Hace ya una década que activistas y diversos especialistas en salud alertaron la necesidad de una estrategia nacional efectiva contra el avance de la obesidad y el sobrepeso, y la diabetes como una de sus consecuencias más graves para la población en México y para la economía de las familias y del país. Sin embargo, exponen, el Gobierno federal ha cerrado los ojos y los oídos ante la epidemia, para favorecer a las industrias refresqueras y de la chatarra. Así lo han denunciado por años, sin obtener respuestas. Ayer, el Gobierno federal, en un hecho inédito, lanzó dos declaratorias de emergencia nacional para enfrentar estas enfermedades. Pero los especialistas se dicen incrédulos de que vayan a fondo: siempre han favorecido a Coca Cola, Sabritas, Gamesa, Nestlé, etcétera, y a menos que dejen de apoyarlas no habrá avances contra la pandemia.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).– El mismo día en que el mundo llama cada año a concientizar sobre los daños de la diabetes y sus consecuencias devastadoras sobre la salud de las personas, el Gobierno mexicano –en un hecho inédito en la historia del país– emitió dos declaratorias de emergencia sanitaria por diabetes y obesidad, debido al grave problema de salud pública que representan estos padecimientos en el país: 11.4 millones de personas padecen diabetes, mientras que 7 de cada 10 adultos sufren de sobrepeso u obesidad, y 1 de cada 3 niños presentan dichas enfermedades.

Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud federal, dijo que es la primera vez en la historia del país que se realiza una declaratoria de emergencia sanitaria por una enfermedad no infecciosa, y expuso que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto desplegará una estrategia de prevención, además de que todos los hospitales públicos del país serán dotados de los insumos necesarios para atender a los enfermos.

Hace ya tres años, el 31 de octubre de 2013, el Presidente lanzó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Sin embargo, de acuerdo con especialistas en la materia, no mostró efectividad alguna debido a la falta de integración de la Secretaría de Salud con otras dependencias federales y a la escasez de campañas y programas dirigidos a prevenir y tratar dichas enfermedades.

De acuerdo con las cifras más recientes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) el 42.6 por ciento de los hombres mayores de 20 años de edad viven con sobrepeso y el 26.8 por ciento con obesidad; en el caso de las mujeres, ambas enfermedades impactaron en 35.5 y 37.5 por ciento, respectivamente.

Sobre el tema, Alejandro Calvillo Unna, director de la organización civil El Poder del Consumidor, afirmó que de nada sirve que la Secretaría de Salud emita declaratorias de emergencia sanitaria por obesidad y diabetes si no impone una política preventiva integral de control a las grandes industrias del refresco y la chatarra, que son las verdaderas causantes de estas epidemias.

Esta organización civil es una de las tantas que, a nivel nacional y desde el extranjero, han alertado por años sobre el repunte de la obesidad y el sobrepeso en el país, así como del avance de la diabetes y todas las enfermedades que derivan de ésta.

También han denunciado que el Gobierno mexicano y los legisladores han sido capturados por lobistas de grandes corporaciones como Coca Cola, Pepsico, Nestlé, Bimbo, Gamesa, Sabritas, etcétera, en una industria de la chatarra que maneja miles de millones de dólares cada año.

Calvillo Unna aseguró que si la Secretaría de Salud, a cargo de José Narro Robles, realmente tiene voluntad de hacer algo frente a la diabetes, la solución es aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas y, sobre todo, destinar los recursos que de allí se obtengan a la prevención.

Por ello, recordó que alrededor del 70 por ciento de los azúcares añadidos que se consumen en México provienen de las bebidas azucaradas, mismas que han desatado la epidemia, de la mano de los alimentos ultraprocesados, y no la falta de actividad física, como la industria ha querido hacer creer.

“Se han recortado los recursos para la prevención y la Secretaría de Salud no es clara en qué política se debe seguir. Pareciera que le hace el juego a la industria de bebidas y de alimentos diciendo que hay que hacer más ejercicio, y éste sólo representa una parte muy relativa, ocupa un porcentaje muy pequeño del problema, el verdadero problema es el tipo de alimentos y bebidas que se están consumiendo”, destacó.

El activista recordó que El Poder del Consumidor advirtió desde hace varios años que se debía declarar esta emergencia, y desde hace más de cinco años también lo exigió el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, quien depende de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Nosotros desde hace 10 años advertimos que tendría que haber una política que confrontara el alto nivel de consumo de bebidas azucaradas y de alimentos ultraprocesados, que se regulara la publicidad dirigida a niños y los alimentos en las escuelas; que se implementara un impuesto significativo no del 10 sino del 20 por ciento, y no se ha hecho nada, todo es una faramalla”, acusó el activista.

En el mismo sentido denunció que a pesar de que existe la regulación para las escuelas, no se está aplicando. Además criticó que la regulación de la publicidad dirigida a niños como “una farsa” esté diseñada por la industria, al igual que el etiquetado frontal de alimentos, el cual, recalcó, debería ser de advertencia.

