Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).– La Cámara de Diputados dejó pasar una oportunidad histórica para regular de forma integral la actividad del cabildeo o lobbying al interior de San Lázaro. Los legisladores aprobaron ayer una reforma acotada por la presión de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por diversos medios, diputados del PRI intentaron frenar la iniciativa planteada en abril de este año por Merilyn Gómez Pozos, legisladora por Movimiento Ciudadano (MC), que busca prohibir que diputados reciban regalos, dádivas, pagos en efectivo o en especie de parte de cabilderos, es decir, personas que representan a empresas y grandes consorcios, para obtener resoluciones legislativas favorable a sus intereses.

Primero, los priistas “rasuraron” la iniciativa en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para no incomodar a ex legisladores que hoy realizan lobbying mediante despachos propios o al servicio de consultorías.

En dicha comisión, modificaron el texto del artículo 264 que prohibía a servidores públicos realizar la actividad de cabildeo “hasta 2 años después de haber dejado sus cargos”, e impusieron una redacción más flexible “hasta 2 años después de haber sido cesados de sus cargos”, una sola palabra que cambia todo el sentido de la reforma.

Después, los priistas quisieron frenar la presentación del dictamen ante el pleno hasta en tres ocasiones. El motivo era presionar a la legisladora Merilyn Gómez Pozos para retirar del mismo artículo 264 la parte en donde se prohíbe que realicen cabildeo “los cónyuges y parientes (de diputados) por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado”.

“El dictamen lo bajaron tres veces, en tres sesiones continuas, arbitrariamente ya cuando estaba inscrito en el orden del día se bajaba de último momento, y el jueves pasado a mí me busca el Diputado (Francisco) Arroyo Vieyra, para decirme que si yo quería que pasara mi iniciativa yo tenía que quitar el candado de los familiares de funcionarios y diputados, si no, no iba a pasar. Así o más cantada”, dijo en entrevista con SinEmbargo, la Diputada Merilyn Gómez Pozos.

No obstante, a último minuto los priistas cedieron, y permitieron colocar en la reforma un “candado” para evitar que los propios legisladores en funciones o sus familiares realicen labores de cabildeo, gracias a la presión de la opinión pública, en medio del escándalo que sacude al Legislativo por el presunto cobro de un millón de dólares que realizaría la consultoría privada PricewaterhouseCoopers (PwC), por cada artículo no modificado en la Reforma Hacendaria del Presidente Enrique Peña Nieto.

La Diputada, quien también es vicepresidenta de la Mesa Directiva, celebró que se haya aprobado la reforma al reglamento de la Cámara de Diputados para prohibir que diputados y sus familiares realicen actividades de lobbying.

“Detectamos que era recurrente que diputados al terminar su cargo se daban cuenta de que es un negocio redituable y saliendo (terminando la legislatura) abrían su despacho de cabilderos, con los conectes dentro de la Cámara. Eso se da muchísimo, brincas de ser diputado a tener tu despacho de cabilderos y viceversa, desde allí puedes construir tu candidatura, y no está bien”.

LOS CABILDEROS

Entre los cabilderos acreditados destacan los relacionados con grandes corporaciones, entre estas megaempresas se encuentran la trasnacional cigarrera Philip Morris-Cigatam; las licoreras Pernod Ricard, Pedro Domecq y Casa Cuervo; la cervecera Grupo Modelo, Jugos del Valle, Kraft Foods de México y Nextel, así como las automotrices Daimler, Dart y Kenworth.

También están registrados personal contratado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México y la American Chamber of Commerce of México.

En el ramo educativo se observa la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la cual agrupa a las principales casas de estudios públicas y privadas de México, como son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico de Monterrey (ITESM).

En cuanto a despachos profesionales de consultoría, se enlistan PricewaterhouseCoopers, Grupo Estrategia Política, Open Lobbyng, Asesoría Estrategia Total y Consultoría Estrategia Primer Círculo.

La Diputada Merilyn Gómez Pozos aclaró que no tiene ninguna información sobre cabilderos que hayan incurrido en prácticas de soborno o presiones directas a legisladores. Reportó que sí han existido sanciones a cabilderos pero éstas han sido por actividades irregulares no graves, como prestar sus acreditaciones a compañeros no registrados o superar el número de cabilderos en una comisión legislativa.

