La persistencia de los abusos policíacos en México –evidenciada con los resientes casos ocurridos en varios estados– muestra que no hay voluntad, ni una intensión real, por parte de ningún gobierno y de ningún partido, en combatir en serio las causas de la impunidad, lo cual, sería la razón por la que estas prácticas siguen ocurriendo, explicó el doctor Daniel Vázquez Valencia, experto en seguridad y estudioso de impunidad y corrupción.

Ciudad de México, 13 junio  (SinEmbargo) – Los casos de Alexander Gómez en Oaxaca; Carlos Navarro en Veracruz; Giovanni López en Jalisco y Jair López en Tijuana, Baja California, muertos a manos de policías, así como las denuncias de abuso policial en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Oaxaca evidencian que las graves violaciones a derechos humanos, como tortura, desaparición forzada y ejecución extraoficial, persisten como prácticas sistemáticas y generalizadas en México, de acuerdo con especialistas.

Desde Tijuana hasta Oaxaca los abusos policíacos han cobrado relevancia y se han visibilizado a raíz de lo ocurrido en Estados Unidos, con el asesinato del George Floyd; sin embargo, en México el exceso y la brutalidad policíaca ha sido una práctica que se repite desde hace varios años.

El más reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre tortura y malos tratos establece que en el país “existen condiciones institucionales y estructurales de “larga raigambre histórica” que han potencializado la tortura.

“Desde la década de 1990, las instancias jurídicas en México no han reconocido la existencia de la tortura generalizada y sistemática. Ningún juez ha juzgado en México un caso de tortura”, expone.

El diagnóstico resalta que desde el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) hasta ahora aumentaron los casos de tortura, malos tratos, abusos policiales y no hay sanciones ejemplares para quienes cometen actos de tortura.

“A pesar de las reformas penales, las fuerzas policiales y militares actúan con base en su propio marco paralegal”, detalla el documento.

Para Daniel Vázquez Valencia, doctor en Ciencias Sociales e investigador de la Universidad Autónoma de México (UNAM), estas prácticas persisten frente a diversas causas de impunidad, porque a la clase política –desde Gobierno federal, gobiernos estatales y partidos políticos– no les interesa combatir la impunidad. Para la clase política la impunidad es una forma de crear estabilidad política, expuso.

“En materia investigación, sanción y combate a la impunidad lo que tenemos es continuidad, nada ha cambiado”, insistió el especialista cuyos temas de investigación incluyen la teoría jurídica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; los estudios sobre democracia, derechos humanos y mercado, y la relación entre corrupción, impunidad y derechos humanos.

LOS HOMICIDIOS

Giovanni López, un joven de 30 años, de oficio albañil  fue muerto a manos de policías municipales el pasado 5 de mayo, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco. Los elementos lo habrían atacado presuntamente por “no traer puesto el cubrebocas”. El sesinato fue el que inició una ola de indignación por el uso de la fuerza pública por parte del Estado.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) concluyó que hay elementos para acreditar que a Giovanni López Ramírez fue ejecutado de manera extrajudicial.

Un Juez de control vinculó a proceso por los delitos de tortura y homicidio a la mujer y los dos hombres policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, detenidos como parte de la investigación por el asesinato de Giovanni López.

Carlos Navarro Landa, un serigráfista de 33 años fue detenido el pasado 2 de mayo por elementos policiacos en el fraccionamiento de Los Cántaros y fue ingresado al cuartel San José. El joven fue entregado muerto a su familia luego de haber sido arrestado en Xalapa. Su caso se viralizó luego de la muerte de Giovanni.

La familia fue notificada hasta 12 horas después; les dijeron que Carlos habría sufrido un infarto. Al recibir el cuerpo notaron que prestaba golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mostró su preocupación por el uso de la fuerza cometido por autoridades encargadas de la seguridad ciudadana en Veracruz, esto luego de dar a conocer que ya sigue la queja iniciada por la comisión estatal por el homicidio.

La familia fue notificada hasta 12 horas después; les dijeron que Carlos habría sufrido un infarto.  Foto: @CNDH, Twitter

Alexander Gómez Martínez, 16 años, un jovencito futbolista de tercera división, fue asesinado el pasado martes 9 de junio por un policía cuando el joven viajaba en su motocicleta junto con algunos amigos en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca.

El ataque contra el menor se realizó con una escopeta y fue directo y frontal, dijo el Fiscal del estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, de acuerdo con la agencia The Associated Press.

El funcionario indicó que también investigan ese señalamiento para determinar si el agente u otros posibles involucrados pudieron alterar la escena del crimen.

Jair López, quien perdió la vida cuando una pareja de policías municipales lo sometieron en una gasolinera ubicada sobre el libramiento Salvador Rosas Magallón en Tijuana, el pasado 28 de marzo.

