La organización expuso que las Fuerzas Armadas de México “están hechas para la guerra, no para la seguridad pública, y han cometido gravísimos abusos contra civiles, con generalizada impunidad”. Además, añadió, no han conseguido reducir la violencia en México y es posible que, de hecho, hayan sido un factor clave que contribuyó al drástico aumento en la cantidad de homicidios en estos años.
Asimismo, señaló que la militarización de la seguridad pública, iniciada por sus predecesores, los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), “ha resultado en violaciones generalizadas de derechos humanos en México y no ha mejorado la seguridad pública en el país”.
México, 14 de enero (EFE).– El Congreso de México “debería rechazar proyectos de reforma constitucional” que darían paso a la creación de una Guardia Nacional en el país y ampliarían el uso de la prisión preventiva, señaló hoy la organización Human Rights Watch.
“México necesita mejorar urgentemente la seguridad pública, pero el proyecto sobre la Guardia Nacional es la forma equivocada de hacerlo”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, mediante un comunicado divulgado en redes sociales.
“El Presidente (Andrés Manuel López Obrador) y el Congreso mexicano deberían enfocarse en fortalecer a la Policía civil y al sistema de justicia, en vez de redoblar la política de militarizar la seguridad pública, que ha demostrado ser un fracaso total”, añadió.
En el texto se señaló que durante los dos últimos Gobiernos “el uso de militares en materia de seguridad pública ha tenido resultados previsiblemente desastrosos”.
La organización expuso que las Fuerzas Armadas de México “están hechas para la guerra, no para la seguridad pública, y han cometido gravísimos abusos contra civiles, con generalizada impunidad”.
Además, añadió, no han conseguido reducir la violencia en México y es posible que, de hecho, hayan sido un factor clave que contribuyó al drástico aumento en la cantidad de homicidios en estos años.
El proyecto permitiría al Presidente López Obrador “avanzar con su plan de reemplazar la Policía Federal civil con una nueva fuerza controlada mayormente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, indicó.
En el texto se señaló que la militarización de la seguridad pública, iniciada por sus predecesores, los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), “ha resultado en violaciones generalizadas de derechos humanos en México y no ha mejorado la seguridad pública en el país”.
El proyecto, que amplía la prisión preventiva, exigiría que los jueces dispongan la detención de toda persona investigada por un amplio espectro de delitos. “Este requisito incrementaría considerablemente la cantidad de personas en las cárceles mexicanas que no han sido condenadas por algún delito”, apuntó Vivanco.
También se recordó que las dos cámaras legislativas en México iniciarán una sesión extraordinaria el 16 de enero para considerar el proyecto de creación de la Guardia Nacional.
Apuntó que hasta ahora las autoridades mexicanas han presentado la intervención de militares en tareas de seguridad pública como un rol auxiliar, de apoyo a la policía civil, pero la reforma constitucional propuesta permitiría a López Obrador superar esta limitación, que hasta ahora ha sido “más teórica que práctica”.
HRW señaló que la Guardia Nacional que se pretende crear estaría conformada en gran parte por soldados, sería entrenada por las Fuerzas Armadas y durante los primeros cinco años quedaría bajo el mando de la Sedena.
El control operativo pasaría a la Secretaría de Seguridad Pública luego de ese periodo. Sin embargo, la Sedena seguirá controlando su funcionamiento interno, incluyendo la capacitación, los ascensos y la disciplina de sus miembros.
El 11 de enero, en respuesta a las críticas crecientes contra la propuesta, el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, anunció que López Obrador solicitaría a la Cámara de Diputados que modificara el proyecto de reforma, de modo que la nueva fuerza de seguridad quedara bajo la autoridad civil desde su inicio.
Sin embargo, en una audiencia en el Congreso ese mismo día, Durazo dijo que lo que el Gobierno busca es que la Guardia Nacional quede bajo “mando mixto” de autoridades militares y civiles.
“Poner al Secretario de Seguridad al mando no resolverá el problema de fondo de la Guardia Nacional”, dijo Vivanco.
“Aún si toman órdenes de un civil, los miembros de la nueva fuerza estarán bajo el control de las Fuerzas Armadas”, finalizó.
