El servicio del Presidente Calderón. Foto: Cuartoscuro

El 8 marzo de 2007, Felipe Calderón Hinojosa encabezó la presentación de lo que serían el eje su Gobierno: la llamada “estrategia” contra las drogas. Orgulloso, Genaro García Luna, padre de esa “política pública”, habló con la prensa, dio declaraciones a los medios. Tenía un enorme respaldo en ese momento, pero se volvería, en los años por venir, en el más poderosos del sexenio –después del Presidente, por supuesto–, capaz de someter a las Fuerzas Armadas a sus caprichos y habilitado para disponer de tanto dinero como fuera necesario.

Con apoyo presidencial, García Luna derrotó a todos los que se le opusieron, uno a uno; incluso a los militares. Y luego se convirtió en el portador de la filosofía de la administración, en el portador del mensaje: es la guerra, porque esa es –se predicó por todos los medios disponibles– la única alternativa para salvar al Estado mexicano del control del crimen organizado.

La administración difundió su filosofía apoyado por la prensa: más de 40 mil millones de pesos serían entregados –una cifra escandalosa e histórica para ese momento– en mantener bajo control a periodistas y medios. El mismo Presidente y su hombre fuerte se encargaron de “sumar” a organizaciones de la sociedad civil, a empresarios, a políticos y partidos, y a presuntos activistas. Con Calderón, ese 8 de marzo, estuvieron los presidentes de las comisiones de Seguridad de la Cámara de Diputados y del Senado, Rodrigo Medina de la Cruz (del PRI) y Ulises Ramírez Núñez (del PAN); el Gobernador de Sonora y empresario Eduardo Bours; y la presidenta de la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera.

Han pasado más de 12 años de aquello. Hoy podemos asumir que fue exactamente lo contrario de lo que se dijo: ese evento fue, sin más, el protocolo por medio del cual el Estado mexicano se rindió ante crimen organizado. Si Genaro García Luna es hallado culpable, como seguramente sucederá, quedará asentado que los cientos de miles de muertos y desaparecidos fueron consecuencia de una guerra planeada para servir al Cártel de Sinaloa, al Cártel de los Beltrán Leyva y a otros, como Los Zetas.

García Luna (cercano no sólo a Calderón, sino a su familia, al cuarto de guerra y al equipo compacto) no es acusado de cooperar con criminales: es acusado de narcotráfico. Cobró, según los testimonios, un porcentaje de los cargamentos de droga. Era parte de la estructura criminal. Y a la vez, el acceso directo al entonces Presidente de México.

García Luna no es un hombre simple, sometido a un juicio: es el ex funcionario mexicano de más alto rango, en toda la historia, en ser juzgado como traficante de drogas. Porque en aquellos años, después de Calderón, ni los militares. Porque en aquellos años, después de Calderón, sólo el poder de Genaro García Luna. De ese tamaño era. De ese tamaño es el juicio.

García Luna es el individuo que llevaba en los hombros el mayor encargo del Presidente de México en turno. Y ahora podemos suponer cuál era ese encargo.

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Es un favor que le hacen al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sea deliberado o no, es un favor. Porque no veo cómo Genaro García Luna iba a ser juzgado en México. Creo, para mi propio desencanto, que acá no había forma, no hay forma.

La noticia desde Estados Unidos era demasiado fuerte y desvió toda la atención, pero fue de pena ajena que la Fiscalía General de la República dijera, poco después que el Departamento de Justicia, que ya mero iba por García Luna. Fue como un “es que casi, casi lo teníamos nosotros”. Y luego, la Unidad de Inteligencia Financiera, también, se salió con que había cuentas congeladas pero que los bancos no respondían todavía. Y hasta el viernes –el arresto fue el martes– Santiago Nieto anunció la denuncia contra el ex Secretario de Seguridad Pública federal. Carajo.

Muy en el combate a la corrupción, muy con esa bandera, pero apenas tienen a un abogado, Juan Collado, y a una ex Secretaria, Rosario Robles. Dos piezas muy menores en un año. Doblemente carajo.

Yo se que tienen cifras de cuentas congeladas y bienes repartidos. Pero un golpe a la corrupción, lo que se dice un golpe a la corrupción, no se ha dado.

¿Y Carlos Romero Deschamps? ¿Y Gerardo Ruiz Esparza? ¿Y Alberto Elías Beltrán? Los menciono porque desde el Gobierno federal se han mencionado. ¿Y Emilio Lozoya Austin? ¿Ni siquiera él? (Y ya no decir de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón o de Vicente Fox; ya ni irse a la prehistoria, donde se esconde un Carlos Salinas).

¿Y Jesús Murillo Karam? ¿Y Tomás Zerón? ¿Y Eduardo Medina Mora?

¿Qué tan ineficiente es la justicia mexicana que ni siquiera han podido traer a César Duarte, cuya investigación no tiene que hacer el Gobierno federal porque ya la hizo el Gobierno de Chihuahua?

Lo importante de que Estados Unidos haya capturado a García Luna no es García Luna, siquiera, sino los baldes de lumbre que caerán hacia arriba, hacia los lados y hasta abajo de García Luna. El mensaje que manda Estados Unidos, y esto debería darnos algo de vergüenza, es que no hay perdón ni para los que cooperaron con su gobierno. Esa es la importancia que tiene este arresto, y el Gobierno del Presidente López Obrador debería entender la señal que se manda.

¿Y los de la Estafa Maestra? ¿Y los de la Estela de Luz? ¿Y los encargados del saqueo de combustibles en Pemex durante el Gobierno de Peña?

Híjole, sí, mejor que los gringos se movieran porque acá no tienen prisa.

Se agradece que se reconozca el trabajo de las periodistas Ana Lilia Pérez y Anabel Hernández desde una mañanera. Pero sirve de nada –y muchos estaríamos más agradecidos– si sus investigaciones, que tanto gustan al nuevo Gobierno, no tienen consecuencias.