A raíz del asesinato de George Floyd a manos de agentes de policías estadounidenses el pasado 25 de mayo en Minneapolis, Minnesota, algunos tijuanenses retomaron el caso de Jair y volvieron a circular en redes sociales el video donde se observa cómo hace más de dos meses, policías locales sometieron con violencia a López quien falleció, y la causa de muerte dictaminada, fue “desnucamiento por estrangulamiento”.

El pasado 3 de junio, el Fiscal General de Baja California, Hiram Sánchez Zamora, cuestionado por los medios de comunicación dijo que el Ministerio Público ya concluyó la investigación, pero no quiso hacer públicos los resultados “pero seguramente en los próximos días así será, ya el Ministerio Público tomó determinaciones en ese sentido”, reportó el periodo Zeta.

BRUTALIDAD POLICiACA

MELANI, CDMX

El pasado viernes 5 de junio, al menos dos policías de la Ciudad de México patearon en el rostro a una jovencita manifestante que ya se encontraba rendida en el suelo. La agresión ocurrió durante las protestas que se realizaron por los asesinatos de Giovanni López Ramírez y George Floyd.

Durante una transmisión en vivo de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta quedó captado cómo los uniformados se ensañaron con la persona que se encontraba tirada en el piso, misma que fue identificada como Melani. Dos policías vinculados a proceso por las agresiones a la joven, lo que provocó que otros policías se manfiestaron este 12 de junio.

MANIFESTACIONES EN JALISCO

Detenciones arbitrarias, desaparición por horas de algunos manifestantes y amenazas cometidos durante los fuertes operativos realizados en Guadalajara, Jalisco, tras las protestas por la muerte del joven Giovanni López, según diversas denuncias.

El 4 de mayo, durante la primera manifestación para exigir justicia para Giovanni, 28 jóvenes fueron detenidos. Además, activistas denunciaron la desaparición de algunos manifestantes, mismos que después fueron abandonados en distintos puntos lejanos y peligrosos.

El 6 de junio se realizó una segunda jornada de manifestaciones en las que al menos ocho personas fueron detenidas, de acuerdo con la agencia EFE.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos y otras organizaciones documentaron que en las avenidas cercanas decenas de policías vestidos de civil arrestaron a jóvenes en la calle, los golpearon y los subieron a camionetas para luego abandonarlos en la periferia de la ciudad.

Policías de Guadalajara detuvieron a manifestantes. Foto: Fernando Carranza, Cuartoscuro.

ALEXIA Y JHOANY, EDOMEX

El pasado 10 de junio, trascendió en redes sociales que dos mujeres fueron detenidas arbitrariamente, fueron golpeadas y después despojadas de sus pertenencias por policías municipales en calles de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Un video difundido en redes mostraba cómo agentes de la policía municipal ejercieron abuso de autoridad y detuvieron a la fuerza a los mujeres, identificadas como Alexia “N” y Jhoany “N”. Las imágenes se hicieron virales luego que el Diputado Pedro Carrizales, alías “El Mijis”, las compartió y comenzó a dar seguimiento a los hechos, que ocurrieron el pasado 7 de junio alrededor de las 3:00 horas.

Posteriormente, el legislador comentó que las víctimas lo habían contactado y le narraron que estaban escondidas, ya que recibieron amenazas de muerte por parte de los policías.

BENJAMIN, TIJUANA

Benjamín Castro PeredO es un joven quien denunció que policías municipales de Tijuana, Baja California, lo detuvieron arbitrariamente, golpearon y torturaron la tarde del pasado sábado 6 de junio.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) informó que a raíz del caso de Benjamín Castro Pereda se abrió el expediente 2319/2020 para la investigación estos hechos.

El pasado 10 de junio, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)  calificó de  “preocupante” la información que han recibido sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por policías en entidades como Baja California, Jalisco, San Luis Potosí, la Ciudad de México y Quintana Roo durante protestas recientes. El organismo llamó a que los actos violentos sean investigados por autoridades y se garantice el debido proceso y el acceso a la justicia.

El organismo internacional de derechos humanos recordó que el uso de la fuerza de los policías deben ser sujetas a una investigación “pronta, independiente, diligente e imparcial y determinar las responsabilidades, incluyendo superiores jerárquicos”.

CAUSAS DE IMPUNIDAD

Daniel Vázquez Valencia, quien ha estudiado los temas de impunidad y violaciones a derechos humanos, explicó que el asesinato de George Floyd, en Estados Unidos, hizo que en parte se visibilizara el excesivo uso de la fuerza policiaca en México.

“Es cierto que en México se han venido dando diversos excesos por parte de la fuerza pública, pero esta coyuntura fue propicia para que esto se evidenciara más y también tendría que ver con un proceso de politización y conflicto propio de donde se encuentra en este momento la democracia mexicana”, dijo el especialista.

