México, 15 Jun. (Notimex).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) solicitó al jefe de gobierno Marcelo Ebrard vetar la Ley de Ejecuciones Penales y Reinserción Social, porque contraviene tratados internacionales de derechos humanos y reformas constitucionales relacionadas con el sistema de justicia penal.
Dicha petición, formulada por el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, se realizó con base en la atribución que le otorga el Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), informó el organismo en un comunicado.
Asimismo consideró que dicha norma también afecta puntos recomendatorios emitidos por la CDHDF que, en su momento, fueron aceptados y es contraria a las líneas de acción en la materia contenidas en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF).
Mencionó que las consideraciones puntuales del documento “Observaciones de la CDHDF al Decreto de Reforma a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social” se hicieron llegar al jefe de gobierno capitalino.
La CDHDF destacó que es preciso pasar de un derecho penal de autor, que genera sanciones por quién es la persona y no por lo que hizo, a un derecho penal de acto, que sanciona y castiga por los hechos delictivos específicos que fueron materia de prueba durante el juicio y de razonamiento en la sentencia.
Luego de su análisis del Decreto de Reforma a la Ley, la comisión consideró necesario que el Ejecutivo local lo vete, toda vez que su estructura impone una fuerte tendencia del derecho penal de autor que introduce los estudios técnicos de personalidad, lo cual está en conflicto con el acto jurídico en virtud del cual ha sido condenado.
Recordó que desde la reforma penal de 1983 y en la de 1994, el derecho penal abandonó las tesis del “peligrosismo” y de los estudios de personalidad para fundamentar la individualización de la pena únicamente en la declaración de culpabilidad.
En este caso, es necesario armonizar los procesos legislativos de la ciudad de México con el deber de proteger a la persona frente a actos que constituyan violaciones a los derechos humanos dentro de los que se incluye el derecho a la reinserción social de la persona sentenciada.
Mediante el principio de la reinserción social, aseguró la CDHDF, la persona sentenciada tiene derecho a que la institución penitenciaria le garantice el respeto de todos sus derechos y, por ende, su derecho al trabajo, a la capacitación para el mismo y a la educación.
