La importancia de la sociedad civil en las democracias liberales es hoy en día fundamental. Se puede decir que la sociedad civil comienza a ser cada vez más relevante en el mundo después del colapso de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín a finales de la década de los ochenta del siglo pasado.

En efecto, fueron asociaciones cívicas, de diferente índole, las que terminaron por derrotar al comunismo autoritario en Europa del Este y en el orbe soviético.

Muchos países del mundo aprendieron de estas lecciones de poder ciudadano que dieron disidentes como Vaclav Havel en Checoslovaquia o Adam Michnik en Polonia.

México no fue la excepción. A la par que nuestro país iniciaba su propia transición a la democracia, las asociaciones y grupos de la sociedad civil crecían de manera exponencial y continúa. No se puede entender la evolución política y social de México en los últimos treinta años sin comprender la historia de las asociaciones civiles y de su participación en nuestro proceso democrático.

En los últimos años, hemos visto cómo las asociaciones de la sociedad civil, que representan a sectores diversos de la ciudadanía, han aprendido a defender los derechos de sus representados en particular y, de la sociedad en general, ante instancias legales. Al mismo tiempo, los poderes judiciales han ajustado sus procesos para incorporar los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil.

Así, muchas de estas organizaciones han sido exitosas en iniciar juicios de amparo y otros medios legales en favor de varias causas legítimas. Un ejemplo reciente es un amparo promovido por asociaciones de buzos contra la construcción del tren maya en defensa de los mantos acuíferos potencialmente dañados por el proyecto.

A pesar de esto, no había existido una lista de criterios claros que las asociaciones civiles debieran cumplir para que pudieran promover legítimamente juicios de amparo en representación de derechos difusos o colectivos. El término “difuso” se refiere a derechos cuyos titulares son un grupo determinado o determinable de personas, en donde la actuación de la autoridad les afecta como colectivo.

Sin embargo, hace uno días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre los requisitos que deben cumplir las asociaciones civiles para comprobar su interés jurídico, en el caso de que requieran defender derechos difusos.

Para ello las asociaciones deben identificar la norma constitucional que protege un interés difuso en beneficio de la colectividad y que, precisamente, el acto de autoridad que se impugna transgrede ese derecho ya sea de forma individual o colectiva.

Asimismo, se debe demostrar que la asociación reclamante pertenece a la comunidad afectada, por ejemplo, a través de hechos notorios como información en su página web u otros litigios en los que haya participado.

Por otra parte, que dentro de su objeto social se encuentra el derecho colectivo que pretende defender y que la afectación que reclama le impide la práctica de su objeto.

Este criterio brinda una mayor claridad para que las asociaciones civiles que, en su razón de ser, se encuentre la protección de derechos difusos cuya titularidad no corresponden a un sólo individuo sino a todos o a un grupo, puedan promover juicios de amparo en favor de los derechos de esa colectividad.

Sin duda, una gran noticia, pues seguramente el resultado será una mayor justicia, tanto para particulares como para la ciudadanía en general.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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