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Jorge Javier Romero Vadillo

12/10/2023 - 12:02 am

La lógica de los pactos institucionales (2)

La creación del PRI también implicó un pacto con los empresarios para fomentar el crecimiento económico a través del mercado interno. Esto representó un nuevo acuerdo, ya que los empresarios habían sido excluidos del pacto de 1938 y ahora se volvían parte fundamental del sistema.

Logos de PAN, PRI y PRD.
“Las reformas estructurales tras el Pacto por México marcaron el final de la coalición de poder del siglo XX. La victoria contundente de Andrés Manuel López Obrador cerró la etapa de transición a la democracia y dio paso a una nueva alianza entre políticos renuentes a la imposición de un orden legal impersonal y empresarios que añoran el proteccionismo y el rentismo”. Foto: Dassaev Téllez Adame, Cuartoscuro

El acuerdo político de 1946, que dio origen al PRI, consolidó nuevas reglas, especialmente en lo electoral, para asegurar el control del Estado por parte de la coalición de poder. Hubo también exclusiones, sobre todo a la izquierda, como el caso de Vicente Lombardo Toledano y su grupo, quienes perdieron el control de la Confederación de Trabajadores de México, que se convirtió en un instrumento del régimen para controlar las demandas sindicales.

La creación del PRI también implicó un pacto con los empresarios para fomentar el crecimiento económico a través del mercado interno. Esto representó un nuevo acuerdo, ya que los empresarios habían sido excluidos del pacto de 1938 y ahora se volvían parte fundamental del sistema. Se les garantizó protección contra la competencia extranjera y también contra las demandas laborales, ya que sólo se permitieron sindicatos afiliados al partido corporativo. El pacto incluyó la garantía de no recurrir a la capacidad expropiatoria establecida en el artículo 27 constitucional. Sin libertad sindical, los trabajadores se quedaron sin instrumentos para reclamar mejores condiciones laborales y salarios más altos. Buena parte del crecimiento se financió con estancamiento salarial y con los bajos precios de los alimentos producidos por campesinos dependientes del crédito estatal y atados al monopsonio de productos agrícolas de primera necesidad, en la medida en que sólo eran tenedores de la tierra, no propietarios con capacidad crediticia de mercado. 

Los empresarios fueron los principales beneficiarios del crecimiento impulsado por la política estatal, aunque a los políticos tampoco les fue nada mal. Unos y otros se enriquecieron de manera ingente, mientras que los trabajadores urbanos y rurales se quedaron al margen del consumo de los productos generados por la industrialización. A la sombra del Estado, se desarrolló una clase media con relativa capacidad adquisitiva: empleados públicos y privados concentrados en unas cuantas ciudades, que se convirtieron en los consumidores de los bienes producidos por una industria tremendamente dependiente de la tecnología importada y que requería de las divisas generadas por las exportaciones agrícolas y el turismo.

Pero el modelo económico llegó a su límite en la medida en la que la clase media dejó de crecer, pues los trabajadores industriales y agrícolas no tenían los ingresos para acceder al consumo de bienes industriales. Para 1970 el impulso se había agotado y resultaba urgente aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores, lo mismo que la inversión pública en infraestructura y bienestar social, pero para ello era necesaria una reforma fiscal que los empresarios, acostumbrados a las protecciones y a no pagar impuestos –sólo mordidas y tajadas de rentas a los altos funcionarios– no estuvieron dispuestos a aceptarla.

Sin reforma fiscal, el Gobierno recurrió al endeudamiento y comenzaron las crisis financieras. El boom petrolero de los tiempos del Gobierno de López Portillo (1976–1982) sólo aplazó la quiebra. La relación con los empresarios, que se había recompuesto después de los encontronazos con el Gobierno de Luis Echeverría (1970–1976) acabó por romperse después de la nacionalización de la banca, en 1982. Con esa ruptura llegó a su fin la época clásica del régimen del PRI y los siguientes años, hasta el nuevo pacto de 1996, fueron de crisis económica y política. A partir de 1983 la conflictividad electoral fue en aumento. Los empresarios descontentos aprovecharon las nuevas reglas electorales desarrolladas a partir de la reforma política de 1977, último ajuste exitoso del pacto político de 1946, y comenzaron a usar al PAN para impulsar su agenda por fuera de los canales tradicionales de la negociación corporativa. Después del cataclismo electoral de 1988, desatado por la ruptura del PRI y la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, comenzó un proceso de renegociación política. La fracción del PRI que mantuvo las siglas y el poder construyó una coalición con el PAN para sacar adelante un conjunto relevante de reformas institucionales en materia de derechos de propiedad y de gestión de la economía. El acuerdo también incluyó nuevas reglas electorales.

Sin embargo, en esa primera etapa de pacto, la facción disidente del antiguo acuerdo, agrupada en el Partido de la Revolución Democrática quedó al margen. Sólo después de una nueva crisis política y económica, se abrió una nueva ronda de negociaciones para construir un nuevo acuerdo institucional con la participación de las fuerzas más relevantes de la política de entonces. 

El pacto de 1996 tuvo la enorme relevancia de centrarse en la construcción de reglas formales aceptadas para garantizar la competencia pacífica por el poder a través de las elecciones, al tiempo que las principales fuerzas políticas aceptaban las nuevas reglas de la economía: la apertura comercial y el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, con su propio sistema de resolución de controversias. 

El desarrollo de los órganos constitucionales autónomos, como espacios de profesionalización estatal al margen de la captura política fue clave en el proceso de transformación del Estado, pero fue insuficiente para acabar con el sistema de botín que ha caracterizado a la política mexicana. La competencia electoral, sobre todo la local, se convirtió en una rebatiña por capturar parcelas de control de rentas y fracturó los mecanismos de reducción de la violencia basados en la venta de protecciones particulares y negociación personalizada de la desobediencia de la Ley. 

Además, una parte importante de la antigua clase política y también grupos relevantes del empresariado económico no aceptaron del todo las nuevas reglas del juego político y económico. La arbitrariedad política y la protección de privilegios forman parte profundamente arraigada de la trayectoria institucional de México y el pacto de 1996 apenas si logró acotarlas. 

Las reformas estructurales tras el Pacto por México marcaron el final de la coalición de poder del siglo XX. La victoria contundente de Andrés Manuel López Obrador cerró la etapa de transición a la democracia y dio paso a una nueva alianza entre políticos renuentes a la imposición de un orden legal impersonal y empresarios que añoran el proteccionismo y el rentismo. Este grupo detenta el poder actual, pero su control territorial se resquebraja, la violencia se descontrola y la economía opera con inercia, sin el dinamismo necesario para atraer inversiones y enfrentar los desafíos del cambio tecnológico. Las próximas elecciones ofrecen una oportunidad para reiniciar el proceso de construcción de un acuerdo social, siempre y cuando surjan élites con la habilidad y capacidad para pactar nuevas reglas del juego.

Jorge Javier Romero Vadillo
Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.
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