El Presidente de la Suprema Corte indicó que la institución no permitirá que defensores públicos sean presionados, después de que la Fiscalía General de la República abriera tres investigaciones en contra de la defensa de Brenda Quevedo Cruz, presa desde 2007 por el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.
– Con información de Romina Gándara
Ciudad de México, (SinEmbargo/AP).- El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió que no van a permitir presiones, chantajes para amedrentar el trabajo de las y los defensores públicos, ello ante las investigaciones que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) contra la defensa de Brenda Quevedo Cruz.
“Todas y todos los defensores públicos cuentan con el respaldo del Presidente de la Corte y del CJF (Consejo de la Judicatura Federal) (…) No podemos permitir que se trate de amedrentar, presionar a los defensores públicos. No vamos a permitir que se presione, chantaje o se ataque a los defensores públicos”, sostuvo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Zaldivar destacó que, en caso que el trabajo de los defensores públicos no fuera el adecuado, éste se tiene que ganar en los tribunales, pero que no se pretenda que se haga con tácticas intimidatorias porque –advirtió– no lo van a lograr.
“Algunas personas deben entender que ya pasaron los sexenios en que los protegían desde la Presidencia de la República. (…) En el Poder Judicial ni las jueces, ni los defensores nos dejamos presionar por nadie”, dijo ante las acusaciones que se hicieron a la defensa, las cuales, se estima fueron tras denuncias de la Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.
Ayer, La Defensoría Pública Federal y las Naciones Unidas condenaron que la Fiscalía General de la República (FGR) persiga a defensores de derechos humanos, esto después de que se diera a conocer que la institución dirigida por Alejandro Gertz Manero abrió tres investigaciones en contra de la defensa de Brenda Quevedo Cruz, presa desde 2007 por el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) recordó que el Estado no debe de obstaculizar el trabajo de personas defensoras, como ha sido establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por estándares internacionales.
“El #IFDP reitera la importancia de que se garantice el derecho a una defensa adecuada, sin que esta sea obstaculizada o que se generen climas hostiles hacia defensoras y defensores públicos. Seguiremos trabajando por el acceso a la justicia para las personas más vulnerables”, escribió la organización en Twitter.
El derecho a la defensa adecuada de las personas acusadas de un delito es una garantía fundamental ampliamente reconocida por el derecho internacional de los #DDHH. Para ser efectiva, dicha defensa debe realizarse sin interferencias, obstaculizaciones o acciones indebidas. https://t.co/NzWfR92IXW
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) February 16, 2022
Por su parte, la ONU declaró en redes sociales: “El derecho a la defensa adecuada de las personas acusadas de un delito es una garantía fundamental ampliamente reconocida por el derecho internacional de los #DDHH. Para ser efectiva, dicha defensa debe realizarse sin interferencias, obstaculizaciones o acciones indebidas”.
SCJN REVISA 100 CASOS RELACIONADOS AL ABORTO
Los abogados públicos de México revisan unos 100 procesos legales ligados a abortos en todo el país, indicó el miércoles en conferencia de prensa Arturo Zaldívar.
Zaldívar no aclaró cuántas personas podrían estar encarceladas o si las afectadas están llevando sus procesos en libertad. Solo dijo que hay casos por delitos como el homicidio en grado de parentesco y otros que son utilizados por los grupos conservadores para criminalizar a las mujeres que interrumpen su embarazo.
En septiembre, la Corte Suprema declaró inconstitucional la penalización del aborto tanto para las mujeres como para quien las ayuda y Zaldívar se comprometió a que abogados del Estado se encargaran de la defensa de quienes estaban siendo procesados por este motivo, generalmente mujeres sin recursos, indígenas o de zonas marginadas.
El fallo para que el aborto no sea considerada delito estableció un criterio obligatorio para todos los jueces del país, que deberán actuar en el mismo sentido si les llegan casos similares pero llevará tiempo el proceso de presentar amparos en cada estado o que los parlamentos locales decidan cambiar sus leyes para ajustarse a lo establecido por la Corte, máxime en un país tan católico como México.
