Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- El plazo para que el Poder Legislativo elabore y reforme leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión arrancó el día de ayer. El Congreso tendrá 180 días para modificar el marco jurídico, a partir de la publicación de la Reforma constitucional en Telecom en el Diario Oficial de la Federación.

En el inicio de la etapa de “hilado fino”, diputados y senadores no descartaron la posibilidad de enfrentar presiones por parte de los actuales agentes económicos preponderantes, quienes buscarían mantener intactos sus intereses en las leyes secundarias, derivadas de la Reforma en Telecom.

“Es necesario que desde el Congreso se planteé una ruta con el Ejecutivo Federal para la formulación de los textos respectivos, pues el riesgo de las presiones para anular los cambios constitucionales a través de la ley secundaria puede presentarse”, advirtió Miguel Barbosa Huerta, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado.

En los próximos seis meses, el Legislativo deberá reformar 16 ordenamientos y expedir al menos cuatro leyes reglamentarias: Ley del Instituto Federal de Telecomunicaciones; de la Comisión Federal de Competencia Económica; sobre Uso, Aprovechamiento y Explotación del Espectro Radioeléctrico; y de Prestación de Servicios de Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Establecer en las leyes secundarias lo relativo a los tipos penales especiales que castiguen prácticas monopólicas; homologar el régimen de permisos y concesiones; definir el derecho de réplica y los principios para que exista competencia en radiodifusión y telecomunicaciones.

De igual forma, tendrán un plazo de 180 días para unificar las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, como se establece en el artículo cuarto transitorio.

El vicecoordinador de los diputados perredistas, Miguel Alonso Raya, coincidió con Barbosa en que no será fácil para el Congreso mantener el espíritu original de la Reforma y evitar la concentración en el mercado de prácticas monopólicas.

“Va a haber presiones como en todo. (…) Van a sentirse presiones porque se requiere que las cosas se hagan en determinada dirección. Por lo menos en dos, en la de radiodifusión y en la de telecomunicaciones. Indiscutiblemente que habrá dificultades, pero habrá que trabajar”, afirmó el Diputado Alonso Raya.

Los legisladores concordaron en que el nombramiento de los comisionados de los nuevos órganos autónomos será el primer paso para materializar la Reforma constitucional.

De acuerdo el artículo sexto transitorio, el Comité de Evaluación tendrá un plazo de 60 días naturales, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, para enviar al Presidente Peña Nieto las listas de aspirantes a comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Entonces, el Presidente contará con un plazo de 10 días naturales para remitir sus propuestas al Senado de la República, que a su vez contará con igual número de días para resolver sobre la elección de los consejeros propuestos.

A pesar del respaldo inflexible del Partido Acción Nacional (PAN) para dar continuidad a los actuales comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, estos no tienen asegurado su futuro en el nuevo órgano regulador.

“Los actuales comisionados podrán competir, pero no tienen asegurado el cargo. Lamentamos que al final los diputados del PRI y PRD no nos hayan acompañado en la propuesta de dar continuidad a los comisionados de la Cofetel”, aseveró el Diputado panista Juan Pablo Adame.

Ante este complejo panorama, la presidenta de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía del Senado, Alejandra Barrales Magdaleno, anunció que promoverá que ambas cámaras de Congreso trabajen en conferencia, es decir, que los legisladores involucrados en la creación de las leyes reglamentarias estén en permanente comunicación para la construcción de los acuerdos.

“Seré promotora del trabajo legislativo en conferencia y de la apertura de un espacio conjunto de consulta pública para las diferentes opiniones de especialistas, académicos, organizaciones empresariales, sociales y gremiales, con el objetivo de que diputados y senadores vayan normando un mismo criterio”, afirmó la senadora perredista.

La apertura de mesas de trabajo y foros para escuchar a especialistas y representantes de la sociedad civil, fue bien visto por Acción Nacional como una oportunidad de reducir la tentación de generar acuerdos “en lo oscurito”, como ocurrió en un primer momento con la reforma constitucional en Telecom.

“Que sea el Congreso el que se pueda abrir para todos los interesados y lo que tengan algo de abonar en el tema, que nosotros tengamos un espacio donde puedan ser escuchados y donde también podamos conocer su punto de vista respecto a las leyes que se necesitan cambiar”, aseveró el panista Juan Pablo Adame.

SOCIEDAD CIVIL ADVIERTE QUE VIGILARÁ A LA TELEBANCADA

Al entrar en esta etapa para aterrizar los nuevos conceptos constitucionales, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) pidió a los legisladores tener una visión más allá de “consumidores y usuarios “, en la construcción de las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones.

Su presidenta, Aleida Calleja, precisó que esta etapa es uno de los temas más importantes desde la transición democrática en el país. Por lo que exigió a diputados y senadores a legislar pensando, sí en abrir la competencia, pero también en defender derechos ciudadanos.

“Tendríamos que exigirles una actitud muy abierta y muy clara de exigencia frente a los poderes fácticos, y frente a los regulados, es obvio que los regulados van a intentar que no se afecte tanto a sus intereses”, sostuvo la licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana.

Aleida Calleja advirtió que la ciudadanía estará atenta al desarrollo de las leyes secundarias en las comisiones legislativas, principalmente en las de Comunicaciones y Radio y Televisión. “Habrá que tener una vigilancia muy cercana al desempeño que van a tener los legisladores, es decir, vamos a estar vigilando”.

Por lo pronto, destacó algunos puntos que los legisladores deberían tomar en cuenta a la hora de entrar a los detalles finos de la nueva legislación, como especificar la definición de servicio público de interés general en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

“No basta con mencionar los derechos de las audiencias, sino específicamente a qué derecho nos estamos refiriendo y cómo van a ser ejercitados. Y que no sean solamente derechos enunciativos, sino que claramente establezcan obligaciones para las empresas de radiodifusión”, indicó.

Para la especialista en comunicación, merecería especial atención establecer en el Reglamento sanciones que sean lo suficientemente fuertes para inhibir conductas indebidas de los agentes económicos dominantes.

“Si las sanciones no son lo suficientemente enérgicas como para inhibir las conductas indebidas de los regulados, pues simplemente las van a seguir haciendo, que es lo que nos ha sucedido en los últimos tiempos, que es más conveniente para los entes regulados violar la ley –porque no les produce grandes sanciones-, que cumplirla”, sostuvo.

Finalmente, en el nombramiento de los comisionados de los nuevos órganos autónomos, Aleida Calleja indicó la necesidad de que el proceso sea transparente y equitativo, a fin de evitar impugnaciones. Al mismo tiempo, pidió que los comisionados sean personas con conocimiento técnico, pero también con independencia reconocida de los agentes regulados.

“La verdad es que muchos de los (actuales) comisionados no mostraron mucha independencia, ni de los entes regulados ni del gobierno en turno. De hecho con el bochornoso episodio del apagón analógico en Tijuana, fue francamente lamentable las declaraciones de algunos comisionados, que dijeron que su jefe inmediato era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, claudicando totalmente a esa independencia que la Suprema Corte les dio”, sostuvo.

Por lo pronto, Aleida Calleja adelantó que la sociedad civil se está organizando para presentar al Congreso una iniciativa de ley convergente en la materia. Muchas de sus propuestas serán también presentadas en los foros temáticos que abrirán las cámaras legislativas para escuchar las opiniones de diversos sectores sociales.