Para declarar inconstitucional la Ley se requieren los votos de ocho de los once ministros. Hasta la sesión de este martes, ninguno de los ministros había apoyado el proyecto del Ministro Jorge Pardo Rebolledo, que busca reconocer la facultad del Congreso para expedir la Ley.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- Seis de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han pronunciado por invalidar la Ley de Seguridad Interior, y en contra del proyecto del Ministro Jorge Pardo Rebolledo que busca reconocer la facultad del Congreso para expedir la legislación.

Para declarar inconstitucional la Ley se requieren los votos de ocho de los once ministros. La sesión continuará el próximo jueves.

El Ministro Arturo Zaldívar consideró que la legislación es un fraude a la Constitución. Detalló que la Ley dice regular la seguridad interior, pero en realidad está normando la seguridad pública.

Dijo también que esto es un llamado a las fuerzas policíacas para que se comiencen a hacer cargo de la seguridad pública del país.

En tanto, el Ministro José Ramón Cossío dijo que la Constitución sólo permite al Ejecutivo disponer de las Fuerzas Armadas en casos de declaración formal de guerra.

El Ministro Eduardo Medina Mora, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), alertó que de no declararse inconstitucional, “podría perpetuarse el instintivo perverso, de que las autoridades civiles, es decir, no militares, se desentiendan del mandato constitucional y ético de cumplir con la obligación más básica, de dar certidumbre a los ciudadanos”.

Otros de los ministros que se pronunciaron en contra del proyecto de Jorge Pardo son Norma Lucía Piña, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek.

La Ministra Norma Piña indicó que hay vicios de procedimiento legislativo que invalidan la Ley de Seguridad. Indicó que la mayoría de legisladores no pudo estudiar el dictamen debido a que lo entregaron minutos antes de la sesión del 30 de noviembre del año pasado.

La Ley fue aprobada el 16 de diciembre de 2017 por el Senado de la República; sin embargo, de inmediato fue impugnada por diversas organizaciones y organismos, entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El Colectivo Seguridad sin Guerra, que agrupa a más de 300 organizaciones y ciudadanos, denunció que la Ley fue aprobada por el Congreso, con el apoyo del Gobierno Federal, “para permitir la intervención de los militares en tareas de seguridad pública, en contra de los establecido en nuestra Constitución”.

Las organizaciones recordaron que la Suprema Corte tiene en sus manos la posibilidad de declararla inconstitucional; mientras, el nuevo Congreso tendrá la responsabilidad de abrogarla.

“La Ley de Seguridad Interior viola la Constitución y diversos tratados internacionales, pone en riesgo nuestros derechos y perpetúa un modelo de seguridad fallido basado en el uso de la violencia y la militarización de la seguridad pública”, dijeron.