El uso excesivo de la fuerza policíaca, la detención arbitraria y otras graves violaciones a derechos humanos –tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales– son prácticas que están arraigadas en el país, que se mantienen vigentes a la impunidad, reiteró Vázquez Valencia.

Para el investigador de la UNAM son diversas las causas de la impunidad y se deberían de analizar en cada caso.

Una de ellas, explicó, podría ser que estos cuerpos policiacos pertenezcan o sean parte de redes de macrocriminalidad, es decir están cooptadas, involucradas o infiltradas con grandes organizaciones criminales. Esto es lo que permitiría que no sólo hagan uso excesivo de la fuerza sino abiertas violaciones graves a derechos humanos, esto es no sólo detenciones arbitrarias, sino tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

“Por ejemplo, en el caso de Alexander en Oaxaca, todo pareciera que va para allá, porque pareciera que había un retén que no tenía por qué estar ahí, porque tampoco termina de quedar claro para qué querían detener a los chicos que venían en las motos después de comprar un refresco […] Y esta causa, me parece, sería la más grave”, dijo.

Otra explicación es que puede ser un problema de cultura organizacional de la corrupción, es decir grupos policiacos que, si bien no pertenecen a un cartel o una red de macro criminalidad, lo cierto es que se aprovechan de su placa para obtener tasas de ganancia.

“Y lo hacen deteniendo a la gente, extorsionándola, a veces sembrándole droga, etcétera. Un caso llamativo, por ejemplo, es el Alexia “N” y Jhoany “, las chicas que detuvieron en Nezahualcóyotl. Ahí no es que el cuerpo policiaco esté capturado por un gran cártel, sino que la policía es si misma es una pandilla de ladrones”, explicó.

La normalización es otra causa distinta de impunidad, abundó el especialista, y el caso de Jalisco sería un ejemplo.

“Tenemos el caso de Jalisco donde hay una manifestación y para los policías es perfectamente normal que cuando la enfrentan lo hacen como lo hicieron el fin de semana pasado: detienen a la gente al azar, la golpean, la torturan, la  desaparecen por horas y luego la sueltan, y se trata de normalización porque esto es lo que han hecho en varias ocasiones”, dijo.

Policías detienen a un joven, afuera del Palacio de Gobierno de Jalisco. Foto: Francisco Guasco, EFE.

Daniel Vázquez recordó que, antes de la pandemia, en las manifestaciones de estudiantes contra el Gobernador Enrique Alfaro por el aumento de los precios al transporte, los policías actuaron de la misma forma.

“Entonces, lo que tenemos con mucha claridad es que ellos normalizan estas prácticas, y en consecuencia no hay una investigación, no se van a investigar entre ellos con algo que para ellos es su trabajo”, expuso.

El especialista insistió en la necesidad de analizar las causas, sin embargo destacó que estas agresiones policiacas o actos fuera de la Ley no son actos aislados.

“Lo vemos con el auge que ha tomado el tema en estos días, podemos encontrar lo mismo en Jalisco, Estado de México, Oaxaca o en cualquier otra entidad porque esa es la forma en la que actúan las policías que están en las 32 entidades, planteó.

SIN INTERÉS EN COMBATIR LA IMPUNIDAD

El investigador de la UNAM destacó que se requiere un buen diagnóstico en todos los cuerpos policíacos del país, incluidas las fiscalías, y las fuerzas armadas.

El segundo paso, dijo, es que también es necesario que este tema le interese a la clase política. “Pero a la clase política no le interesa combatir la impunidad, ni tener una fuerte política de la construcción del estado de derecho”, insistió.

A la clase política, que abarca desde Gobierno federal y todos los gobiernos estatales de todos los partidos políticos, no les interesa porque para la clase política la impunidad es una forma de crear estabilidad política, consideró.

“Si yo como Gobernador o Presidente logro controlar a mi Fiscalía, y al mismo tiempo logro controlar a quien investiga a mi Fiscalía y a mi Gobierno, y de alguna manera mando aviso a la oposición que si yo doy la orden los investigan a ellos o si doy la orden no los investigan ni los sancionan, estoy exhibiendo una regla vieja del viejo régimen priista. Nosotros pensamos que esa regla se iba a romper cuando llegara la democracia, pero lamentablemente no fue así”, dijo.

El problema es que tenemos un uso político de la justicia para crear esta idea de estabilidad política, reiteró el experto.

“El principal problema no es solo que a la clase política no le interesa construir un estado de derecho, sino que le interesa mantener el control sobre los órganos de verdad y justicia para usarlos de forma política, para politizar la justicia”, expuso.

–Con información de EFE, AP y Zeta