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Ernesto Hernández Norzagaray

06/07/2024 - 12:02 am

Pablo Gómez contra el consorcio Latinus

En Palacio Nacional saben que esta denuncia no tiene futuro judicial en los menos de tres meses que resta del sexenio y, por eso, busca una sentencia pública.

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“En Palacio Nacional saben que esta denuncia no tiene futuro judicial en los menos de tres meses que resta del sexenio y, por eso, busca una sentencia pública”. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y antiguo militante de la izquierda, ha dicho que la dependencia a su cargo ha venido investigando a Latinus y que ésta presentó en mayo de 2021 una denuncia ante la FGR por “posibles delitos de corrupción” del consorcio de empresas que la constituyen, pero, ésta, no incluye a Carlos Loret ni a ningún otro periodista.

Entonces en esta lógica es una investigación más de las que cotidianamente realiza esa unidad de la Secretaria de Hacienda y se llevan a la FGR para judicializarlos en los órganos jurisdiccionales.

Por eso asombra que, habiendo no decenas, sino centenas, de empresas y personas físicas, que podrían estar en esa hipótesis esta sea escogida para presentarla estelarmente en la conferencia “mañanera” del Presidente López Obrador como muestra de que el Gobierno “hasta el último minuto lucha contra la corrupción”, y más que suceda cuando el oficialismo ha ganado ampliamente las elecciones presidenciales y legislativas.

Lo normal sería que las indagatorias y la denuncia ante la Fiscalía fueran discretas y sujetadas al debido proceso.

Pero las prisas se imponen y el asunto fue llevado a Palacio Nacional, convertido en un juzgado mediático y el resultado, hasta ahora, ya lo sabemos, no pasa de las ocho columnas durante unos días para luego desaparecer.

La decisión de AMLO de llevarlo a la conferencia “mañanera” busca no una sentencia judicial, sino moral del equipo de Latinus y, en particular, de quien ha llevado la voz cantante que es Carlos Loret de Mola y su “hermano” Víctor Trujillo, “Brozo”.

En una democracia con una auténtica separación de poderes un asunto de este calibre hubiera sido al revés y la UIF hubiera llevado su indagatoria ante la Fiscalía para que ésta evaluara si estaba debidamente sustentada y motivada para luego presentarla ante un Juez competente para determinar si procede ir o no por los directivos de los consorcios y/o en su caso por los periodistas, sin embargo, eso no sucedió, primero, se llevó al escaparate público para sancionar mediáticamente a las empresas y a quienes, dice Pablo Gómez, no están investigados pero da a conocer sus nombres completos y los montos que han recibido a cambio de servicios profesionales.

Todo mundo sabe que Latinus ha sido el mayor crítico del Gobierno de López Obrador y lo ha hecho, a través de investigaciones sobre corrupción soportadas en audios, videos, testimonios y documentación oficial, y con esos medios ha exhibido a miembros del entorno familiar y amistoso del Presidente y sus hijos.

Además, ha señalado a funcionarios públicos llegando a configurar escándalos políticos que no han sido hasta ahora litigados para llegar a la verdad jurídica y, mucho menos, para sancionar a quien, si fuera el caso, resulte responsable -incluido, por supuesto, el emisor de esa información.

Sin embargo, muestra que los escándalos políticos surgidos en medio de las contiendas electorales sí, para algo sirven, además, de exacerbar los humores públicos es provocar odios entre actores públicos que pasado el tiempo electoral se traducen en facturas para cobrar los agravios con réditos altos incluida la desaparición de la escena del perdedor.

Latinus está en la mira, más allá de los argumentos que esgrime el titular de la UIF, sin embargo, la exhibición en la conferencia “mañanera” reduce la denuncia por las razones esgrimidas y, lo grave, es que viene de una institución del Estado que en teoría debería obrar conforme a la Ley y no de humores personales por más poderosos que estos sean.

En Palacio Nacional saben que esta denuncia no tiene futuro judicial en los menos de tres meses que resta del sexenio y, por eso, busca una sentencia pública.

En el mejor de los escenarios, se buscaría sentar las bases de la relación entre el futuro Gobierno y los medios de comunicación, sólo que hay un problema “técnico”: Latinus es una organización periodística mexicoestadounidense con oficinas en ambos lados de la frontera, y si lo que se busca es callar esa voz, habrá de enfrentarse judicialmente en ambos países.

Y no creo que Claudia Sheinbaum, quien llegará a Palacio Nacional con una agenda cargada y la necesidad de sacudirse la percepción de dependencia con López Obrador que por cierto alimentó Latinus a través del seguimiento que realizó puntualmente de su campaña presidencial.

Sin embargo, a estas alturas de la democracia representativa, ¿quién del primer círculo podría estar interesado en trasmitir al mundo que Sheinbaum no respetará la libertad de expresión?, ¿qué irá por Latinus, sus periodistas y el selecto grupo de opinadores de los asuntos públicos?

Claudia Sheinbaum, en este tema probablemente buscará no seguir la línea de confrontación y polarización de estos seis años por simple cálculo político, pues es un pleito perdido. Operará, entonces, sus políticas sobre la base de concordia nacional que de alguna manera trasmite el perfil profesional del Gabinete y el distanciamiento con un personaje polarizante, como es Gerardo Fernández Noroña.

En todo caso, el escenario de la lucha política será en lo inmediato en el Consejo General del INE, donde se darán los debates para empezar con el tema del intento de sobrerrepresentación de Morena y sus aliados. Continuará en el Tribunal Electoral e, incluso, una vez resuelto este debate jurídico, en el propio Congreso de la Unión cuando se discuta y vote el espinoso tema de la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En definitiva, la denuncia que presenta el titular de la UIF difícilmente podrá lograr más allá de la descalificación mediática de Latinus para el sector más informado y obradorista de la ciudadanía. Y es que en su sector más moderado ya hay voces que hacen ver que en este asunto que apenas empieza se ha ido demasiado lejos.

Quizá, por ello, Pablo Gómez, un viejo lobo de la política, dio un paso atrás diciendo que no van por Loret de Mola, sino por los consorcios que apuntalan económicamente a Latinus.

O sea, por nada, a fines prácticos y más cuando Adela Navarro, nuestra compañera en este espacio señaló una travesía que duele para para una biografía como la de Pablo Gómez de “reprimido a opresor”.

Al tiempo.

Ernesto Hernández Norzagaray
Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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