El presidente de la República pierde la memoria a conveniencia. Hace unos días, a propósito del clima de inseguridad y violencia que se vive en casi todos los estados de la República, una vez más mencionó el contexto de violencia durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, para justificar su propia incapacidad para, como está en su responsabilidad y facultades, combatir eficazmente a la delincuencia organizada y proveer seguridad a los mexicanos.

Con una voz a ritmo pausado y acompañado de la teatralidad que le caracteriza, dijo y mostró, que mientras se desarrollaba aquel sexenio, nadie decía nada. Se quedaban callados. Silenciados, justifica. Nada más alejado de la realidad de entonces y ahora. De hecho fue en la presidencia de Felipe Calderón cuando se convocó a la primera y más grande marcha por la paz. La ciudadanía, tanto en el entonces Distrito Federal como en muchos de los estados, se vistieron de blanco, cargaron con letreros y cartulinas y se manifestaron ante un gobierno que estaba siendo permisivo de la criminalidad organizada, el narcotráfico y la delincuencia, que afectaban a muchos sectores. Las ejecuciones iban escalando, las amenazas, los secuestros a la clase empresarial, comercial, las extorsiones, las desapariciones forzadas, el cobro de piso y el crecimiento de los cárteles de la droga eran, como lo son ahora de nueva cuenta, una realidad lacerante.

Felipe Calderón, al igual que ahora Andrés Manuel López Obrador, echó mano del Ejército Mexicano para combatir a los cárteles, atrapar a los asesinos y asediar a los criminales. La diferencia de aquel entonces y ahora, es que el actual mandatario nacional le concedió total y absoluta facultad al Ejército a través de la Guardia Nacional y la acción propia, para patrullar las calles del País. Se quedó corto. No es con rondines como se combate la inseguridad y la violencia, tampoco con balazos, menos con abrazos. Se requiere de inteligencia, de ciencia, del ejercicio del Estado de Derecho, de lograr la justicia, de detener, procesar y sentenciar a quienes delinquen.

El país está atravesando por una severa crisis de inseguridad. Lo mismo con los transportistas que son extorsionados, como los transportes de carga que sufren asaltos y robos; los comerciantes que son extorsionados, loas agricultores a quienes les cobran piso por sembrar, por cosechar, por vender su mercancía, los empresarios y dueños y dueñas de pequeños negocios que están amenazados con el secuestro, los estudiantes a quienes no se les garantiza su seguridad, los manifestantes que no tienen condiciones para expresarse, los periodistas que son señalados, vilipendiados, desaparecidos, asesinados, los profesionales que son molestados en su práctica por quienes desde la inseguridad pretenden una ganancia de los negocios lícitos. No hay sector que se salve. Los candidatos están siendo presionados para renunciar a sus nominaciones, están siendo asesinados, secuestrados, desaparecidos, presionados.

Para el presidente López Obrador, sin embargo, referir todo este clima de inseguridad y violencia que se vive todos los días en el País, es “magnificar” los hechos que ciertamente él pretende minimizar. Cualquier evidencia de la violencia es para el presidente no un tema del que ocuparse, sino una campaña de sus adversarios. Increíblemente eso refiere al ser exhibido un video de un sicario le asesta cachetadas a un chofer de transporte público en Guerrero, al tiempo que otro sicario con una tabla golpea fuertemente las posaderas de otro transportistas. Detrás de la terrible, indignante y desagradable imagen está el cobro de piso. Los transportistas deben reportar a las células de los cárteles de “su zona”, los ingresos que obtienen, para darle un porcentaje al criminal que les “permite” trabajar, de no hacerlo, serán golpeados, exhibidos públicamente, y en caso extremo, serán asesinados.

La escena, desafortunadamente no es privativa de Guerrero, en muchos otros estados de la República se registra todos los días, efectivamente desde el sexenio de Calderón, pero también en el de Enrique Peña Nieto, y en el actual que encabeza López Obrador, ninguno ha tenido ni el compromiso, ni la capacidad, ni la inteligencia, para detener a los extorsionadores, encarcelarlos y proteger a la ciudadanía.

A los agricultores de Michoacán, los que han levantado de la voz, les cobran un porcentaje por cada tonelada vendida de cosecha. A los del Estado de México, igual, como a los de Sinaloa, donde el gobernador Rubén Rocha, reconoció hace unos días la extorsión en ciertas zonas de la región, particularmente a los productores de papa. No, no es magnificar lo que está sucediendo, es evidenciar los delitos de los cuales son víctimas muchos mexicanos.

Pero el presidente López Obrador no lo quiere ver, no lo quiere reconoce, intenta ocultarlo y le explota en las manos. Ayer mismo, normalistas de Ayotzinapa, victimizado una vez más al asesinarles al compañero número 44, protestaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, luego que el mismo presidente informara en su conferencia matutina, que el funcionario señalado como quien accionó su arma y asesino al normalista, se había fugado cuando era trasladado para enfrentar a la justicia. La incapacidad del gobierno federal no tiene límites, como tampoco la narrativa presidencial que intenta minimizar la inseguridad, la corrupción, la impunidad que tienen empoderados a los criminales que atentan contra la sociedad.

“A los delincuentes sí los protegen”, consignaron a gritos los comerciantes de la Ciudad de México que se manifestaron y fueron reprimidos por la fuerza pública del Estado. Y sí, a los delincuentes les mandan abrazos con carpetazos que dan a las investigaciones que terminan fallidas, sea por corrupción, por complicidad, por incapacidad e ignorancia, por omisión.

La Fiscalía General de la República no tiene una estrategia integral, concreta, para el combate a los cárteles que agrupan a los extorsionadores, a los secuestradores, a quienes cobran piso y torturan y humillan ciudadanos. Alejandro Gertz Manero, el fiscal del presidente López Obrador, es más notorio por sus ausencias que por sus acciones. Gertz, que se percibía inteligente, comprometido, ha sumido a la FGR en una institución que promueve la impunidad. Ninguno de los casos de alto impacto en que se ha solicitado su intervención, ha sido solucionado. Los capos de los cárteles gozan de cabal impunidad y libertad, al no ser perseguidos por autoridad mexicana alguna. Aquellos que son “molestados” es porque tienen una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos, y a veces ni esos son objetivo de la FGR.

La secretaría de seguridad federal quedó reducida a una instancia que acumula y produce la estadística de la violencia y la inseguridad, para manipularla.

Más de 180 mil ejecutados en lo que va del sexenio, son prueba clara de cómo la inseguridad y la violencia se han apoderado del País aunque el presidente se niegue a reconocerlo o acuse un ataque de sus adversarios, la realidad, es que no ha emprendido ninguna acción de inteligencia, investigación, ciencia y ejercicio del Estado de Derecho, para combatir a los criminales, a los cárteles y a las células delincuenciales que tienen ahorcada a la sociedad en los distintos sectores que la integran.

Los abrazos del presidente generan balazos, inseguridad y violencia. Y ahí están de terrible evidencia, los estudiantes, los choferes del transporte público, los transportistas de mercancía, los comerciantes, los agricultores, los periodistas, la sociedad que está siendo testigo de una violencia imparable, como con Calderón, ciertamente, pero también en el sexenio de López Obrador.

Adela Navarro Bello

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