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Ricardo Ravelo

11/12/2020 - 12:05 am

Tema explosivo

Hasta ahora no conocemos cuáles son los objetivos del Gobierno que se precia de ser transparente. ¿A qué le temen?

Los casos del General Cienfuegos y García Luna son una papa demasiado caliente. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.

Tras permanecer un mes preso en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico, lavado de dinero y protección al cártel H-2, el caso del General Salvador Cienfuegos ha llamado la atención por el silencio del Fiscal Alejandro Gertz Manero, quien ahora se apresta a enjuiciar a Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón y, por ello, solicitó que el exfuncionario sea extraditado a México.

La ausencia del Fiscal Gertz Manero genera un vacío en momentos en que la sociedad necesita información respecto del destino legal en México de ambos personajes, pues los cargos que se le imputan no son menores: en el caso de García Luna, en Estados Unidos se le acusa de blanqueo de capitales y de brindar protección al cártel de Sinaloa, grupo criminal que, según el libro El Licenciado, de Jesús Lemus, compró la Secretaría de Seguridad Pública mediante un soborno multimillonario al entonces Presidente Felipe Calderón porque, de esa forma, garantizarían la impunidad del cártel durante seis años.

Y, por lo que respecta a Salvador Cienfuegos, el expediente de la DEA es prolijo en detalles sobre la vinculación del militar con el narcotráfico. En el voluminoso expediente abundan detalles y evidencias sobre las comunicaciones que como Secretario de la Defensa Nacional entabló con Juan Francisco Patrón Sánchez, líder del cártel H-2, asesinado en febrero de 2016 durante un operativo implementado por la Marina.

De acuerdo con la DEA, el General Cienfuegos mantenía comunicación con el capo a través de su teléfono celular y en el cúmulo de mensajes brotan las evidencias de que Cienfuegos brindaba protección a las actividades criminales del capo.

Pero en medio de estos dos casos –Cienfuegos y García Luna– ahora surge la polémica iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional y limitar la presencia de agentes extranjeros en México, sobre todo, los de la DEA, quienes precisamente investigaron los nexos criminales de Cienfuegos y García Luna con el narcotráfico. Seguramente indagan otros casos sobre políticos y el narco.

Esta decisión del Presidente puede convertirse en el lado más oscuro y no menos cuestionable, más aún, cuando su Gobierno es señalado de mantener acuerdos con los grupos criminales, particularmente con el cártel de Sinaloa, desde la polémica liberación de Ovidio Guzmán, en octubre de 2019.

En aquel momento, el entonces Secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo –cuya gestión fue realmente mediocre porque en dos años no logró pacificar el país– dijo que la decisión de liberar a Ovidio fue para evitar un baño de sangre y que muriera gente inocente. Pero las concesiones al cártel de Sinaloa y a sus líderes hablan con mayor elocuencia. Aparentemente, no sólo se trató de impedir una masacre: fue el signo más claro de que con el cártel de Sinaloa habría un trato especial, tanto, que sus jefes, entre ellos el emblemático Ismael “El Mayo” Zambada, no ha sido molestado pese a que es perseguido por la DEA.

Ahora se abre un debate interesante en el Congreso, que revisará la Ley de Seguridad Nacional, para limitar la presencia de agentes policiacos extranjeros en México. Es cierto que el combate al narcotráfico le corresponde al Gobierno de México, pero siendo este flagelo un asunto internacional, se requiere de la cooperación de otros países, principalmente de Estados Unidos, el mercado de consumo más grande del mundo.

La pregunta se impone: ¿Podrá el Gobierno de México limitar el número de agentes de la DEA en México? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué no hagan investigaciones que pongan en evidencia el llamado narco-Estado? ¿Qué no investiguen sobre personajes de la vida pública y sus ligas con el narcotráfico? ¿Quiere el Gobierno de la Cuarta Transformación impedir que se ahonde en las indagaciones sobre los vínculos del poder con el crimen?

Hasta ahora no conocemos cuáles son los objetivos del Gobierno que se precia de ser transparente. ¿A qué le temen?

Los casos del General Cienfuegos y García Luna son una papa demasiado caliente. El expediente del militar, integrado por la DEA, está siendo revisado por la Fiscalía General de la República. Nada se sabe al respecto. Lo que han dicho los abogados del exsecretario de la Defensa Nacional es que no procederían los delitos porque las intervenciones telefónicas de la DEA fueron ilegales. Con esto quieren decir que no compartieron la indagación con el Gobierno de México para que, en este caso, se solicitara la autorización de un Juez para intervenir el teléfono del militar.

