Por Denisse Hernández, especial para SinEmbargo 

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo/ZonaFranca).– Existe un incremento en los casos de muertes violentas de mujeres en Guanajuato, particularmente en el municipio de León, asegura el informe del Grupo de Trabajo que investigó la violencia feminicida en el estado. Con lo cual se da la razón a la advertencia de la organización no gubernamental Las Libres.

En los resultados del estudio, que podrían derivar en la emisión de una Alerta de Violencia de Género (AVG) para Guanajuato, se asegura que en algunos de estos casos se presentaron condiciones de crueldad e inhumanidad como la decapitación o la incineración de las víctimas, elementos que podrían constituir la violencia feminicida, la cual es definida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Es así que el Grupo de Trabajo, integrado por académicos y servidores públicos, concluyó que en el estado de Guanajuato se vive un contexto de violencia de género contra las mujeres.

Del documento se desprenden 13 recomendaciones, las cuales la Secretaría de Gobernación (Segob) entregó al gobernador del estado, el panista Miguel Márquez Márquez, el pasado jueves 10 de julio. De no acatarlas correctamente en un plazo de seis meses, se decretaría la AVG para la entidad.

Las Libres, asociación civil que encabeza Verónica Cruz Sánchez, solicitó la Alerta de Género para la entidad e informó al Grupo de Trabajo que los casos de feminicidio registrados en la entidad se triplicaron de abril de 2013 a marzo de 2014, con lo que se alcanzó la cifra de 85 muertes por razones de género en 23 municipios de Guanajuato.

Destaca el caso de León, en donde se registraron 22 casos y nueve en Irapuato.

Las Libres agregó que en el 67 por ciento de los casos, los agresores están prófugos o se desconoce su paradero, con lo que se ha creado un contexto de impunidad.

El gobierno estatal desestimó las aseveraciones de la organización y aseguró que ésta cometió un error al registrar como feminicidio todo homicidio cometido contra mujeres, cuando no todos estos casos corresponden a la violencia feminicida.

Agregó que, de acuerdo con el tipo penal, únicamente 20 de los 85 casos señalados por Las Libres encaja con la tipificación del feminicidio.

Asimismo mencionó que su reacción ha sido “contundente en la investigación y sanción de los casos”, pues los 15 feminicidios que reconocen de 2013 y cuatro de los cinco casos que admiten de 2014 han sido esclarecidos.

Hay además 52 homicidios dolosos que no son reconocidos como feminicidios. Se asegura que tres casos refieren a la muerte de hombres: uno no especifica datos de identificación, cinco no conllevan intervención de terceros; tres casos no corresponden al período citado y un caso se duplica. Lo que da un total de 85 casos.

En sus conclusiones, el Grupo de Trabajo pidió al gobierno de Guanajuato no excusarse en su legislación local para evadir la investigación de todos los asesinatos violentos contra mujeres a partir de la hipótesis primaria del feminicidio.

Además, exige que la violencia feminicida no únicamente abarque la dimensión del feminicidio, sino también la violencia contra las mujeres y la crueldad de los métodos que se utilizan en su contra.

La ONG también menciona que en algunos de los casos se ha generado impunidad por parte de la autoridad estatal.

Se solicita entonces a la administración que encabeza Miguel Márquez investigar todos los casos en los que se registren violaciones a los derechos humanos de las mujeres desde la aceptación de un deber, no como el cumplimiento con una formalidad destinada a no rendir frutos.

Además se le exige poner todos los medios que se encuentren a su alcance para que el acceso a la justicia de las mujeres sea pronto y eficaz.

Otro de los puntos mencionados en este sentido es el de capacitar a los servidores públicos encargados de procurar justicia e instaurar procedimientos de responsabilidad administrativa para los funcionarios que revictimicen a las mujeres.

