La pobreza en México no sólo se mide por los ingresos, sino también por el acceso de las personas a distintos servicios básicos. Con base en los números dados a conocer por el Coneval, los grandes retos para los siguientes años será el garantizar el acceso a los servicios básicos de salud y a la seguridad social.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- El acceso a los servicios de salud y a la seguridad social se mantienen como los principales retos en cuanto a la garantía de derechos básicos para los mexicanos, de acuerdo con los datos dados a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Los indicadores muestran que el acceso a la seguridad social no ha logrado reducir sus niveles desde 2016 y se mantiene por encima del 50 por ciento de la población. En los últimos seis años, la reducción fue de cuatro puntos porcentuales.

Es decir, actualmente son 64.7 millones de personas las que no tienen garantizada la seguridad social.

El otro indicador que resaltó fue el de acceso a los servicios de salud. Los números muestran que, de 2020 a 2022, la cantidad de personas que reportaron contar con ese derecho pasó de 28.2 por ciento a 39.1 por ciento; en 2015, la cifra era de 15.5 por ciento.

Por lo tanto, de 2020 a 2022, sería un aumento de 35.7 a 50.4 millones de personas.

“Esto no implica que necesariamente se haya reducido en los hechos el acceso a los servicios de salud sino que es también un poco el resultado desafortunado de una transición fallida de un sistema que era el Seguro Popular, muy conocido, que había tardado muchos años en desarrollarse y que bien o mal había logrado transmitir a la población la confianza de que tenía acceso a ciertos servicios acotados de salud, pero que  a la transición al Insabi que se trató de hacer aceleradamente, con poca información hacia la población mucha gente piensa que no tiene acceso aunque lo siga teniendo”, expuso en ese sentido a SinEmbargo Al Aire, Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México (Banxico).

Esquivel enfatizó por ello sobre la necesidad de credencializar a la población e informarle sobre su derecho a acceder a servicios de salud públicos.

El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que “en el caso de salud hay una disminución”, pero que “tiene que ver con la pregunta que se hizo, y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial del Seguro Popular (que no era seguro ni era popular), entonces como ya no están esas credenciales, la gente cuando le preguntaron dijo ‘No, ya no tenemos seguro’, porque ahora es atención médica gratuita, ya no se necesita ningún tipo de seguro, pero va a ir entendiéndose poco a poco eso”.

El rezago educativo también muestra un estancamiento, ya que para 2016 se ubicaba en 18.6; en 2018 aumentó a 19 por ciento y para 2022 tuvo un ligero incremento a 19.4 por ciento.

En términos generales, para 2022 e 65.7 por ciento de los mexicanos, más de la mitad de la población, tiene al menos una carencia social y son niveles que se mantienen desde 2016.

En cuanto a la población con tres carencias o más, el porcentaje es de 24.9 por ciento, cifra ha aumentado con el paso de los años.

LAS INTERPRETACIONES DEL DATO

A pesar de la disminución en la pobreza a nivel nacional y en todos los estados de la República con respecto al 2018, el aumento de 22.9 por ciento en la carencia de servicios de salud fue notorio.

El coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo, indicó que esta disminución en el acceso a servicios de salud estuvo relacionado estrechamente a la extinción del Seguro Popular, a favor del Insabi –que igualmente cesó operaciones este año–, ya que aquellas personas con un empleo informal perdieron una cobertura médica por parte del Gobierno federal.

“Hay una reducción que está ahí, en ese sector, clarísimamente. Había 52 millones en el Seguro Popular y quedan 17 millones que dicen estar afiliadas o al Insabi o estar en IMSS-Bienestar”, apuntó. “Este sector [informal] sólo podía atenderse antes en el Seguro Popular y ahora en el IMSS-Bienestar, y éste es el que está en la carencia, son los 30.3 millones de personas que se quedaron sin una protección o afiliación”, explicó.

Agregó que el Gobierno federal debería garantizar que las personas puedan tener acceso a servicios populares de salud en términos de inversión en consultorios, personal médico, camas, medicamentos, entre otros insumos.

“No ha habido presupuesto en salud, en todos los servicios de salud, pero sobre todo los que atienden a la población sin seguro social, no ha aumentado. Entonces, ¿cómo vamos a cubrir a la población, que cada vez es más la población, que no tiene servicios, si no mejoramos la capacidad de atención de los servicios públicos?”, señaló.

Igualmente, en los servicios educativos 1.6 millones de personas perdieron acceso lo cual sumó al rezago educativo en un 0.4 por ciento con respecto al 2018, a lo cual Gómez Hermosillo lo atribuyó principalmente a que las y los alumnos que desertaron durante la pandemia de COVID-19 no han podido regresar a las aulas.

“[Hay] jóvenes y adolescentes que ya no se inscribieron al siguiente ciclo escolar después de la pandemia y eso es un poco lo que se refleja acá en la carencia por el rezago educativo, que se incrementa, lo cual es gravísimo porque se no se hizo nada para rescatar o recuperar a estos adolescentes que no han regresado a la secundaria o a los bachilleratos”, añadió.

Por esta razón, sugirió que el Gobierno federal debería de hacer un acompañamiento a las y los jóvenes para brindar condiciones de regreso desde becas y tutoría hasta una atención psicológica y actualización académica pronta.

El economista Gerardo Esquivel, comentó al respecto que el siguiente reto, luego de la disminución general de pobreza, será garantizar la cobertura a los derechos de salud pero explicó que el dato no implica, necesariamente, una reducción sino el resultado de la “transición fallida del Seguro Popular” al Insabi que se dio de manera “muy acelerada”.

“Mucha gente piensa ahora que no tiene acceso aunque lo siga teniendo y eso es lo importante. Los hospitales siguen estando ahí y las clínicas, pero si la gente no tiene una credencial tiene efectos como que no acuda cuando se sientan enfermos”, comentó.

Desde su perspectiva deberá ser algo que deba atenderse y corregirse, quizás con el inicio de una credencialización que brinde certeza a la gente de que tiene disponibles los servicios de salud del Estado.

En su conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó lo reportado por Coneval a la pregunta que se hizo y también al asunto de la credencial del Seguro Popular.

“Tenían apuntados a todos con credencial, con el llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular. Entonces, como ya no están esas credenciales, la gente, cuando les preguntaron, dijeron: ‘No, pues no tenemos Seguro’, porque ya ahora es atención médica gratuita y ya no se necesita ningún tipo de seguro, pero ahí va a ir poco a poco entendiéndose”, dijo.