Bajo este argumento, los defensores de Cienfuegos deslizan la posibilidad bastante probable de que su cliente pueda ser liberado. Sin embargo, esto no quiere decir que los delitos no se hayan cometido porque, ilegales o no, las probanzas obran en el expediente citado. Lo raro es que se discuta la forma –la manera en que la DEA obtuvo las pruebas– y no los delitos. Todo parece indicar que el General Cienfuegos podría ser absuelto.

El caso García Luna es más que espinoso para la Cuarta Transformación. Ahora la FGR solicita su extradición porque le acreditaron que invirtió 27 millones de pesos en propiedades que, por mucho, rebasan el salario que devengó como funcionario público. No hay ninguna investigación por la protección al cártel de Sinaloa, tampoco por conspirar para el tráfico de drogas y mucho menos por lavado de dinero, delitos que la DEA y el Departamento de Justicia acreditaron.

¿Por qué la FGR no abre carpetas sobre los vínculos de García Luna con el cártel de Sinaloa? ¿Por qué no investiga sobre sus nexos con Arturo Beltrán Leyva, Ismael “El Mayo” Zambada y otros capos, donde era conocido como “El licenciado”? ¿Por qué?

Es claro que el delito porque el que se le persigue en México ocho años después de que lo cometió –se le acusa de enriquecimiento ilícito– es menor comparándolo con los que carga en Estados Unidos. En los últimos 20 años nadie ha sido sentenciado por enriquecimiento ilícito en México. El último caso emblemático fue el de Raúl Salinas de Gortari y fue absuelto y casi le piden perdón .

El delito de enriquecimiento ilícito, así como el de lavado de dinero, tienen la particularidad de que el Ministerio Público o Fiscalía no prueba nada. En estos casos se revierte la carga de la prueba: es el acusado el que debe probar el origen legal de su fortuna. Y tratándose de México, donde la justicia se compra y se vende, pocos pueden pensar que García Luna sería extraditado a México para liberarlo. En lo público, Gertz Manero no aparece, pero está muy presente en las gestiones legales en favor de sus presuntos cómplices.

Tijuana: El pernicioso Bonilla

En el Gobierno que encabeza Jaime Bonilla ocurren cosas sorprendentes propias de un personaje con evidente desconocimiento político. Él mismo carece del mínimo sentido humano y social, según lo demuestra este caso con la avidez que lo caracteriza, controla el Congreso y comete errores garrafales.

Lo injusto es que el rechazo del Congreso fue absoluto –el Congreso es controlado por Bonilla–: Los legisladores estatales se negaron de manera rotunda a brindarles las mejores condiciones laborales que los bomberos del estado de Baja California requieren.

Los diputados que votaron en contra, en su mayoría, son del partido Morena, cuyos integrantes de manera perversa influyen en los municipios para desalentar estas iniciativas que tienen por objeto el beneficio del cuerpo de bomberos del estado. Aquí, sin duda, hay conflicto y le puede costar caro a Bonilla, quien por cierto tiene los días contados como Gobernador. Y qué bueno que ya pronto se va

El asunto salió a relucir justamente cuando en la comparecencia del Alcalde de Tijuana –Arturo González Cruz– los legisladores de Baja California, obedientes ante el Gobernador Bonilla, rechazaron la iniciativa de la legisladora del PT, Claudia Agatón. En ese escenario arremetieron contra la propuesta de la Ley de Ingresos y Egresos para el 2021 del Ayuntamiento de Tijuana, que preside González Cruz, con quien el Gobernador Jaime Bonilla no tiene buenas relaciones, asegurando que la corporación no se verá favorecida con el paquete fiscal, dejándolos a la deriva.

En la comparecencia del pasado martes 8 de diciembre, Efrén Moreno, Miriam Cano, Gerardo López y Juan Manuel Molina, todos ellos integrantes de la Comisión de Hacienda de la XXlll Legislatura de Baja California, sostuvieron que la ley presentada por el Alcalde de Tijuana, no contempla beneficios para los bomberos, policías o recursos para la salud.

Sin embargo, el Alcalde de Tijuana –Arturo González Cruz– ha dicho que la ciudad de Tijuana es el único municipio del estado de Baja California que durante la administración que él preside incrementó el sueldo de los bomberos y policías , así como la proyección para el 2021 de mejorar las condiciones laborales del Honorable Cuerpo de Bomberos de Tijuana.

Cuando se les necesita, siempre están. Pero Jaime Bonilla parece que está alejado de la realidad. Pobre político

Todo esto forma parte de la grilla barata de Bonilla para frenar a Arturo González para ser candidato de Morena al Gobierno de Baja California.

Pero en medio de los berrinches de Bonilla, las encuestas le favorecen a Gonzáles Cruz.   

Ricardo Ravelo
Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.
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