El Colectivo Seguridad sin Guerra, que agrupa a más de 300 organizaciones y ciudadanos, denunció que la Ley fue aprobada por el Congreso, con el apoyo del Gobierno Federal, “para permitir la intervención de los militares en tareas de seguridad pública, en contra de los establecido en nuestra Constitución”.
Las organizaciones recordaron que la Suprema Corte tiene en sus manos la posibilidad de declararla inconstitucional; mientras, el nuevo Congreso tendrá la responsabilidad de abrogarla.
Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzará este lunes el análisis sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, la cual, diversas organizaciones de la sociedad civil han exigido que se declare inconstitucional pues acusan que busca perpetuar “un modelo fallido de seguridad”.
Milenio informó que se prevé que el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentará una sentencia en la que propone avalar la legislación.
La Ley fue aprobada el 16 de diciembre de 2017 por el Senado de la República; sin embargo, de inmediato fue impugnada por diversas organizaciones y organismos, entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch y Amnistía Internacional son algunos grupos que desde el exterior del país han alertado que la Ley de Seguridad permitirá más violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas y ejecuciones extraoficiales.
Ante las decenas de críticas que se sumaron en torno a la aprobación de la Ley, el Presidente Enrique Peña Nieto pidió a la SCJN que se manifestará sobre el tema.
El Colectivo Seguridad sin Guerra, que agrupa a más de 300 organizaciones y ciudadanos, denunció que la Ley fue aprobada por el Congreso, con el apoyo del Gobierno Federal, “para permitir la intervención de los militares en tareas de seguridad pública, en contra de los establecido en nuestra Constitución”.
Las organizaciones recordaron que la Suprema Corte tiene en sus manos la posibilidad de declararla inconstitucional; mientras, el nuevo Congreso tendrá la responsabilidad de abrogarla.
“La Ley de Seguridad Interior viola la Constitución y diversos tratados internacionales, pone en riesgo nuestros derechos y perpetúa un modelo de seguridad fallido basado en el uso de la violencia y la militarización de la seguridad pública”, dijeron.
“La Ley de Seguridad Interior omite contrapesos y controles para supervisar el despliegue militar, trastoca el pacto federal y cambia profundamente la relación cívico militar, dotando de poderes y libertades sin precedentes al ejercito mexicano”, denunciaron.
El Colectivo llamó a los ciudadanos a seguir de cerca el análisis de la SCJN y exigir que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.
