La oligarquía de derecha está moralmente derrotada. Hay una profunda fractura y un abismo insalvable, entre los mezquinos intereses de esa minoría privilegiada y las muy superiores y legítimas aspiraciones del pueblo, en la búsqueda de la esperanza y de la justicia verdadera.

El patético hundimiento de Xóchitl Gálvez Ruiz en el reciente primer debate entre candidatos a la Presidencia de la República, dejó honda huella en la maltrecha moral de los oligarcas y sus obsequiosos voceros y aplaudidores, que derrotados y maltrechos, al igual que su candidata, prefieren olvidar ese ominoso capítulo que profundizó el derrumbe de los infiernos en los que se han incubado la ambición, la corrupción, el abuso, la discriminación y el racismo, de quienes han hecho de la hipocresía su más fervorosa religión.

Quedan dos largos meses por delante, antes de los comicios del domingo 2 de junio del 2024, suficientes para que los conservadores y nostálgicos intenten consumar las trapacerías que fortalezcan sus afanes de detener el triunfo de la expresión mayoritaria del pueblo, claramente orientada a consolidar con su voto seis años más del gobierno de le Cuarta Transformación, que encabezaría Claudia Sheinbaum Pardo.

Harán todo lo que sea necesario, por la vía legal o por los tortuosos caminos de la conjura, apoyados en sus leyes y en sus instituciones facciosas, moldeadas a capricho de sus intereses en casi cuatro décadas de gobiernos neoliberales. Apelarán a la tortuosa legalidad de los corruptos que pretenden imponer la supremacía de las normas que, aunque ilegítimas y contrarias al interés mayoritario del pueblo, pretenden imponer como legales.

Circunstancia en la que aflora nuevamente la vieja discusión entre lo legal y lo legítimo. O dicho de otra manera, sobre el espíritu de legitimidad que debe ser el aliento de toda ley orientada a servir al pueblo.

Valdría la pena, para adentrarnos en este dilema, consultar  la página 921, del Tomo 6, del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, en donde se advierte: “Legal.- Prescrito por la ley y conforme a ella. Perteneciente o relativo a la ley o al derecho. Verídico, puntual, fiel y recto en el cumplimiento de las funciones de su cargo. Leal o formal en su comportamiento”. Sin embargo, como puede observarse, el término “legal” no es equiparado en momento alguno con el concepto de “legítimo”. Por el contrario, cuando exploramos el significado de “legítimo”, si bien se advierte que es “conforme a las leyes”, también se le define como “lícito, justo, cierto, genuino y verdadero en cualquier línea”.

Por eso a los defensores del andamiaje jurídico depredador construido por la derecha, les repudia que alguien pueda referirse a “sus leyes” y a “sus instituciones”, las que edificaron durante casi cuatro décadas de dominación neoliberal. Lo legítimo transita hacia los ámbitos superiores de la justicia, de lo verdadero, de lo que tiene sustento ético. Lo legal, sólo se ajusta a la letra de la norma, aunque la norma sea injusta, como podría documentarse también en las páginas 656 y 657 del Tomo Primero, del Diccionario de Ciencia Política del jurista Andrés Serra Rojas, publicado por el Fondo de Cultura Económica, Primera Reimpresión, en 2001.

Se explica en el referido diccionario de ciencia política que la legalidad está vinculada al legalismo, “posición de quienes se aferran a la legalidad en menoscabo de la legitimidad, en la aplicación de las normas al caso concreto”. Y advierte: “Legítimo es concepto que comprende lo legal, pero va más allá en algunos casos, cuando la misma ley no es legítima”.

En la página 124 de su libro Deontología Jurídica, Editorial Oxford, Edición 2004, Víctor Manuel Pérez Valera, advierte: “El derecho positivo vigente y eficaz debería ser justo, pues (…) unas normas jurídicas pueden poseer legalidad, pero si son injustas carecen de legitimación, podrían imponerse a los ciudadanos, pero difícilmente suscitarían el consenso”.

