Según se ha podido constatar, el problema es que Haces y Uribe vieron una mina de oro en el proyecto del Tren Maya. Foto: Cuartoscuro.

El Tren Maya, la obra magna del sexenio de la Cuarta Transformación, está parada. El objetivo del Presidente Andrés Manuel López Obrador era que en diciembre del 2020 el proyecto estaría arrancando al 100 por ciento, sobre todo porque los tiempos están corriendo y es posible que al término de la administración aún no está concluida, lo que significaría un rotundo fracaso gubernamental.

Y es que la razón por la que el proyecto está detenido tiene que ver con la corrupción que prohíja Pedro Haces Barba, el líder sindical y amigo del Presidente, quien ha amasado una enorme fortuna como cacique sindical, empresario, promotor taurino y dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

Resulta que gran parte de los materiales para la compactación de los terrenos por donde pasarán las vías del Tren Maya, sobre todo el basalto, lo sacarían del estado de Veracruz, particularmente de las ciudades de Tuxpan, Mozomboa y San Andrés Tuxtla.

Sin embargo, cuando Pedro Haces y su socio Raúl Uribe Soria metieron las manos, las cosas se detuvieron y es la hora que no han podido sacar ni una piedra de basalto para iniciar la obra magna del sexenio.

Según se ha podido constatar, el problema es que Haces y Uribe vieron una mina de oro en el proyecto del Tren Maya. Hace algunas semanas, Raúl Uribe reunió a los transportistas del estado de Veracruz. Todos viajaron del norte, centro y sur de la entidad y atendieron la convocatoria de Uribe, brazo derecho de Haces, su cómplice, pues.

En la reunión, Uribe fue claro: Les dijo que CATEM se haría cargo de sus pagos, que se realizarían en efectivo, sin IVA y en forma directa a cada uno de los transportistas.

No fue todo: También les expuso, a manera de orden, que CATEM les vendería todo el combustible que se necesitara para los camiones. ¿De dónde sacarían el combustible? No lo dijo, pero era claro que aquí entrarían directamente las mafias del huachicol, que por cierto abundan en Veracruz y siguen haciendo negocios multimillonarios a costa del flagelo criminal que supuestamente tanto le preocupa al Presidente López Obrador.

Raúl Uribe les ordenó a los transportistas que en todos estos asuntos no debían intervenir para nada los dirigentes de los sindicatos donde están agremiados dueños del transporte. Ninguna organización obrera, salvo CATEM, puede meterse en este negocio que incluye, además, la venta de llantas para los camiones, sí, CATEM también les va a suministrar todas las llantas que necesiten.

Uribe también les dijo a los transportistas que CATEM se haría cargo de contactar a las navieras, cuyos barcos se utilizarían para el traslado del basalto. Y, por si fuera poco, exigió que todos los transportistas deben afiliarse a CATEM, pues de otro modo “no habrá trabajo”. De paso exigió el pago de cuotas para el sindicato de Pedro Haces.

Lo grave de todo este asunto es que desde hace tres meses CATEM no les paga a los transportistas ligados al Tren Maya, el proyecto más impulsado del sexenio. Se asegura que en este negocio multimillonario no es ajeno Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, amigo y aliado de Pedro Haces, el llamado impulsor del “nuevo sindicalismo” en México, sobrino de Carlos Aceves, actual líder de la CTM y estrecho amigo de Víctor Flores, el cacique del sindicato ferrocarrilero que ahora está cobijado por la Cuarta Transformación.

Debido a que las órdenes de Uribe causaron molestia entre los transportistas –a lo que se sumó el enojo de los líderes sindicales por haberlos dejado fuera– los trabajos para el acarreo de basalto están detenidos. Ni una sola piedra ha sido llevada a los estados por donde pasará el famoso Tren Maya.

A dos años de que se anunció la mega obra, el proyecto está parado. El material básico que se llevaría de Veracruz no se ha extraído. Por esa razón, aseguran las fuentes consultadas, la economía veracruzana está detenida, pues simplemente los trabajos no han iniciado y todo indica que este conflicto, generado por la corrupción y las ambiciones desmedidas de Haces –el amigo del Presidente– va para largo. A todo este embrollo se suman los amparos que las comunidades indígenas han interpuesto para que la obra no se realice debido a la destrucción ecológica que ésta implica, algo que no ha sido tomado muy en cuenta por el Presidente, a quien poco o nada le importa el impacto ambiental que esto pueda desencadenar.

Zona portuaria

Hace unos días, el Presidente Andrés Manuel López Obrador giró instrucciones para que el almirante Miguel Ángel Sierra Carrasco tome posesión como director de la Administración Portuaria Integral (API) del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, situado al sur de esa entidad.