“La autoridad no está cumpliendo y el resultado es éste: una epidemia de diabetes”, insistió.

“Hemos pedido que se aumente el impuesto al refresco, pero ha podido más el cabildeo de la industria sobre el Legislativo y sobre el Ejecutivo […] No sabemos por qué el Gobierno federal tardó tanto en declarar esta emergencia y no sabemos qué va a hacer, porque si no hizo nada para presionar ni los priistas que debían de seguir la política del Ejecutivo hicieron nada para aumentar los recursos para la prevención, de qué sirve esta declaración”, expuso.

También hizo un llamado a Narro Robles para que “dé ya un giro” con esta declaración de emergencia, que enfrente el problema y deje de “seguirle el juego” a la industria con el tema del ejercicio.

UN PAÍS DE GORDOS Y DIABÉTICOS

La acumulación anormal o excesiva de grasa abunda entre los mexicanos, y es por ello que México tiene la segunda tasa de obesidad más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), después de Estados Unidos, y la tercera en América Latina, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud⁠⁠⁠⁠.

Esta condición física tiene efectos en cadena: estéticos, psicológicos y en la salud física de las personas, ya que puede desembocar en diabetes mellitus tipo dos, enfermedades cardiovasculares, trastornos al aparato locomotor y algunos tipos de cáncer; es decir, algunas de las principales causas de muerte en el país.

Pero el problema no se queda en el ámbito de la salud pública, se extiende a una carga económica para el presupuesto familiar, los sistemas de salud y las finanzas públicas, de acuerdo con diversos estudios.

Sin considerar los factores genéticos, “el sobrepreso y obesidad es producto de estilos de vida poco saludables, en los que se combina una mala alimentación (por baja disponibilidad, poco tiempo…), generalmente rica en azúcares y/o grasas, con poca o nula actividad física (por falta de infraestructura, falta de tiempo, inseguridad…)”, expone el informe “Kilos de más, pesos de menos. Los costos de la obesidad en México”, realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).

Respecto a la primera causa, casi la mitad de la población mundial no tiene acceso a una alimentación adecuada, dijo esta semana Hilal Elver, representante especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el derecho a la alimentación. Por ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado aplicar subsidios para reducir el precio de la fruta fresca y los vegetales.

Fátima Masse, investigadora sobre temas de salud pública, expuso en entrevista con SinEmbargo que los índices de sobrepeso y obesidad no están sólo concentrados en la gente más pobre o con mayores niveles de ingreso. Pero los estilos de vida no favorecen la alimentación adecuada ni la actividad física.

“La Ciudad de México es una de las entidades con menor actividad física, y donde mayor gente trabaja más de 48 horas semanales e invierte el mayor tiempo de traslado para llegar al trabajo o a la escuela. Eso afecta la calidad de vida de los habitantes”, dijo Masse.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la más reciente, detectó que 48.6 millones de personas tienen sobrepeso o obesidad en México [32 y 38 por ciento, respectivamente], sobre todo en el nivel socioeconómico alto, en zonas urbanas y en el norte del país. De 2000 a 2012, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en adultos aumentó 15.2 por ciento.

“El sobrepeso y la obesidad afectan a 7 de cada 10 adultos mexicanos de las distintas regiones, localidades y niveles socioeconómicos”, resumió la encuesta.

De acuerdo con estimaciones del McKinsey Global Institute, la obesidad a nivel mundial impone costos equivalentes a 2.8 por ciento del PIB global, comparable a lo que generan los conflictos armados y el tabaquismo.

El IMCO explicó en su reporte que es un efecto dominó. Cuando alguien tiene sobrepeso u obesidad, primero afecta a su salud. Eso impone costos elevados de tratamiento (tanto para la familia como para el gobierno) y también afecta su productividad. Al reducirse la productividad de los trabajadores, por su parte, las empresas se ven afectadas.

“El sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas. Un trabajador que empieza a desarrollar síntomas de alguna de ellas es menos productivo por dos razones: el día que va al médico dejó de trabajar y por el gasto médico en sí. Si es una persona asegurada, los costos caen sobre el gobierno y si decide ir a un sistema privado, recae sobre su cartera. Lo que también es una pérdida de productividad son las muertes. En la economía se ve el valor productivo de la vida. Una persona tiene una de 50 años (de 15 a 65 años). Si muere a los 20, le quedaban 45 años de vida productiva. El salario que dejó de ganar es una pérdida”, explicó la también economista Fátima Masse.

IMPUESTO AL REFRESCO, ¿Y LOS RECURSOS?

El 90 por ciento de los recursos recaudados por el impuesto a bebidas azucaradas y alimentos en alto contenido calórico no fue destinado a programas de prevención contra la diabetes y el sobrepeso, denunciaron el 3 de noviembre pasado las organizaciones sociales que integran la Alianza por la Salud Alimentaria.

