“Ecuador vive un estado de guerra inédito tras el masivo desafío lanzado por narcotraficantes y el crimen organizado contra el Estado en todo el país”, con esta síntesis el periodista Daniel Lozano hacia la entrada de su reporte para el diario La Nación.

Luego aparecerían las imágenes y audios de violencia en la calle, las cárceles, un canal de televisión y el campus de una universidad mostraba el desafío de los cárteles más importantes de ese país sudamericano: “Los Choneros”, que lleva ese nombre porque se crea en Chone, una ciudad de la provincia de Manabí, al oeste de Ecuador y cuenta con un ejército calculado en 12 mil miembros, distinguiéndose por el control que ejerce en las rutas de narcotráfico y su conexión con el Cártel de Sinaloa (CDS); en tanto, Los Lobos, Los Tiguerones y los Chone Killers son una suerte de hidra de Lerna a la que se les reconoce también como Nueva Generación por su vínculo con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

La historia reciente se inicia con la segunda fuga de José Adolfo Macias Villamar, “Fito”, de la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, fundador y líder de “Los Choneros”, la primera fue en febrero de 2013 de la cárcel de La Roca y su recaptura ocurrió en mayo de ese mismo año. 

Daniel Noboa, el recién habilitado Presidente de Ecuador, luego de la fuga decretó el pasado lunes un toque de queda y el Estado de excepción para todo el país incluidas las prisiones lo que provocó motines y la captura de policías y custodios. Algunos de ellos fueron grabados cuando les dan un tiro en la nuca mientras llaman al Gobierno a iniciar negociaciones como la única forma de parar las acciones violentas que estas organizaciones estaban realizando dentro y fuera de las prisiones. 

Sin embargo, la respuesta inmediata, fue contundente, calificando los actos como de terrorismo y está contemplada esta figura en la legislación ecuatoriana lo que pueden significar penas entre 10 y 13 años. 

Asimismo, señaló, que su gobierno no negociaría con los personeros del crimen organizado ni renunciaría a sus tareas para garantizar la seguridad de los ecuatorianos y llamó a las fuerzas armadas a realizar operativos de rescate.  

Así mismo, para garantizarles seguridad jurídica  firmó un decreto para que “tengan todo el respaldo político y legal en el accionar en las calles y reclusorios” y, así, recuperar la gobernabilidad en este pequeño país amenazado por la capacidad de chantaje de los cárteles con ramificaciones internacionales. 

Y con esto, plantea el tema de la estrategia de combate contra estas organizaciones que como vemos en este país fueron capaces de articular una serie de acciones coordinadas para distraer la atención en la búsqueda y captura de “Fito” Macias y demostrar su capacidad para desafiar al Estado ecuatoriano. 

Ecuador, territorialmente, es aproximadamente una séptima parte de México y la decisión del presidente Noboa fue utilizar todos los recursos del Estado para evitar que los cárteles sigan imponiendo su ley y pusieran en entredicho a su gobierno que tiene detrás el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial que había puesto el énfasis de su campaña electoral ir contra los narcopolíticos. 

La experiencia ecuatoriana cobra relevancia para México porque estamos en medio del proceso electoral “más grande de la historia” y las amenazas, ataques, asesinatos políticos iniciaron prácticamente con la instalación del Consejo General de INE (véase https://votar-entre-balas.datacivica.org/) y han continuado hasta el fin de semana pasado cuando fueron asesinados tres precandidatos a alcaldes en Colima, Chiapas y Morelos. 

Este tipo de crímenes “hormiga” contra dirigentes, precandidatos, operadores políticos y hasta contra encuestadores no es una historia nueva en nuestra vida pública. En las elecciones concurrentes de 2021 Data Cívica documentó 134 casos sin considerar los candidatos que fueron conminados a renunciar a una postulación o el secuestro de operadores políticos. 

Y tampoco es apenas una historia político-electoral, son parte de un todo donde están los intentos del crimen organizado por desafiar al Estado mexicano como han sido los llamados “culiacanazos” o los “narcobloqueos” ocurridos en múltiples ocasiones en Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Tabasco… y no sólo se trata, de los grandes cárteles sino hasta los pequeños en su radio de acción como sucedió recientemente en Texcaltitlán, Estado de México. 

Afortunadamente, no han sido producto de un esfuerzo coordinado de los distintos cárteles sino, cada uno de estos eventos, tiene que ver con el cártel local y eso, le ha permitido un margen de control a las fuerzas federales, pero, siempre estará latente, la posibilidad de que dadas unas condiciones haya coordinación para elevar el nivel de desafío al Estado mexicano o de autocontrol como sucedió en los noventa cuando existía la llamada Federación de grupos criminales que se distribuían regiones y mercados a cambio de garantizar un mínimo de seguridad. 

Y es que es posible cuando los dos grandes cárteles están en la mayor parte del país y, muy especialmente, en los estados fronterizos y costeros. Esto, potencialmente, representa un serio riesgo para el país en caso de que operen como lo están haciendo los cárteles ecuatorianos. No sucede aquello, pero tenemos una cadena de crímenes que se cometen diariamente con un alto costo en vidas y patrimonios. Solamente en lo que va en este sexenio se ronda en los 173 mil homicidios dolosos, superior a los cometidos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña. 

Quizá, por esa dispersión, o por un valor entendido, a las cosas no se les dice por su nombre como si sucede con el Presidente Noboa que a estos actos los califica de terroristas y brinda a las fuerzas armadas apoyo político y legal de tal manera de que se sientan protegidos por los eventuales excesos que se cometen en lo que llama “conflicto armado” y, a propósito, Noboa advirtió a los jueces que liberen a estos “terroristas” “también se los considerará como parte o integrantes de la red de terrorismo”. 

En definitiva, queda para la reflexión la siguiente expresión de Noboa: “Ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil que cuando son terroristas y cuando vivimos un estado de conflicto de estado de guerra aplican otras leyes, aplica, también, el Derecho Internacional Humanitario, que es diferente al usual que ocurre en el Ecuador”.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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