13 RECOMENDACIONES

1. No basta con buenas intenciones

El Grupo de Trabajo asegura que las autoridades están dispuestas a realizar su trabajo a favor de las mujeres, pero no todas cuentan con perspectiva de género adecuada. Por ello, proponen que se capacite de manera permanente en materia de derechos humanos y perspectiva de género a los servidores públicos encargados de impartir justicia.

2. Fortalecer al Imug

El Grupo detectó que existen recursos para atender a las mujeres, sin embargo su aplicación debe hacerse más eficiente. Se propone fortalecer al Instituto de la Mujer Guanajuatense.

3. No hay información

Se determinó que no existe un registro respecto a los casos de violencia contra las mujeres. Se propone elaborar un diagnóstico estatal sobre este fenómeno.

4. Sistema de información no es confiable

De acuerdo con el Grupo de Trabajo, el sistema de información del estado no es confiable. Propone rediseñar el banco estatal de datos sobre casos de violencia contra las mujeres para generar políticas públicas a partir de diagnósticos y estadísticas periódicas.

5. Inconsistencias

Existen inconsistencias y contradicciones entre las fuentes que informan respecto a la violencia feminicida. Se propone establecer una instancia de seguimiento de la violencia feminicida; éste se conformaría por autoridades estatales, organizaciones civiles, las víctimas o sus familiares.
Además, se pide que las víctimas tengan acceso total a la información relativa a sus casos.

6. Protocolos sin perspectiva de género

Los protocolos para investigar la violencia contra las mujeres son recientes, pero no han sido publicados de manera oficial. Además no cuentan con una adecuada perspectiva de género conforme a los estándares internacionales. Se propone adecuar los protocolos y publicarlos en el Periódico Oficial.

7. Policías sin protocolos

La investigación concluyó que los elementos de los distintos cuerpos de policía en el estado no cuentan con manuales de actuación con perspectiva de género; por lo que se propone integrarlos.

8. Reparaciones de los daños

Las reparaciones de los daños cometidos contra las víctimas no son garantizados conforme a las normas nacionales e internacionales. Se propone adecuar las normas para que la reparación del daño sea integral para las víctimas.

9. Atención sin especializar

La atención dada en los Centros Multidisciplinarios para la Atención Integral de la Violencia (Cemaiv) no son especializados. Se propone fortalecer los servicios que dan a las mujeres y establecer coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado.

10. ¿Y los hombres?

De acuerdo con el Grupo, no existe un programa que atienda y reeduque a los hombres que actúan violentamente contra las mujeres. Propone atender a hombres que generan violencia.

11.Campañas incompletas

Las campañas realizadas contra la violencia de género requieren mayor difusión y permanencia, perspectiva de género y promoción de los derechos humanos de las mujeres. Se propone generar campañas permanentes que permitan la transformación de la cultura de violencia y el que las mujeres se asuman como sujetas de derechos.

12. Más que discurso

El Grupo reconoce el pronunciamiento del Gobierno estatal respecto a la “cero tolerancia” a la violencia contra las mujeres; pero advierte la necesidad de reforzar las medidas que reflejen dicho discurso en la realidad. Propone asumir la responsabilidad frente a la violencia contra las mujeres desde los ámbitos estatal y municipal.

13. Cambios normativos

Se señala la necesidad de reformar el Código Penal estatal para que la violencia contra las mujeres se sancione de acuerdo con su gravedad. Con ello se evitaría la impunidad. Se enumeran, entre otras, propuestas:

i) Cambiar la denominación de violencia intrafamiliar a violencia familiar.

ii) Cambiar la denominación de abusos eróticos sexuales al de abuso sexual.

iii) Revisar y adecuar las penalidades para los delitos sexuales y violencia familiar.

iv) Revisar si los delitos relacionados con la violencia sexual y familiar deben perseguirse de oficio.

v) Revisar tipificación del estupro.

vi) Establecer la reparación del daño en feminicidio y otros delitos contra las mujeres desde una perspectiva de género.