El proyecto que desarrollará Sierra Carrasco será la ampliación de la zona portuaria de Coatzacoalcos, uno de los puertos más importantes de esa entidad, el cual se vinculará con otro de los proyectos clave del sexenio: el corredor transístmico del puerto de Sala Cruz, Oaxaca, en el que el Gobierno de la Cuarta Transformación tiene contemplada una inversión de 21 mil millones de pesos.

El arribo del almirante Sierra Carrasco a la API-Coatzacoalcos es un ejemplo de la seguridad que pretende reforzar el Gobierno de la Cuarta Transformación en todos los puertos del país con la llegada de militares y marinos, un tema que ha sido cuestionado debido a la militarización de varios puntos importantes, entre otros, las aduanas y los puertos. Ante esto, el Presidente ha dicho que no está militarizando los puertos sino reforzando la seguridad y erradicando la corrupción que se anida en el sector portuario y aduanero desde hace varias décadas.

Un dato que llama la atención es que al Presidente le preocupa y mucho el tema electoral. Por ello, se afirma que uno de los objetivos de Morena es ganar las elecciones en todas las zonas portuarias del país. Esto resulta estratégico para la Cuarta Transformación. Lo cierto es que para poner orden en puertos y aduanas primero deben erradicar la corrupción, golpear a las mafias del contrabando y del narcotráfico que utilizan los puertos y las aduanas para sus fines ilícitos.

Yucatán: Niños, conejillos de indias de políticos   

El diario Sol de Yucatán, que dirige el reconocido periodista Pedro Daniel Rodríguez, acaba de destapar una verdadera cloaca de corrupción en el Gobierno de Yucatán que encabeza Mauricio Vila Dosal.

El periódico publicó un amplio reportaje que documenta cómo niños, adolescentes y adultos son utilizados como “conejillos de indias” para experimentar con medicamentos que tratan padecimientos mentales. Pero en el fondo se trata de un gran negocio del Gobernador y del equipo que está a cargo del hospital psiquiátrico de ese estado.

A continuación, las partes medulares del texto:

“Con el consentimiento del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, los pacientes del hospital psiquiátrico ‘Yucatán’ son convertidos en ‘conejillos de  indias’ para el desarrollo de proyectos de investigación sin protocolos, incluso practican experimentos con menores de edad, quienes son sometidos a lobotomías.

“Al destaparse la cloaca solapada por el secretario de salud del estado, Mauricio Sauri Vivas, se confirmó que éste es el principal beneficiado, pues son millonarias las ganancias obtenidas, seguido de los titulares de la subdirección de salud mental, pues se busca conocer la eficacia de los medicamentos no patentados aún.

“El problema no es nuevo, pues entre 2005 y 2009 el nosocomio sirvió de laboratorio para el desarrollo de cuatro proyectos de investigación en la prueba de efectividad de medicamentos en personas con problemas de salud mental, estudios que, en un lapso de cuatro años, llevaron a cabo reconocidos especialistas con el financiamiento de una empresa farmacéutica internacional.

“En los dos últimos años, la administración de Rolando Zapata Bello, la administración del psiquiátrico la cedió al gobierno federal pero Sauri Vivas Canceló tal concesión con el objeto de continuar con los ilegales experimentos humanos.

“De acuerdo con la investigación de El Sol de Yucatán, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de la Secretaría de Salud,  advirtió de los efectos adversos que podría causar la prueba del mismo medicamento en personas con trastorno bipolar. Sin embargo, los especialistas aplicaron la prueba a 585 pacientes de diversos nosocomios, entre ellos el de Yucatán, en un lapso de tres años.

“Durante el tratamiento de uno de los medicamentos no se registraron defunciones, sin embargo, poco más de 300 personas presentaron desórdenes psiquiátricos y del sistema nervioso, así como alteraciones en el comportamiento.

“En la fase de experimentación en personas, los proyectos fueron autorizados por el actual subdirector de salud mental de la Secretaría de Salud de Yucatán, Arsenio Rosado Franco. El investigador principal de los estudios es Felipe Triay Peniche, quien presuntamente fue asesinado por su coinvestigador, Luis Enrique Lara González.

“De acuerdo con el expediente del caso, que consta de 178 fojas, de octubre de 2005 a abril de 2009 se usaron fármacos en pacientes hospitalizados en el nosocomio psiquiátrico de Mérida, Yucatán.

“En dos ocasiones se trató con personas con esquizofrenia; asimismo se trabajó con usuarios que padecían bipolaridad 1 y, en otros casos, con pacientes enfermos de depresión bipolar aguda.

“Cabe destacar que los proyectos se desarrollaron a finales del gobierno de Patricio Patrón Laviada, emanado del PAN, así como a principios de la administración de la gobernadora priista Ivonne Ortega Pacheco”.

Estos casos, así como la corrupción desatada en el sector salud de Yucatán, siguen impunes.