Cerca de 213 mil armas de fuego cruzan cada año la frontera.

Más del 70 por ciento de las armas incautadas por la fuerza

pública mexicana son de origen estadounidense.

Harris Institute

El entramado legal solo ha fortalecido las medidas de fuerza, pero ninguna se ha dirigido a establecer mayores controles a las armas de fuego. Foto: Cuartoscuro

Por Maribel Santiago y Jesús Robles Maloof

En enero del 2017, en un hecho poco común en nuestro país, un estudiante de secundaria del Colegio Americano de Monterrey abrió fuego en contra de sus compañeros y su maestra. Lamentablemente esta matanza cobró la vida de la profesora Cecilia Solís y dejó a tres estudiantes heridos cuyas secuelas aún sufren.

En #ArmasNO en este mismo espacio describimos las falsas respuestas que los gobiernos pretendieron implementar al trágico hecho y la ausencia de políticas coherentes en esta materia. Durante 2017 en el marco de la campaña Instinto de Vida, esfuerzo de la sociedad civil en Latinoamérica para reducir el índice de homicidios, hemos reflexionado y lanzado un llamado a la acción sobre dos problemas que deben estar en las primeras prioridades de la agenda de gobierno; la epidemia de homicidios de niveles históricos y el descontrol sobre las armas de fuego.

Cuando iniciamos Instinto de Vida nos preocupaba la tendencia de muertes que México presentaba. 2017 trágicamente lo confirmó al ser año más letal de la historia reciente con 29 mil 159 homicidios dolosos. Aún no hemos desarrollado una metodología para evaluar a detalle el impacto humano, social y económico de números como los anteriores, pero podemos trazar una comparación con conflictos armados convencionales. Guerras cuyas consecuencias humanas tardan en sanar varias generaciones.

Nuestra realidad no está tan alejada de otros países de Latinoamérica: Honduras, El Salvador, Venezuela, Brasil y Colombia también presentan altas y alarmantes tasas de homicidios. Una respuesta regional es la campaña Instinto de Vida que parte de un principio fundamental: los homicidios y la violencia no son algo normal. Mediante acciones de movilización y política pública buscan cumplir con el objetivo de reducir los homicidios al 50 por ciento en un periodo de 10 años.

El problema de conflictos no convencionales como el que vivimos en México y en la región es que las medidas para detener, prevenir y restaurar la convivencia social no suelen merecer la prioridad de los gobiernos. Una guerra convencional suele partir un país, aislar regiones, interrumpir las comunicaciones y disminuir al mínimo los intercambios económicos. Al final de la conflagración se tiene que reconstruir buena parte del entramado social. Lo paradójico es que conflictos como los que vivimos en México permiten a buena parte de la economía y la sociedad continuar como si nada pasara, hasta que, como hemos visto en Juárez, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Tamaulipas, no se puede ignorar más.

Con excepciones notables, las respuestas de política pública se han centrado en la fuerza y la militarización que consistentemente ha probado no tener resultados positivos en reducir el índice de homicidios. Como ejemplo y mientras las cifras de homicidios tocaban niveles históricos, el gobierno construyó una narrativa que la respuesta era profundizar la militarización. Así, se propuso aprobar la Ley de Seguridad Interior a pesar de que múltiples actores de la sociedad civil como el colectivo Seguridad Sin Guerra dieron durante meses argumentos basados en evidencia del por qué la militarización del país no es la solución a los problemas de seguridad y violencia.

Muchas veces ignorados, otras veces escuchados, estos argumentos no recibieron respuestas basadas en evidencia. Por el contrario la narrativa dominante es una mezcla de argumento de autoridad y de creencia religiosa. “Fortalecer al ejército es la respuesta al crimen organizado por el bien de la sociedad”.

En los últimos años, el entramado legal solo ha fortalecido las medidas de fuerza, pero ninguna se ha dirigido a establecer mayores controles a las armas de fuego. La única política explícita del Gobierno de Peña Nieto sobre homicidios es de apenas unas cuartillas. Desde el 2016 que se anunció no ha sido retomada, evaluada y no podemos conocer aún si acaso ha sido implementada. Otra estrategia de este gobierno ha sido la alquimia de cifras intentando engañar como lo describimos aquí en La verdad sobre los homicidios en México.

Podemos seguir profundizando el error de acudir a estrategias fallidas, pero tarde o temprano tendremos que adoptar políticas de seguridad basadas en evidencia. En el colectivo #MxSinHomicidios hemos iniciado a discutir las alternativas y como ejemplo, el pasado martes 30 de enero en el evento Salvar Vidas Sí es posible organizado por México Evalúa se presentaron 10 acciones concretas, aquí pueden consultarlas http://mexicoevalua.org/2018/02/02/10-ideas-salvan-vidas/

Una de las mayores apuestas se enfoca en el poder de lo local. En México 46 por ciento de los homicidios ocurren en tan sólo 50 de los 2 mil 448 municipios que existen, además de concentrarse en lugares, se concentra en personas, en hombres jóvenes. Es por esto que el diálogo con los municipios es sumamente importante y no seguir con la implementación de políticas de mano dura como las adoptadas por el gobierno federal.

Un gran paso es la firma de acuerdos por parte de 471 presidentes municipales, pertenecientes a la Asociación Nacional de Alcaldes que se sumaron a la campaña #MxSinHomicidios y la alianza regional Instinto de Vida.

Un ejemplo que destaca es la aproximación que ha hecho Morelia, que de la mano de Bernardo León ha implementado un modelo de policía de proximidad, confiable y dispuesta a ejercer sus funciones constitucionales de conformidad con el nuevo sistema de justicia. No ha sido sencillo pero en tan solo un par de años ha logrado reducir en 20 por ciento los homicidios dolosos y ha derribado el mito de la inseparable relación entre crimen organizado y homicidios, documentando que en Morelia solo el 10 por ciento de estos delitos pueden ser relacionados a los grupos criminales.

Alternativas a la mano dura y a la militarización existen por ello vemos con preocupación que en las plataformas electorales y en los discursos de campaña las vaguedades, ocurrencias y modelos que han probado ser fallidos, sean la constante en materia de homicidios.

Lo peor que puede pasar es que a pesar de la tendencia mortal y las cifras que desangran a nuestras comunidades, ninguna acción de gobierno se tome y las mismas políticas de siempre se establezcan por inercia o por interés. Veamos el ejemplo de Estados Unidos y las terribles masacres del último año, que a pesar del dolor, de la indignación y del mínimo sentido común, nada ha cambiado. Ni una sola disposición se ha modificado.

No lo permitamos. Exijamos a los candidatos claridad. Impulsemos un México sin Homicidios.