En el análisis “Una epidemia sin vacuna: la discusión fiscal y presupuestaria del año 2016 y la prevención del sobrepeso y la obesidad en México”, presentado por la Alianza, se expuso que la recaudación de esos impuestos ha sido de 33 mil 619 millones de pesos en 2015, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero ese dinero fue a dar a diferentes programas de salud, debido a que en la Ley de Egresos el recurso no fue etiquetado.

En México, recuerda la Alianza, siete de cada 10 adultos padecen sobrepeso u obesidad (69.4 por ciento de los hombres y 70.3 por ciento de las mujeres) y casi uno de cada tres niños se encuentran en la misma situación. “La prevalencia de estas condiciones se encuentra asociada con el aumento de enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular y ciertos tipos de cáncer, que causan 77 por ciento del total de las muertes en el país y cuyo costo en atención directa representó en 2008 aproximadamente 42 mil millones de pesos”, agrega.

“La idea es que la recaudación de este impuesto se vaya a atender estas enfermedades, que cada año le cuestan al Estado 80 millones de pesos. Pero sólo le está invirtiendo a la prevención menos del 10 por ciento que son como mil 300 millones de pesos ¿A dónde se está yendo el 90 por ciento? Es insostenible lo que se está invirtiendo versus lo que se está gastando”, explicó Luis Manuel Encarnación, director de Fundación Mídete.

Las asociaciones que integran esta iniciativa explicaron que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el Estado invierta la misma cantidad de dinero en tratamiento y en prevención, por ello exigieron que en la próxima Ley de Egreso de la Federación de 2016 se contemple etiquetar los recursos para programas específicos de prevención, que contengan objetivos claros y que integre políticas públicas.

LEGISLADORES SUBESTIMAN LA EPIDEMIA

Hace apenas siete días, la consultora Probatio presentó un análisis, realizado para la Alianza para la Salud Alimentaria, donde alertó sobre el recorte al presupuesto asignado para 2017 a la prevención de la diabetes, sobrepeso y obesidad, y también denunciaron que únicamente abarca “acciones, programas y estrategias aisladas” que no responden a una política pública de Estado efectiva.

Atzimba Baltazar, consultora de Probatio, aseguró que estos problemas de salud son “el riesgo sanitario más grande en nuestro país y el mundo en general” y, dijo, tienen implicaciones no sólo para quienes la padecen, sino para sus familiares, amigos, empleados y para la sociedad mexicana en general. Uno de ellos, destacó, es el costo de atención directa para obesidad y sobrepeso, que fue de 42 mil millones de pesos en 2008.

En tanto, Federico A. Cortés, también consultor Probatio, reconoció que el Gobierno federal ha implementado medidas para hacer frente a dichos problemas, entre ellas el lanzamiento en 2013 de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que contempló un gravamen al consumo de bebidas saborizadas y alimentos no básicos con alta densidad calórica, además del fortalecimiento a las acciones de prevención del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles.

Sin embargo, expuso, existe una “fragmentación institucional que ha impedido alinear todos los esfuerzos en una sola política nacional completa, articulada e integral en la materia”. Por ello destacó la urgencia de “realizar medidas diferentes que logren cambios, ya que al hacer lo mismo siempre se obtienen los mismos resultados”.

El análisis denominado “El legislativo y los nulos recursos para la prevención de la epidemia de obesidad y diabetes: De la estrategia a una política pública de Estado” alerta que la primera consecuencia de no implementar políticas articuladas se traduce en “la falta de información que permita saber el monto específico de los recursos que efectivamente se destinan a acciones de prevención, así como los programas a través de los cuales se ejercen estos recursos. Más preocupante aún, es la dificultad para valorar los resultados y el valor público que generan (o no) las distintas intervenciones gubernamentales”.

Ambos expertos coincidieron en que las autoridades, especialmente la Secretaría de Salud, a cargo de Narro Robles, debe realizar acciones para enfrentar esta epidemia y tal como ha recomendado la Organización Mundial de la salud (OMS), invertir en prevención.

Las políticas públicas, dijeron, deben estar instauradas en una Ley General para el Control y la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad con el fin de asegurar su continuidad, además de la integración intersectorial, la asignación de recursos y la evaluación adecuada de dichas políticas para la prevención de los padecimientos mencionados. “Una Estrategia es débil frente al cambio de administración, no garantiza la permanencia”, insistieron.

“Por ahora que la detengan y después la reviertan [la epidemia]”, exigió Baltazar, y destacó que el diseño de política en la prevención es lo más importante, ya que existen “esfuerzos dispersos y desarticulados porque no hay herramientas de política pública que permitan al Estado cumplir con sus obligaciones constitucionales en materia de salud y cumplir con sus compromisos internacionales y sexenales”, aseguró la consultora.