Con fecha del día 9 del mes de octubre del año 2023, por medio de resolución sobre el cuadernillo incidental el Juzgado Décimo Tercero de Distrito del Décimo Séptimo Circuito, equivalente al estado de Chihuahua, decidió otorgar la suspensión provisional para que la Secretaría de Educación Pública y Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito suspendan la edición, impresión y entrega de los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023- 2024 en Chihuahua.

La Juzgadora, al conceder la suspensión provisional, omite sopesar las consecuencias en la sociedad de su decisión. Antes de conceder la suspensión, la Jueza estaba obligada a examinar con atención o considerar con prudencia las ventajas y los inconvenientes de la medida que está tomando. Solo con un exceso de arrogancia, miopía social, un Juez puede atreverse a suspender un proceso institucional que se está efectuando, que ya es un hecho consumado de gran trascendencia y que cause un impacto negativo a más de 700 mil niños para garantizar el derecho de un menor a que le entreguen libros que desde el punto de vista del menor (o de su padre) violenta el derecho a la consulta y el conocimiento del proceso de la elaboración de los libros de texto.

No es posible que un Juez pondere como superiores los derechos de un niño frente a los derechos de la niñez de un estado. Debe obligarse  a que toda autoridad resuelva proporcionalmente haciendo un análisis cuantitativo y cualitativo de los efectos de su decisión.

El principio consagrado en el artículo 4 constitucional, así como la Convención sobre los Derechos del niño, señala que en todos casos la autoridad deberá respetar el interés superior de la niñez.

Al resolver así, la Jueza convierte el  concepto de “interés superior de la niñez” en una abstracción desvinculada de toda realidad cuantitativa y cualitativa, en un simple argumento jurídico que puede interpretarse únicamente con herramientas jurídicas,  supuestamente ubicados en el mundo ideal del deber ser.

Así, en abstracto, interpreta que puede usar una perspectiva  meramente judicial y conceptual y así ella,  perdida en ese mundo de ideas, comparando el procedimiento en abstracto con la institución de educación en abstracto, y considerando que la naturaleza del derecho está construida por procedimientos a la manera de fórmulas matemáticas, decidió obedecer su formación idealista a favor del procedimiento, para mantener su fe (cuasi religiosa) en la letra de la ley. Despreciando otros textos legales que sostiene un nuevo paradigma, “la interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos”.

Ignorando que por resolución de la Suprema Corte de Justicia se empezaron a distribuir los libros, a partir del 5 de octubre. Cuatro días antes de su decisión.

Es inaceptable que la Jueza ignore el daño que va a causar a los menores que ya están estudiando, que están por recibir sus libros de texto, que ya están en el proceso en todo el país, por un argumento supuestamente procedimental decida causarle daño a toda la infancia y juventud temprana del estado. Autoconvencida de que ella defiende la Ley.

Es evidente que la Jueza Jessica María Contreras Martínez vulnera el principio básico del juicio de amparo;  de la relatividad entre quejoso y resolución; bajo este principio el amparo se otorga a una persona precisamente rompiendo este principio de relatividad, la Jueza hace una excepción que sólo se podría realizar cuando hay evidencias indiscutibles del daño irreparable y muy grave a una colectividad o la sociedad, pero no aplicar el principio de relatividad debe implicar para la Jueza una alta responsabilidad. Y  una sanción ejemplar.

Sin el menor, representado por su padre Gabriel Alejandro Vidaña Manjarrez, considera que al no haber seguido el procedimiento los libros de texto que le van a entregar pudieran causarle a él algún perjuicio, y dado que solo un niño en el estado de Chihuahua está acudiendo a plantear este conflicto, pues la Jueza puede ordenar que a ese niño en lo personal se le enseñe con los libros de texto del año pasado y seguramente que el profesor del niño encontraría la forma de cumplir el acuerdo de suspensión, sin causarle algún daño ni conflicto a la menor. Ya los maestros son expertos y capaces de solucionar este y muchos casos en concreto. De esta manera la Jueza protegería al quejoso sin causarle daño a los otros 700 mil estudiantes.

Sin embargo, la Jueza consideró que es superior el interés procedimental de un niño al derecho a la educación de 700 mil niños. Una barbaridad jurídica.

¿Por qué lo hace? ¡Por qué cree que puede! Porque cree que su capacidad de resolver no tiene ningún costo. Porque se considera impune para sobreponer sus interpretaciones personales, sus filias, sus ideas acerca de la ley, sin mayor responsabilidad, ese es la misma lógica de impunidad de aquellos jueces que resuelven poner en libertad a delincuentes peligrosos, asesinos, violadores, ladrones internacionales, defraudadores, argumentando que los liberan por una cuestión técnica de procedimiento y lo hacen porque creen que pueden y por qué lo pueden hacer impunemente.

Por eso en lo fundamental sostenemos exigirle a los jueces que sus decisiones se tomen  con plena conciencia y por lo tanto que lo hagan bajo su más estricta responsabilidad. Nadie puede ser impune de los actos y decisiones que va tomando en la vida, y menos cuando esa impunidad afecta a 700 mil niños del estado de Chihuahua.

(Paráfrasis de mi exposición el miércoles 10 de octubre en el Congreso de Chihuahua.)

Gustavo De la Rosa

https://www.sinembargo.mx/author/delarosa

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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