El acceso a la información es la base de una sociedad democrática, es el derecho del pueblo a la información sobre los ejercicios del gobierno y en ello, juega un papel fundamental la vigilancia de que su ejercicio se haga en beneficio del interés colectivo y no de los intereses privados, es decir, el acceso a la información es la base para vigilar y evitar que las instituciones públicas sean capturadas por los intereses económicos, por las grandes corporaciones globales que tienen un poder, en muchos casos, mayor al de los gobiernos, pero, también, evitar que sean capturadas por grupos políticos y por el propio crimen organizado.

Ha sido recurrente que se clasifique información como de seguridad nacional en este gobierno y en anteriores. Pero, ¿cuántos casos no han sido develados a través del derecho al acceso a la información?, casos paradigmáticos que han sido fundamentales para el ejercicio democrático en nuestro país.

La defensa que el actual gobierno ha hecho de Assange contrasta con la iniciativa de desaparecer el órgano que garantiza en nuestro país el acceso a la información.

Es un hecho que Julian Assange develó documentos clasificados en Estados Unidos como de seguridad nacional y que el INAI ha sido muy limitado en sus capacidades para dar acceso a información que debería ser pública. Sin embargo, el INAI ha sido un producto del proceso democrático en México. Que no ha sido suficiente, que ha sido limitado, es cierto, pero la alternativa no es desaparecerlo, es reformarlo, fortalecerlo.

Pongamos como ejemplo del derecho a la información, incluso, aquella información que se filtra y que ha sido clasificada como de seguridad nacional por otros gobiernos. Se trata de la información obtenida a través de la filtración de documentos por parte de Assange y Wikileaks que es fundamental para darle magnitud a la disputa de los Estados Unidos contra México en el caso del atinado y valiente decreto presidencial frente a los transgénicos y el glifosato.

Assange y Wikileaks revelaron información secreta del gobierno de los Estados Unidos que demuestra sus crímenes de guerra, también reveló como el gobierno estadounidense actúa al servicio de las grandes corporaciones secuestrando las políticas de otras naciones. Este es el caso de su actuar a favor de la empresa Monsanto que ha encabezado en México una serie de procesos jurídicos contra la prohibición de la siembra de transgénicos y el uso del glifosato. Y es a Monsanto a quien sirve, principalmente, el gobierno estadounidense en la disputa comercial contra México por el decreto del presidente López Obrador contra el uso de maíz transgénico en la elaboración de la tortilla y el retiro del uso del herbicida glifosato.

Entre los documentos revelados de cómo el gobierno estadounidense sirve a estas empresas con sus cómplices en otras naciones, destacan aquellos que presionan, en complicidad con organismos financieros internacionales, para la introducción de transgénicos en naciones extranjeras. En 2007, Craig Stapleton, en ese momento embajador de Estados Unidos en Francia, en un comunicado al gobierno estadounidense le pidió que se preparara para la guerra comercial contra los países renuentes a introducir las semillas transgénicas de Monsanto, recomendó establecer represalias a esas naciones para “dejar claro que el camino actual tiene costes reales para los intereses de la Unión Europea y podría ayudar a fortalecer las voces europeas favorables a la biotecnología. De hecho, los partidarios de la biotecnología en Francia nos han dicho que las represalias son la única forma de empezar a dar la vuelta a este asunto en aquel país”. Se recomendó así “calibrar una lista de objetivos de represalias que cause cierto dolor en toda la Unión Europea, ya que se trata de una responsabilidad colectiva, pero que también se centre en los mayores culpables”.

La programación de la introducción de las semillas transgénicas por parte de Monsanto ha dictado las estrategias del gobierno estadounidense, como el determinar cuáles regiones, cuáles países, serían los más rentables para la comercialización del producto. En documentos filtrados se identifica a Tailandia, por ejemplo, como un lugar ideal para el cultivo de maíz transgénico para destinarlo a la exportación considerando la barata mano de obra de ese país y su infraestructura. En el documento revelado por Wikileaks se identifica que Perú podría ser un destinatario de ese grano ya que, incluso, con los costos del transporte a través de dos océanos, sería más rentable que enviarlo a Perú desde Brasil o Argentina. Esto da idea del dominio del mundo y el servicio del gobierno de Estados Unidos a Monsanto.

¿Cómo es que interfiere con este ordenamiento del mundo por parte de Monsanto, ahora propiedad de Bayer, el decreto presidencial y la prohibición de siembra de maíz transgénico en México que es centro de origen de este cultivo?, ¿qué es lo que está en juego? Por lo pronto, sabemos que en la disputa comercial ya no se habla del glifosato, es decir, el gobierno de Estados Unidos al saber que la evidencia científica sobre los daños de este herbicida es abrumadora y creciente, ya no cuestiona la prohibición de su uso. La disputa la está realizando en términos puramente comerciales. La pregunta es si el riesgo que representa incorporar en nuestra tortilla una mayor cantidad de residuos de glifosato a través del maíz transgénico no es suficiente para prohibirlo en su elaboración. Pensamos que es más que suficiente.

Sin embargo, lo que enfrentamos es esta maquinaria que no solamente pone al gobierno estadounidense y todo su poder al servicio de Bayer-Monsanto, también a organismos financieros detrás, que como demuestran documentos filtrados por Assange actúan de respaldo a estas políticas.

El acceso a la información es una garantía de la democracia y no debe de haber impedimentos para ella, solamente en casos muy extremos en que sea evidente la seguridad nacional. Pero nunca estos impedimentos, estas restricciones, deben jugar al servicio de estrategias comerciales o de poder que pongan por encima de los derechos humanos, sean en el país o en una nación extranjera, los intereses privados de corporaciones, de grupos políticos o criminales. Este debería ser un principio internacional, parte de un convenio en Naciones Unidas, ya que se trata de un atentado a los derechos humanos.

México está enfrentando ejemplarmente a estas potencias, al gobierno estadounidense al servicio de las corporaciones de los transgénicos y los agrotóxicos, una posición reconocida recientemente, el 11 y 12 de diciembre en Ginebra, Suiza, durante la reunión del Convenio de la Diversidad Biológica, por varios países, una posición en la defensa de la biodiversidad, de los maíces nativos, de los pueblos originarios y sus sistemas de cultivo biodiversos que se han mantenido frente a los propósitos de homogenización y dominación de las corporaciones agroalimentarias globales cuyo propósito es dominar el mercado de semillas, tener la patente de las semillas, que los campesinos tengan que comprarles en cada ciclo de siembra, las semillas con el paquete de agroquímicos, que ya no puedan seleccionarlas, intercambiarlas y mantener la gran diversidad que nos han dado de maíces, con todas sus variedades que son base de la rica diversidad de nuestra cultura culinaria basada en el maíz y la milpa.

Ese es su objetivo principal, apoderarse de las semillas y de los sistemas alimentarios, y el decreto es una amenaza a esa estrategia de penetración.

Alejandro Calvillo

https://www.sinembargo.mx/author/calvillo

Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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