El proyecto de una fábrica de cianuro en Gómez Palacio, Durango, arropado por el Gobernador panista José Rosas –incluso con represión a la oposición– y por la Semarnat de Enrique Peña Nieto, ha sido expulsado por comunidades afectadas tras tres años de lucha jurídica y social, como en 2017 lo hicieron en Guanajuato. Ahora, un fallo jurídico ordena a la Semarnat revaluar la Manifestación de Impacto Ambiental si la empresa química estadounidense Chemours Company vuelve a presentarla.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).– ¡Fuera Chemours!, rezaba una gran lona con signos de alarma durante una rueda de prensa esta semana realizada en Durango. “¡Fuera!”, gritaron los integrantes de comunidades y colectivos que mantienen dos campamentos afuera de la fábrica de cianuro de sodio en El Siete, en Gómez Palacio, municipio árido donde pasa el río Nazas. En 2017 este proyecto de la estadounidense Chemours Company también había sido desterrado con protestas masivas de los municipios Salamanca y San Luis de la Paz, Guanajuato, por atentar contra la salud y medio ambiente de la región.

Julio Martínez Carrera, oriundo de Dinamita, Durango, una de las veinte comunidades afectadas, dijo estar en contra del proyecto por la inminente contaminación de agua con cianuro de sodio, uno de los venenos más potentes del mundo. “Mucha gente de las ciudades están ignorantes de este peligro que se nos avecina. Así que por ningún motivo vamos a aceptar esa planta aquí en La Laguna”, dijo. Aún sin terminar la obra inaugurada en junio de 2017 por el Gobernador José Rosas Aispurio, ya estaba consumiendo 11 mil 800 metros cúbicos de agua, elemento vital que acaba de entrar al mercado de valores de Estados Unidos por su escasez mundial.

Luego de más de tres años de un litigio impulsado por habitantes de las comunidades afectadas, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dictó sentencia en la que declaró, por unanimidad de votos de los 11 magistrados, la nulidad de la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) del Proyecto Chemours Laguna. La decisión fue porque la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentó diversas irregularidades que incumplen con lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico al presentar información “inconsistente, omisa y falsa”, informó la Red Mexicana de Afectadxs por la Minería (REMA), el Frente de Pueblos Unidos de La Laguna y Acción Colectiva Socioambiental.

Uno de los dos campamentos de comunidades afectadas afuera de la obra de la fábrica de cianuro de Chemours Company en Durango. Se ubicaron porque se retiró la suspensión definitiva de la SCJN. Foto: Frente de Pueblos Unidos de La Laguna.

Aún incompleta, en su página 314 la MIA autorizada en mayo de 2017 por la Semarnat del Gobierno de Enrique Peña Nieto reconoció un riesgo ambiental por el evento catastrófico proveniente del manejo de gas natural, amoniaco y cianuro de sodio, un riesgo de emisiones de gases tóxicos como óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono, y potencial de contaminación del suelo por derrame de agua contaminada con sustancias químicas.

La lucha social y jurídica de las comunidades afectadas de alrededor de 3 mil habitantes, entre ellas Dinamita, El Siete, Abisinia, La Aurora y Ahedo, seguirá en espera de la respuesta de la empresa y la revaluación de la Semarnat del Gobierno actual si presenta otra Manifestación de Impacto Ambiental. El proyecto arropado por el Gobierno estatal y municipal plantea la instalación y operación de una planta en Gómez Palacio dedicada a la producción de 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año para abastecer a la industria minera mexicana, lo que podría afectar los ecosistemas, poner en riesgo a las poblaciones vecinas al municipio duranguense y a la comarca Lagunera, advirtieron las organizaciones.

Pobladores de Gómez Palacio protestan contra el proyecto de la compañía estadounidense. Foto: Frente de Pueblos Unidos de La Laguna.

