Sometido a un examen por 47  Estados pares de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el gobierno mexicano resultó reprobado ante la comunidad internacional por la evidente crisis generalizada de derechos humanos que atraviesa la sociedad y que se expresa a través de diversas crisis particulares como son las desapariciones, la violencia contra mujeres, el riesgo contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y la población migrante.

Este examen al Estado mexicano ocurrió el pasado 24 de enero en Ginebra, Suiza, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El EPU sea lleva a cabo cada cuatro años y su particularidad es que la revisión de los derechos humanos se lleva a cabo por observaciones y recomendaciones que presentan los Estados pares a México, en este caso 47 naciones, quienes expresaron preocupaciones, además por las desapariciones, ataques a defensores y migrantes, por la práctica de la tortura, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas,  y los derechos de la niñez.

Para realizar el EPU de cada país, se examinan tres documentos: 1) informe nacional proporcionada por el Estado examinado; 2) información contenida en los informes de expertos y grupos independientes de derechos humanos, conocidos como Procedimientos especiales, órganos de tratados de derechos humanos y otras entidades de la ONU; y 3) la información proporcionada por otros interesados, por ejemplo organizaciones de la sociedad civil del país examinado o globales.

Los EPU comenzaron a llevarse a cabo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde 2008. Antes del celebrado el pasado 24 de enero, México ha sido sometido a tres revisiones: en febrero de 2009, octubre de 2013 y noviembre de 2018.

En el examen de este año, la delegación mexicana fue encabezada por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Joel Hernández García, y otros funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Misión de México en Ginebra y del Poder Legislativo, pero las organizaciones no gubernamentales destacaron y criticaron que no fueron convocado representantes del Poder Judicial mexicano, presuntamente por las diferencias entre este poder y el Ejecutivo que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su mensaje inicial, en Ginebra, la delegación mexicana resaltaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha priorizado la defensa de los derechos humanos especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad, “bajo el principio por el bien de todos, primero los pobres” y subrayaron avances en disminución de la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, a través de la consolidación de los programas sociales.

No obstante el gobierno mexicano aceptó desafíos en el tema de desaparecidos, la violencia contra mujeres, el riesgo contra defensoras de derechos humanos y periodistas, y las personas migrantes.

Las reseñas periodísticas del examen del pasado 24 de enero, destacan que las delegaciones de los países participantes expresaron especial preocupación por la desaparición forzada de personas en México, la revisión del registro nacional de desaparecidos mediante el llamado “censo” presentado recientemente por el gobierno federal, y además mostraron su preocupación por la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, por lo que recomendaron al gobierno mexicano establecer un plazo para que estas tareas regresen a fuerzas civiles. Concretamente el Reino Unido le recomendó a México desmilitarizar la Guardia Nacional.

José Antonio Guevara, abogado especialista en derechos humanos y director adjunto del Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, señaló que en el EPU a México el pasado 24 de enero hubo dos principales rubros de preocupación de la comunidad internacional de lo que ocurre en nuestro país: la impunidad en la comisión de delitos de derechos humanos y especialmente la impunidad  y la falta de investigación en los delitos por desapariciones forzadas y cometida por particulares.

En entrevista para Radio Universidad de Guadalajara, José Antonio Guevara señaló que los gobiernos que evaluaron a México también se refirieron a la impunidad que prevalece por los delitos de tortura que sigue siendo una práctica generalizada en el país. Human Rights Watch  presentó un informe en el que  se reportaron más de 15 mil denuncias de tortura presentadas ante las fiscalías del país, únicamente en loque va en la actual administración del presidente López Obrador.

Otro problema de impunidad que se expuso en el EPU a México, añadió José Antonio Guevara, fueron la comisión de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad. El gobierno de Alemania en particular le recomendó a México abrirse a la cooperación internacional para hacer frente a la impunidad.

Otra segunda categoría de preocupaciones expresadas por los gobiernos en el EPU a México, señaló José Antonio Guevara, fue la crítica a las políticas públicas para enfrentar la crisis por desapariciones y de identificación forense. Y en materia de búsquedas, se criticó el desmantelamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda. Una recomendación más fue el cuestionamiento a atención a víctimas.

Como puede concluirse de esta reseña, los gobiernos del mundo que participaron en el EPU están bien informados de la amplia y grave crisis de derechos humanos que ocurre en México.

En el marco de estos exámenes universales, más de 300 organizaciones sociales y civiles de México, conformaron el Colectivo EPUMx que además de dar seguimiento a este examen entre pares, elaboraron su propia revisión de la crisis en derechos humanos que atraviesa el país. Como parte del informe general, presentan informes 17 informes temáticos, entre ellos el de la militarización del país, así como los riesgos que enfrenta la protesta social. Los informes se pueden consultar en este sitio: https://centroprodh.org.mx/colectivo-epu-mx-2024/.

En un pronunciamiento dado a conocer el mismo 24 de enero, el Colectivo EPUMx llamó “al Estado mexicano a analizar y aceptar las recomendaciones dirigidas a mejorar la situación de derechos humanos en el país” y así enfrentar la grave crisis que atraviesa México y a incluir a actores de la sociedad civil en esta revisión.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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