Mientras que el notable jurista italiano Norberto Bobbio  admite que “sólo la apelación a valores últimos que trasciendan todas las leyes positivas, impuestas o justificadas por quienquiera que sea, salva, en última y desesperada instancia, la libertad de la conciencia…”. Esto lo dice Bobbio en la página 9 de su obra “El Problema del Positivismo Jurídico”, publicado por Editorial Eudeba, en Buenos Aires, en 1965. Lo que muchas veces se considera legal, no es obligadamente legítimo.

En el fondo de la disputa por la Nación, que se definirá en los comicios del domingo 2 de junio del 2024, subyace una pregunta medular: ¿Qué es lo bueno, lo justo, para todos? ¿Cuál es la sociedad en la que queremos vivir? ¿Una sociedad de privilegios para unos cuantos o una sociedad de iguales, para todos?

La oligarquía de derecha lapida al gobierno de Andrés Manuel López Obrador tildándolo de “comunista”, en referencia al supuesto de que pretendería imponer, desde el proyecto de la Cuarta Transformación, un régimen que suprima la propiedad privada y conculque las libertades de las personas.

Ideas muy lejanas a las que básicamente se expresaron el “Manifiesto Comunista”, publicado en febrero de 1848, redactado por Carlos Marx y Federico Engels.

Este documento exponía, entre otras, las siguientes ideas: “La moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de clase. Únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas [..] La burguesía suprime cada vez más el fraccionamiento de los medios de producción, de la propiedad y de la población. Ha aglutinado la población, centralizado los medios de producción y concentrado la propiedad en manos de unos pocos. La consecuencia obligada de ello ha sido la centralización política”.

Y advertía, algo que la historia ha reiterado en diferentes tiempos y procesos: “Todas las clases que en el pasado lograron hacerse dominantes, trataron de consolidar la situación adquirida sometiendo a toda la sociedad a las condiciones de su modo de apropiación […] Todos los movimientos han sido hasta ahora realizados por minorías o en provecho de minorías”.

Durante su homilía matutina del viernes 20 de febrero del 2015, el Papa Francisco dijo en Roma que quien va a misa todos los domingos, comulga, da limosnas o incluso envía un cheque para ayudar a la Iglesia, pero luego paga mal a sus empleados, sin depositar la contribución para que tengan acceso a sanidad y jubilación, está “usando a Dios para cubrir la injusticia, y eso es un pecado gravísimo” (El País, viernes 20 de febrero del 2015).

Otro Papa, León XIII, había expresado el 15 de mayo de 1891 preocupaciones similares, en la encíclica Rerum Novarum (de las cosas nuevas): “Entre los primordiales deberes de los patronos se destaca el de dar a cada uno lo que sea justo […] Cierto es que para establecer la medida del salario con justicia hay que considerar muchas razones; pero, generalmente, tengan presente los ricos y los patronos que oprimir para su lucro a los necesitados y a los desvalidos y buscar su ganancia en la pobreza ajena no lo permiten ni las leyes divinas ni las humanas”.

Sobre la propiedad y la riqueza, hablan los puntos 23 y 24 de la encíclica Populorum Progressio, del Papa Pablo VI, dada a conocer por la Iglesia Católica el 26 de marzo de 1967.

Dice el punto 23: “La propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario”. En otras palabras: “el derecho de propiedad no debe jamás ejercitarse con detrimento de la utilidad común, según la doctrina tradicional de los Padres de la Iglesia y de los grandes teólogos”. Si se llegase al conflicto “entre los derechos privados adquiridos y las exigencias comunitarias primordiales”, toca a los poderes públicos procurar una solución con la activa participación de las personas y de los grupos sociales.

Agrega el punto 24 de la encíclica Populorum Progressio: “No se podría admitir que ciudadanos provistos de rentas abundantes, provenientes de los recursos y de la actividad nacional, las transfiriesen en parte considerable al extranjero por puro provecho personal, sin preocuparse del daño evidente que con ello infligirían a la propia patria”.

Sin argumentos para oponerse al cambio en favor de la mayoría del pueblo, la oligarquía de derecha y su candidata están moralmente derrotados.

Pedro Mellado Rodríguez

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Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.

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