Las miles de llamadas realizadas de diferentes números telefónicos locales, nacionales e internacionales, contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato a la presidencia de la colación “Juntos Haremos Historia”, siguen llegando a los electores, ante la atenta mirada de las autoridades electorales omisas.

Y digo que son “omisas” porque el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) no han detenido la oleada de llamadas difamatorias que están llegando a los teléfonos fijos y celulares de miles de electores.

El INE y la Fepade se pasan la pelotita, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha informado que no está dentro de sus atribuciones conocer quiénes son los titulares de las susodichas líneas telefónicas.

Ahora resulta que nadie sabe, nadie supo. Tampoco Teléfonos de México, propiedad de Carlos Slim conoce a los titulares de las líneas de esta campaña de desprestigio, ni la empresa AT&T. Ni nadie.

Y mientras unos y otros se tiran la pelotita, las miles de llamadas diarias continúan en varios estados de la República. Ni la autoridad, ni los dueños de las compañías telefónicas pueden identificar, detener y procesar este tipo de prácticas sucias.

¿Entonces quién? La indefensión electoral vuelve a presentarse a pesar de contar con unas autoridades electorales que nos salen muy caras a todos los mexicanos con un alto y desproporcionado presupuesto, con sueldos gigantescos para sus representantes y con nula efectividad ante este tipo de delitos.

Identifiquemos mientras tanto a los responsables omisos de esta andanada de llamadas. Número uno: el fiscal electoral Héctor Díaz Santana, titular de la Fepade, quien afirma sin rubor alguno, que este tipo de campañas sucias se considera un delito no grave.

¿Surrealista, verdad? El propio responsable de investigar los delitos electorales nos viene a decir que las llamadas solo son para “desalentar” el voto” y se consideran como una acción de los delitos “no graves” y que la sanción puede ser de multa o de seis meses hasta tres años de prisión.

El fiscal electoral dice que solo ha recibido tres denuncias por este tipo de llamadas, aunque los usuarios de las redes han subido miles de pantallas con los números desde donde advierten sobre los riesgos de votar por AMLO.

Asegura que ya tienen identificados 343 números telefónicos. La pregunta inmediata es: ¿y por qué no actúan? ¿por qué no detienen esta acción masiva de llamadas? ¿por qué no aplican la Ley General en Materia de Delitos Electorales?

Como en otras ocasiones, seguramente el fiscal y la Fepade actuarán cuando hayan pasado las elecciones. Entonces multará y sancionará a los responsables. Mientras tanto esta campaña ensucia las elecciones del 1 de julio.

No es el único elemento a tomar en cuenta. Hay proveedores del INE ciertamente polémicos, como por ejemplo, la contratación de la empresa Hitss Solutions, S.A. de C.V., la empresa propiedad de Carlos Slim, un empresario que se ha mostrado abiertamente contra AMLO y que ahora el INE contrata para “salvaguardar sus sistemas de información contra ataques
informáticos e intentos de hackeo”.

No es la única decisión del INE considerada polémica. El INE colocó una dirección incorrecta para recibir los votos postales de los mexicanos que viven en el extranjero. ¿Por qué será? “error involuntario”, dicen ellos. Pero aquí hay que resaltar que tan sólo en el envío y recepción del paquete de los sufragios de mexicanos en el extranjeros se destinaron 120
millones de pesos. Tanto dinero para poner una dirección incorrecta.

Sinceramente no se vale.

El INE minimiza todo: “no hay problema”, “no pasa nada”, “fue un error humano”, etcétera. Pero los casos por omisión van acumulándose, esos casos en donde el INE prefiere hacer la vista gorda y no actuar, como el de los empresarios que siguen coaccionado el voto de sus empleados. Están plenamente identificados, ellos y sus empresas, pero el INE dice que no hay quejas sobre ellos y se lava las manos.

El segundo responsable de la omisión de las autoridades electorales, el número dos se llama, Lorenzo Córdova Vianello. El consejero presidente del INE, el mismo que dice que las encuestas no importan ni guían al INE, afirma que el día de la elección parte de la premisa de lo que puede ocurrir y dice: “no quiero ser catastrofista, pero temo que va a haber dos candidatos que van a imputar diciendo que hubo irregularidades graves y demandar la nulidad de la elección”.

Si esta afirmación fue dicha por quien se supone debe ser imparcial y cuidar la limpieza de las elecciones, apaga y vámonos. Córdova Vianello se cura en salud y con su bola mágica nos advierte sobre el futuro resultado de las elecciones del 1 de julio. Mira tú por donde, qué listo nos salió el muchacho con estas especulaciones.

Las irregularidades electorales están a la vista de todos. También los omisos responsables: Días Santana y Córdova Vianello. Hay guerra sucia abundante contra el puntero en las encuestas, hay una campaña masiva de llamadas ilegales para difamar a un candidato, hay acciones de empresarios encaminadas a coaccionar el voto de sus empleados, hay compra de
información electoral: 500 pesos a cambio de una copia del IFE, hay clonación de IFEs… en fin, está película ya la hemos visto, ¿por qué no actúan?

La sombra del fraude electoral se cierne sobre el INE y la Fepade, repito: ¿por qué no actúan? Tal vez, porque si actuaran significaría señalar al partido en el poder, a su jefe, al estado que les paga su sueldo. Otra pregunta surge: ¿son funcionarios o son mercenarios?

Obvio, “si camina como pato, grazna como pato y nada como pato, entonces es pato”.

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Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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