“Han pasado detalles, sí que se les han retirado los gafetes de identificación como cabilderos acreditados por hacer mal uso de ellas, pero nada de dádivas a diputados, de eso no nos hemos enterado, pero también si pasa, no nos podemos enterar, no podemos estar las 24 horas cuidando al Diputado”, detalló la legisladora.

Cabe mencionar que en el Senado de la Republica no existe un registro de cabilderos, por lo que se desconoce el número de personas que realizan la actividad de lobbying al interior de la Cámara Alta.

No obstante esta práctica mal utilizada fue reprobada por la Senadora Dolores Padierna.

“A nosotros no nos pagan para los intereses de las multinacionales, ni para beneficiar un interés en lo particular, sino para tener mucha claridad de lo que necesita nuestra nación, nuestro país y el interés general de la población. Yo digo que los cabilderos deben estar prohibidos que el Congreso es soberano y debe decidirse exclusivamente por las y los legisladores”, subrayó la senadora perredista.

LA HISTORIA

Esta reforma tuvo su génesis en los primeros días de la actual legislatura, cuando la Diputada por Movimiento Ciudadano, Merilyn Gómez Pozos, fue comisionada a integrar el padrón de cabilderos. La intención era regular la actividad de lobbying, para evitar en estos tres años los legisladores se mantuvieran apartados de escándalos sobre presuntos sobornos, que se presentaron en legislaturas anteriores.

El escándalo más recordado ocurrió en 2005, cuando que el entonces Diputado por el Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Toscano, denunció que legisladores del PRI, PRD y hasta de su partido recibieron viajes de una empresa tabacalera, a cambio de votar contra un impuesto a los cigarros.

Como era de esperarse al inicio de esta legislatura, la Diputada Gómez Pozos recibió cientos de solicitudes de profesionales del cabildeo y representantes de consultorías, para realizar sus actividades. Asimismo, decenas de organizaciones civiles exigieron estar inscritas en el padrón, aunque tradicionalmente este espacio era reservado para aquellos que representaran sólo los intereses económicos de alguna empresa.

La legisladora emprendió una cruzada por garantizar el derecho a las organizaciones civiles a contar con un espacio para cabildear sus propuestas con los legisladores, pues existen muchos temas que diariamente se discuten en el Congreso y que afectan directamente a los intereses de grupos vulnerables, defensores de derechos humanos, organizaciones que velan por migrantes o incluso, aquellas que defienden los derechos de los animales.

Tras registrar a 252 cabilderos (255 personas morales y 27 físicas) y rechazar la solicitud de 290 aspirantes por no cumplir con los requisitos o por falsear información, la Diputada Merilyn Gómez inició la redacción de una iniciativa para regular esta actividad y de paso imponer candados que evitaran la corrupción o el conflicto de intereses entre legisladores.

POR FIN APRUEBAN DICTAMEN

Con 547 a favor, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Reglamento interno, para que los servidores públicos de esta instancia no realicen actividades de cabildeo durante el ejercicio de sus funciones, así como tampoco sus cónyuges y parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.

Prohíbe que diputados o su personal de apoyo acepten dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de persona alguna que realice cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir ilícitamente en las decisiones de los legisladores.

La reforma estipula que toda infracción a esta norma será castigada en términos de las leyes de responsabilidades o la legislación penal, según corresponda.

“Lo anterior, porque se debe ponderar realizar las funciones públicas de manera clara y honesta en beneficio de la sociedad, sin que medien suspicacias o actos que pongan en entredicho este actuar. Pues es de conocimiento general que en la actualidad existe, por parte de la sociedad, desconfianza hacia el ejercicio de los cargos públicos, y en particular, de la representación popular”, destacó el Diputado del Partido Verde, Arturo Camarena García, al fundamentar el dictamen.

La reforma establece que el número máximo de personas acreditadas para realizar dichas actividades de cabildeo en la Cámara de Diputados será de 20 por cada comisión y dos por cada persona moral inscrita, a diferencia del acuerdo realizado al inicio de la legislatura que permitía hasta tres cabilderos por persona moral.

Sin satanizar al cabildeo profesional, el dictamen aprobado la define como “toda actividad efectuada ante cualquier Diputado, órgano o autoridad de la Cámara para obtener una resolución o acuerdo favorable a los intereses propios o de terceros”.

El documento que se envió al Ejecutivo y entrará en vigor una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Si la Cámara de Senadores desea replicar esta iniciativa, deberá modificar su propio reglamento interno, a fin de regular el cabildeo.