“El cianuro de sodio es uno de los venenos más potentes del mundo y genera daños irreversibles a la salud y al medio ambiente. La empresa ahorita no tiene ningún permiso para operar. Ninguno. Ni cambio de uso de suelo ni construcción ni impacto ambiental. No tiene nada”, dijo el abogado Gustavo Lozano, miembro de la REMA y de Acción Colectiva en León que también apoyó en la expulsión del proyecto en Guanajuato. “No es bienvenida en Guanajuato ni en Durango. Esperamos que la evaluación de la Semarnat sea minuciosa para garantizar a los ciudadanos el derecho humano al medio ambiente sano”.

El integrante del Frente de Pueblos Unidos de la Laguna, Remigio Soto, gritó “¡Que viva el Frente!”. Los presentes respondieron “¡Viva!”. Y, agregó, “no dejaremos que este proyecto de muerte se instale en ninguna parte del territorio nacional. Ahorita, las cosas ya no se arreglan a billetazos. Vamos por la vía legal”.

APROBACIÓN DEL GOBERNADOR DESDE 2017

Desde 1960 la empresa Chemours Company tiene una planta en Altamira, Tamaulipas, donde se registraron fugas. Ahí produce dióxido de titanio (TiO₂), un material utilizado en la fabricación de pinturas, papel, plásticos y pisos laminados. También produce a nivel mundial fluoroproductos y soluciones químicas. Dice tener un firme compromiso con la seguridad, el bienestar de las personas y la protección del medioambiente, y operar con total transparencia. Pero los colectivos han documentado 45 multas multimillonarias en Estados Unidos por daños a la salud y accidentes laborales.

En mayo de 2017, luego de protestas masivas, su proyecto de cianuro se fue de Salamanca y San Luis de la Paz, Guanajuato. Pero desde el 2 de marzo de 2017, esta industria estadounidense presentó ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), la solicitud de autorización para la realización de obras y actividades del proyecto en La Laguna.

Poniendo la primera piedra. Foto: Twitter.

El Gobernador panista de Durango José Rosas Aspurio y la entonces Alcaldesa priista de Gómez Palacio Leticia Herrera autorizaron y colocaron la primera piedra de “esta fábrica de muerte”, sin tomar en cuenta los daños a la salud y al medio ambiente por las sustancias tóxicas que produciría, así como al personal laboral, recordó Remigio Soto Díaz, uno de los fundadores del Frente de Pueblos Unidos de la Laguna. El panista celebró la inversión de 3 mil millones de pesos, creación de mil 300 empleos y negó impactos socioambientales.

Ante la primera luz verde pese a la MIA irregular e incompleta, el 22 de agosto de 2017 un grupo de ciudadanos acudió ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a demandar la nulidad de la autorización ambiental, al “violar el derecho humano a un ambiente sano consagrado en la Constitución y en diversos tratados internacionales”.

En marzo de 2018, habitantes de 22 comunidades afectadas protestaron contra la fábrica en el Ejido La Aurora, pero fueron agredidos por autoridades municipales y granaderos, hubo más de 40 heridos y hasta este año fueron liberados los pobladores procesados que se manifestaron, a quienes se les pidió una disculpa.

A partir de la represión, la asociación Pro Defensa del Ciudadano presentó un amparo ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN), y obtuvo una suspensión definitiva de junio 2018 a junio 2020. Al retirar la suspensión, los habitantes instalaron dos plantones afuera de la fábrica para”mantener la suspensión” simbólicamente.

Aún en pandemia siguen exigiendo su derecho a un ambiente sano. Foto: Frente de Pueblos Unidos de La Laguna

Este año el pleno de la Sala Superior del TFJA consideró procedente declarar la nulidad para que la Semarnat de Luis María Albores solicite a Chemours Company las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones necesarias para conocer el impacto ambiental de la producción de cianuro de sodio al norte del país. Y, así, evaluar si concede o no su autorización.

“Esta resolución nos devuelve a marzo de 2017, y coloca al Frente Unido de Pueblos de la Laguna en una mejor posición para combatir desde el inicio el proyecto Chemours Laguna; vigilar que se dé con todas las de la ley”, planteó el abogado miembro de REMA, Gustavo Lozano. “Ahora no nos va a sorprender, como ocurrió en 2017 con la colocación de la primera piedra. Esperaremos qué hará la empresa: presentar información a Semarnat para que revalúe el proyecto o desistirse y volver a presentarlo más adelante”.