La omisión del funcionario permitió que indebidamente se solicitara una ampliación de recursos por más de 158 mdp presuentamente para otorgar subsidios adicionales y atender de manera inmediata a los beneficiarios del Programa de Vivienda Rural que maneja el Fonhapo; no obstante, dicha ampliación fue ilegal y se omitió acreditar su uso y destino.
Ciudad de México, 13 diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó la sanción de inhabilitación por 10 años y multa de 158 millones 662 mil pesos impuesta a un exservidor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) al incurrir en irregularidades administrativas, lo cual ocasionó un daño patrimonial por esa cantidad durante el sexenio anterior bajo las órdenes de la entonces titular Rosario Robles Berlanga e involucrado en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
“A partir de los trabajos del Órgano Interno de Control (OIC) en la Sedatu para defender la legalidad de la resolución, la sanción fue confirmada cuando un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa emitió una ejecutoria y sobreseyó el juicio de amparo que la persona exservidora pública había interpuesto. Previamente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) también resolvió confirmar la inhabilitación y la multa, al resolver la demanda de nulidad solicitada”, detalló la SFP en un comunicado.
Se confirma sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública a persona ex servidora pública de la #Sedatu
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— SFP México 🇲🇽 (@SFP_mx) December 13, 2021
Además, expuso que la Sedatu inició la investigación como resultado de una observación del órgano auditor superior; sin embargo, durante las indagatorias se hallaron diversas irregularidades, por las cuales determinó imponer la sanción en 2018, tras acreditar que el exservidor omitió en 2015 cumplir con sus responsabilidades como encargada de la entonces Dirección General de Programación y Presupuestación de esa dependencia, al no dar de baja su usuario en un sistema de adecuaciones presupuestales, originando el uso indebido del mismo.
La omisión del funcionario permitió que indebidamente se solicitara una ampliación de recursos por más de 158 millones de pesos (mdp) presuentamente para otorgar subsidios adicionales y atender de manera inmediata a los beneficiarios del Programa de Vivienda Rural que maneja el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo); no obstante, dicha ampliación fue ilegal y se omitió acreditar su uso y destino.
“Tales conductas constituyen faltas administrativas según lo establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, recalcó.
Por su parte, el OIC en Sedatu ya notificó de la resolución al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para la ejecución del crédito fiscal. La SFP, en cumplimiento al debido proceso, es respetuosa de los mecanismos de defensa a que tienen derecho todas las personas.
La llamada Estafa Maestra es un esquema que permitió el desvío de cinco mil millones de pesos (unos 250 millones de dólares) a través de universidades públicas y empresas fantasma cuando Rosario Robles fue la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y después de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
La Estafa Maestra habría vinculado a muchos exfuncionarios, entre ellos a Rosario Robles, quien el 13 de agosto de 2019 fue puesta en prisión preventiva y trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla por ejercicio indebido del servicio público cuando fue Secretaria de Desarrollo Social.
El 18 de septiembre de 2019, la SFP la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial. Hoy Robles Berlanga sigue en prisión preventiva por las acusaciones de la FGR.
A Robles Berlanga se le acusa de uso indebido del servicio público al emplear universidades públicas para subcontratar servicios y así desviar recursos. Robles es señalada de permitir estas irregularidades, situación que la mantiene desde hace más de dos años en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla.
Robles ha explorado varias vías para lograr su libertad: amparos, cartas, cambio de equipo legal e incluso solicitó negociar con la Fiscalía un criterio de oportunidad o apegarse a la figura de procedimiento abreviado. No obstante, el Fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que la diferencia entre ella y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) imputado por el caso Odebrecht, es que Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la trama de corrupción como sí lo ha hecho Emilio Zebadúa González, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, y a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad bajo el cual le atribuyó cargos a Robles por el desvío de recursos públicos.
