Habitantes de San Francisco Xochicuautla, en el Edomex, dijeron que está en las manos de la Suprema Corte ratificar que los pueblos indígenas tienen primacía de derecho ante cualquiera cuando se trata de proteger sus territorios.
Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– El pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional por la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca concesionada a Constructora Teya, filial de Grupo Higa, que pertenece al empresario Juan Armando Hinojosa, uno de los favorecidas por los gobiernos Federal y del Estado de México.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a proteger y salvaguardar los derechos y cultura indígenas que conforman este país; Xochicuautla ha generado una argumentación hasta el momento inédita en México con fundamentación jurídica nacional e internacional […], el hecho de que la Corte ratifique que los pueblos indígenas tienen primacía de derecho ante cualquiera cuando se trata de proteger sus territorios y cultura será un procedente histórico que ayudará a evitar una cantidad innumerable de violaciones a derechos humanos”, denunciaron los opositores a la obra.
A través de su Consejo Supremo Indígena Otomí y sus Delegados, las autoridades indígenas dijeron que se trata de “un desafío jurídico contra la Presidencia de la República argumentando detentar mayores facultades legales en materia de su propio territorio y recursos naturales que cualquier otra autoridad del país”.
El Consejo informó mediante un comunicado de prensa que la demanda será entregada el lunes 12 de octubre por lo que hizo un llamado a las representaciones de otros pueblos indígenas así como a organizaciones solidarias para que los acompañen “en este acto reivindicatorio de la defensa de los derechos indígenas en este país”.
A decir de la comunidad indígena se puso a determinación de la Suprema Corte una discusión jurídica y social en este país: “No existe autoridad alguna que tenga mayores facultades en materia de territorio y bienes naturales que la propia autoridad indígena de cada uno de los pueblos indígenas en su propio territorio que conforman nuestra nación pluricultural”.
El pueblo otomí refirió que recurre al máximo tribunal de justicia del país tras verse “arrinconado por una cerrazón política de todas las instancias de gobierno estatal y el Ejecutivo federal para suspender de forma definitiva la autopista privada de cuota Naucalpan Toluca”.
Dijeron que de construirse este proyecto implicaría una grave afectación al patrimonio cultural “sin soslayar el grave impacto ambiental, sobre todo en lo que se refiere a la recaudación del agua que se vería afectada en el Bosque Otomí-Mexica también conocido como Santuario del Agua”.
De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Comunicaciones mexiquense, la autopista Naucalpan-Toluca conectará la autopista La Venta-Chamapa-Lechería y canalizará el tránsito vehicular procedente del poniente de la entidad, el Valle de Toluca y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca al área norponiente de la Zona Metropolitana del Valle de México.
La construcción de la vialidad, cuya longitud será de 39 kilómetros, implicará un gasto de 7 mil 200 millones de pesos, según la misma dependencia.
La obra abarcará los municipios de Toluca, Lerma, Huixquilucan y Naucalpan y atravesaría las áreas naturales protegidas estatales Parque Ecológico, Turístico y Recreativo “Parque Otomí-Mixteca” y Santuario del Agua y Forestal Sub Cuenca Tributaria del Río San Lorenzo, además de comunidades otomíes de la zona de la montaña, entre ellas San Francisco Xochicuautla, San Lorenzo Huitzizilapan, Santa María Tlalmilolpan, Jajalpa, Santa María Atarasquillo, San Nicolás Peralta y Santa Cruz Ayotuxco.
EL DECRETO PRESIDENCIAL
El pasado 9 de julio el Presidente Enrique Peña Nieto firmó un decreto para expropiar casi 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla para la construcción de la autopista privada, pese a la oposición de la comunidad.
Los pobladores consideran que la obra violaría sus derechos como pueblo indígena, pues no se les consultó la obra. La construcción de labora fue concesionada en abril de 2007 y desde entonces la comunidad ha mantenido una resistencia contra el proyecto, buscando su cancelación definitiva.
Sin embargo, Peña Nieto emitió el decreto argumentando la “utilidad pública” de la obra, debido a que la autopista conectará la Ciudad de México con Toluca, la capital mexiquense.
De acuerdo con el decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, desde el 26 de septiembre de 2014 el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México había solicitado a la Secretaría de Desarrollo Agrario , Territorial y Urbano, y ésta se otorgó al considerarse que la construcción de la autopista “resulta un factor determinante para el desarrollo económico y social para el Estado de México”.
El caso llegó al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que a principios de junio negó un amparo a la comunidad al no reconocerle su estatuto de pueblo originario.
GRUPO HIGA OCULTA DATOS
Por un amparo promovido por Autopistas de Vanguardia, filial de Grupo Higa, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) no hará públicos los documentos del crédito (las llamadas letras chiquitas) que otorgó en 2012 a la empresa constructora por 2 mil 775 millones de pesos para la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca.
La jueza federal Laura Gutiérrez de Velasco suspendió por tiempo indefinido la publicación de la información y busca que se declare ilegal la resolución que el pasado 7 de septiembre, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) emitió y que obligaba a Banobras a desclasificar dicha información en máximo 10 días hábiles.
Dichos documentos le fueron negados a un solicitante bajo el argumento de que la información estaba clasificada como reservada por “secreto bancario”, y de que no existían los datos relacionados con el banco que otorgó el crédito.
Posterior a que se hiciera pública la decisión del Inai, el Comisionado Joel Salas explicó en entrevista con SinEmbargo, que tras el recurso de revisión del solicitante, la resolución fue encaminada bajo la noción de que al tratarse de recursos públicos, el argumento de secreto bancario no fue válido, e incluso descartó la aprobación de un periodo de prórroga en caso de que la entidad lo solicitara, ya que la única información que puede y debe reservar es la del nombre de la persona que formó parte del Comité Ejecutivo de Crédito de Banobras.
