La COVID-19 sacudió a México y al mundo. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.

Desde los inicios de la pandemia, la libertad de expresión y el derecho a la información se convirtieron en una víctima más. A nivel global, la desinformación y el discurso de odio se expandieron poco a poco atravesando fronteras, provocando miedo, estigmas y prejuicios contra diversas poblaciones y víctimas de la enfermedad.

El papel y la relevancia de los gigantes tecnológicos en el destino del mundo también se puso a prueba y cuestionó cada uno de los estándares y parámetros bajo los cuales se exige la defensa derechos humanos en el ámbito digital, reconociendo la potencialidad y alcance de las redes sociales y los retos prácticos para hacer que la inteligencia artificial se adapte a las reglas de un juego democrático y a los principios de derechos humanos.

Además, en este contexto y de manera general se puso de manifiesto la crisis económica a la que se enfrentan diversos medios de comunicación y la vinculación económica con los gobiernos a través del uso de la publicidad oficial. También así, la precariedad y falta de garantías laborales a las que se enfrenta el periodismo profesional, aunado al reto mayúsculo que supone alejar a las audiencias de las campañas de desinformación que se expanden de manera vertiginosa.

En la región México y Centroamérica, la pandemia puso en relieve estas y otras fracturas existentes en la garantía de derechos y exacerbó los ánimos autoritarios de gobiernos que, hasta el momento, se consideraban democráticos o simulaban serlo. Más aún, esta contingencia nos confrontó con la profunda desigualdad que caracteriza a cada uno de los países de la región y mostró la imperiosa necesidad de reformas estructurales que miren por las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, principalmente para el acceso a la información y para el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales.

En el informe C.O.V.I.D (Coronavirus, Opacidad, Violencia, Impunidad y Desinformación) de ARTICLE 19 se advierte que en el caso de México las y los periodistas, han padecido el recrudecimiento de la violencia en su contra. De entrada, no se han brindado condiciones de seguridad e higiene para las coberturas de fuentes oficiales, a lo que habría que sumar el proceso de precarización laboral que padecen las y los periodistas del país. Por otro lado, la violencia habitual -que coloca a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente americano- se agudizó de manera sumamente preocupante en el contexto de la pandemia. ARTICLE 19 documentó alrededor de 120 agresiones del 12 de marzo al 16 de mayo de las cuales 52 agresiones (43.33 por ciento) ocurrieron durante la cobertura de la pandemia. De estas, el 69 por ciento provinieron de agentes estatales. Esta violencia contra periodistas encuentra como correlato la ineficacia e insuficiencia en la respuesta del Estado (a nivel federal y estatal) para atender las diversas violencias que padecen las y los periodistas.

En cuando al derecho de acceso a la información, el informe señala que la provisión de información gubernamental mantiene y reproduce patrones de discriminación y exclusión en detrimento del derecho de las personas y pueblos indígenas, mujeres y personas con discapacidad. En el marco de la pandemia, el gobierno federal ha emprendido la “Estrategia de Acción Comunitaria”, no obstante esta ha sido limitada e insuficiente para la realidad del país ya que si bien se logró avanzar en la traducción de contenidos informativos en un número importante de lenguas indígenas, la difusión de dicha información se hizo a través de medios digitales, escritos o a través de las propias asambleas comunitarias dejando de lado las condiciones de exclusión que provoca la brecha digital y educativa, así como las propias recomendaciones de las autoridades sanitarias de evitar reuniones y quedarse en casa.

Al respecto, se advierte que la brecha digital, como violación estructural del derecho constitucional de acceso a internet; así como el rezago educativo histórico al que han sido sometidos los pueblos y comunidades indígenas -por mencionar algunos factores- evidencian la ausencia de una verdadera política de Estado por generar contenidos asequibles, pertinentes y adecuados en todas las lenguas indígenas, en un marco de acceso a las tecnologías de la información.

Además, la falta de coherencia en la información oficial entre la federación, los estados y municipios ha tenido como consecuencia la falta de igualdad en el acceso y calidad de la información conforme se habita un estado u otro de la República mexicana.

Finalmente, el informe relata la forma en la que la expansión del virus está aparejada de un crecimiento inusitado de desinformación en donde resulta difícil distinguir los hechos de la ficción, o una mezcla de ambas.

En México, 1) los mensajes contradictorios y la falta de información, de una postura clara y de coordinación de las autoridades en torno al COVID-19, 2) el flujo abundante y masivo de información y contenidos relacionados con el tema, disponibles a través de medios tradicionales y digitales, y 3) la falta de rigurosidad de periodistas y medios de comunicación que han llevado a no informar con precisión o a contribuir a la generación de narrativas discriminatorias; han propiciado la ambigüedad, la confusión y el escepticismo sobre el reconocimiento de la gravedad y alcance del virus en territorio nacional, así como de las medidas necesarias para su contención.

En este contexto, la desinformación principalmente se ha basado en teorías conspirativas, en la manera en la que se contagia y se expande el virus regionalmente, en supuestas curas o tratamientos y medidas inexistentes o con alcances diferentes a lo dispuesto por las autoridades. Si bien es cierto, que en algunos casos las autoridades ocurrieron a precisar la información como en el caso de Claudia Sheinbaum desmintiendo los supuestos helicópteros fumigando a la capital del país, también hubo ocasiones en que las autoridades se convirtieron en la fuente primaria de la desinformación como sucedió en el estado de Puebla, donde el gobernador Barbosa afirmó que una medida preventiva para el contagio podría ser el mole de guajolote.

Por último, no podemos omitir que la profunda polarización que caracteriza a la mayoría de los países de la región, se convierta en el punto nodal para que los actores desde los distintos polos busquen desinformar limitando la capacidad de las personas de reconocer aquella información necesaria para el ejercicio del derecho a la salud y el reconocimiento de los factores de participación dentro del espacio cívico en una “nueva normalidad”. Finalmente, también la infodemia es parte de la guerra política.

En este informe ARTICLE 19 trata de poner en evidencia el rol de los estados, las plataformas digitales, los medios de comunicación y el periodismo independiente en el contexto de la crisis global más grave de la historia reciente. Asimismo, hace un llamado a exigir y luchar por la expansión del espacio cívico físico y digital en el marco de la “nueva normalidad”, reconociendo que las condiciones extraordinarias a las que nos enfrentamos hoy, nos abrieron los ojos sobre aquello en lo que tenemos que poner atención el día de mañana.