenta que “en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garantes de los derechos fundamentales de las personas”, y, por tanto, sus declaraciones no pueden desconocer éstos ni constituirse “en formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento”. Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de “mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política”. (Caso Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” vs. Colombia, párr. 702)

A las personas que acusa de miles de cosas, no pretende probarles nada ante las instancias legal y previamente creadas para ello, porque él encarna el poder soberano. Con su palabra decide quién vive y quién muere en términos reputacionales y sociales. Su intención no es que haya transparencia, rendición de cuentas ni justicia; sino escarmentar y vengarse de quienes no aplauden su proyecto político. Esperemos que con la próxima presidenta vengan tiempos mejores.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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