La ambición desenfrenada de dinero que gobierna. Ese es el estiércol del diablo.
Papa Francisco, julio 2015.
¿Usted compraría un vehículo que al impactarse a poco más de 60 kilómetros por hora podría significar un alto riesgo de muerte o de quedar con una lesión permanente para usted, su pareja, hijo o hija. ¿Usted le daría una bebida a su hijo o hija cuyo consumo cotidiano le podría aumentar significativamente el riesgo de síndrome metabólico, de diabetes y enfermedades cardiovasculares?
Llama la atención que si dialogamos con alguien de la industria automotriz sobre la epidemia de obesidad y diabetes en nuestro país y le exponemos la necesidad de actuar para reducir el consumo de bebidas azucaradas y comida chatarra, seguramente estará de acuerdo. No dudará en reconocer el derecho del consumidor a tener información sobre el riesgo que significa el consumo de estos productos.
Si platicamos con otra persona de la industria de alimentos y bebidas sobre la inseguridad de los vehículos que la industria automotriz vende en México y cómo esto puede significar que una persona sobreviva o no a un accidente, seguramente se indignará. Y así podríamos ir de una industria a otra. Sin embargo, cuando le señala a la persona de la industria de bebidas o a la de la industria automotriz que su producto representa un riesgo para el consumidor o usuario, difícilmente lo aceptará, lo negará o seguramente le contestará: “nosotros cumplimos con la ley”.
Recientemente el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas a pregunta expresa de la prensa sobre la dificultad de los consumidores mexicanos para entender el nuevo etiquetado frontal, reconoció que a la población le cuesta entender la información en calorías, como si se tratase de un etiquetado establecido por el gobierno en el que la industria de bebidas y alimentos no tuviera nada que ver.
De la misma manera, se le preguntó al presidente de Nissan en México sobre la seguridad en el Tsuru, un vehículo que no pasa la más mínima prueba de colisión. El presidente de Nissan respondió que el vehículo cumple con la normatividad mexicana, como si su empresa no tuviera que ver nada con esa normatividad. Ver el video de prueba del Tsuru en colisión, poner atención en cómo se colapsa la cabina, esto no sucede con los estándares que cumplen el 80% de los vehículos que Nissan fabrica para Europa y EUA:
Tanto la industria refresquera ha promovido el etiquetado frontal que recientemente se estableció y que los consumidores mexicanos no entienden, como Nissan ha sido un actor clave en cabildear en contra de que se establezca en México una norma de seguridad de acuerdo a las recomendaciones del W29 de Naciones Unidas.
Un grupo importante de las grandes corporaciones manejan su discurso público argumentando que cumplen con la ley, con la normatividad, cuando se critica la calidad de sus productos y la información veraz a los consumidores, de esta manera tratan de poner la responsabilidad en las instituciones que diseñan la normatividad. Sin embargo, por detrás, desarrollan un intenso cabildeo y por diversos medios, con toda su influencia y poder económico, determinan la normatividad.
Los dos grupos empresariales han actuado directamente en la definición de la normatividad que los regula para que ésta no afecte sus perspectivas económicas, es decir, sus ganancias. Estas ganancias dependen de mantener a los consumidores desinformados y en un mayor riesgo. Un etiquetado frontal verdaderamente útil y de advertencia sobre el alto contenido de azúcares, de grasas y/o sal, podría significar para la industria de las bebidas azucaradas y la comida chatarra una caída en ventas: para estos intereses es mejor establecer un etiquetado incomprensible. Aquí las declaraciones que exhiben las contradicciones de las autoridades:
En el caso de la normatividad sobre seguridad en los automóviles, para mantener los flujos de ganancia a través de vehículos que desde hace años ya recuperaron la inversión realizada en las cadenas de montaje: mejor establecer una normativa laxa que permita continuar con la comercialización del producto. De por medio queda la salud y seguridad de los consumidores y usuarios.
En la región de América Latina destaca Ecuador por haberse adherido a los estándares internacionales de Naciones Unidas para la seguridad en nuevos automóviles (W29) y por haber establecido un etiquetado frontal para alimentos y bebidas que es muy útil y que venía siendo el recomendado por Consumers International (CI) y la World Obesity Federation (WOF). La primera medida, la de seguridad en autos, ha sido reconocida por Naciones Unidas y la segunda, la del etiquetado de Ecuador, por la Organización Panamericana de la Salud.
Sin embargo, la oposición a estas medidas recomendadas y reconocidas por los organismos internacionales enfrentan la oposición de la industria y los gobiernos que se alían a ellas. En una carta enviada por Nissan mexicana al Ministro de Producción, Empleo y Competitividad de Ecuador, se pronuncia esta empresa en contra de la normatividad de seguridad en automóviles nuevos que estableció ese país, la cual le impide seguir introduciendo en ese mercado su modelo Tsuru y la obliga a introducir medidas de seguridad en los demás modelos. Es decir, el gobierno mexicano no acepta que Ecuador le exija a Nissan mexicana la seguridad que esta empresa le pone a la mayoría de los vehículos que produce y que exporta desde México a Europa, Estados Unidos y Canadá.
Es interesante constatar que en la carta que Nissan mexicana dirige a la autoridad ecuatoriana le reclama no haber hecho caso a los reclamos que en el mismo sentido le ha expresado en varias ocasiones el gobierno mexicano. Está claro que el gobierno mexicano ha intervenido ante la autoridad ecuatoriana para defender los intereses de Nissan y en contra de que se tomen medidas para mejorar la seguridad de los vehículos que se venden en ese país. La mayor parte de los automóviles que produce Nissan mexicana cuentan con los estándares internacionales establecidos a los países que exporta, sin embargo, se niega a establecer esos estándares para el mercado ecuatoriano y mexicano. El gobierno mexicano no sólo no establece esos estándares para proteger la seguridad de los consumidores y usuarios nacionales, también acude y respalda a la empresa en su oposición a que estos estándares se establezcan en otro país de la región. Nos referimos a una oposición del gobierno mexicano contra el hecho de que un país, en este caso Ecuador, establezca los criterios de seguridad para los vehículos nuevos recomendados por Naciones Unidas.
De la misma manera, y como ya se informó anteriormente en SinEmbargo, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía, también se dirigió a un representante de Ecuador en el Comité de Barreras al Comercio de la Organización Mundial de Comercio argumentando en contra del etiquetado frontal que ese país implementó en alimentos y bebidas que, como mencionamos, es reconocido como el único funcional por la Organización Panamericana de la Salud para motivar en lo consumidores elecciones saludables en la región de América Latina.
En conclusión, las empresas se justifican argumentando que cumplen con la normatividad mexicana para comercializar productos que representan un riesgo para los consumidores, mientras presionan y cabildean para mantener esa normatividad a su gusto. Por su lado, el gobierno mexicano se alía a estas empresas para combatir las regulaciones que protegen la seguridad de los consumidores en otras naciones: captura del estado e hipocresía empresarial de la mano.
