Viviendas abandonas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“La solidaridad del pueblo se dejó sentir con fuerza y combatividad a escasos tres días”. Foto: Nacho Ruiz, Cuartoscuro

Hoy se cumplen 49 años del triple asalto bancario realizado en la Cd. De Chihuahua. Tenía previsto rememorar este episodio histórico que pocos conocen, al cumplirse el medio siglo, esto es, el próximo año, pero desistí. “No vaya a ser que la COVID-19 me lo impida”, reflexioné. Así que me adelanté.

El 15 de enero de 1972 se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua la “Operación Madera” encabezada por tres comandos integrados mayormente por jóvenes estudiantes: “Arturo Gámiz”, “Oscar González” y “Carlos Armendáriz”, –en memoria de los caídos en el Asalto al Cuartel de Madera en 1965 y apoyo al Partido de los Pobres de Lucio Cabañas—los cuales realizaron acciones expropiatorias en forma simultánea en tres bancos.

El operativo fue un fracaso que dejó una estela de detenidos, torturados y muertos, entre ellos, Diego Lucero, fundador del grupo Guerrillero “Grupo N”, en varios estados de la República, pero generó también una profunda indignación de la sociedad, por la brutal represión del gobernador Oscar Flores, quien, además de torturar y asesinar a mansalva a los guerrilleros detenidos, impuso en toda la ciudad el estado de sitio y el patrullaje militar, lo que irritó a los ciudadanos.

La solidaridad del pueblo se dejó sentir con fuerza y combatividad a escasos tres días. El 18 de enero, destacamentos de colonos de la Col. Francisco Villa, de estudiantes y pueblo en general, realizaron una manifestación frente al Palacio de gobierno para exigir el respeto a la vida de los prisioneros.

Días más tarde, la Asamblea Popular convocada en la Plaza de Armas, en su primera sesión, crea el 24 de enero el Comité de Defensa Popular (CDP) y define cuales son las dos condiciones que toda organización, debe acatar para integrarse:

1.– Debe ser independiente respecto al Gobierno y sus organismos.

2.– No ser organización “fantasma”, sino poseer base social.

Al CDP se integraron de inicio:

1.– Sección 25 del STERM (Sindicato de Trabajadores Electricistas).

2.– Sección VIII del SNTE (Sindicato de Maestros).

3.– Sindicato de la UACH (Universidad Autónoma de Chihuahua).

4.– Sindicato de Aceros de Chihuahua.

5.– Movimiento Sindical Ferrocarrilero (MSF) de la Sección V del STFRM.

6.– Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM).

7.– Frente Auténtico del Trabajo (FAT).

8.– Colonia “Francisco Villa”.

9.– Consejo Estudiantil de Lucha (sociedades de alumnos; Comités de lucha de la Universidad y del Instituto Tecnológico de Chihuahua, de la Normal del Estado y el Frente Estudiantil Democrático).

Mas adelante se incluyeron también:

10.– La colonia “Emiliano Zapata” (creada al calor del CDP).

11.– Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento.

12.– Sindicato de Estibadores de la Empresa Santa Fe.

Como se podrá apreciar, el CDP aglutinó desde sus inicios a las distintas fuerzas sindicales, populares y estudiantiles que actúan en el movimiento de masas de Chihuahua, y estableció una política inicial de Frente Amplio de Masas, conjugando los intereses de dichas fuerzas a partir de planteamientos comunes y tareas inmediatas:

Se las comparto:

1.– Que se destituya de sus cargos y se consigne al Procurador de Justicia Antonio Quezada Fornelli y al jefe de la Policía del Estado Ambrosio Gutiérrez, a quienes la Asamblea Popular señala como los principales responsables de los asesinatos de Diego Lucero, Ramiro Díaz Ávalos y Gaspar Trujillo, asesinados en prisión.

2.– Que se traslade a Francisco Pizarro de la prisión de Lecumberri, en el D.F, a la Penitenciaría del Estado.

3.– Procesamiento judicial de los dos patrulleros que asesinaron al estudiante Víctor Manuel Ruíz Castañeda, asesinado por “confundirlo” con uno de los guerrilleros.

4.– Pronunciamiento Público de la Asamblea Popular en considerar revolucionarios a los expropiadores y no delincuentes como señala el Gobierno.

La “Operación Madera” detonó condiciones sociales y políticas e incluso religiosas en contra del régimen gubernamental opresor, reaccionario y represivo iniciado a partir de las décadas de los 60 y 70, lo que contribuyó a desarrollar el movimiento de masas y fortalecieron su conciencia social.

Todas las organizaciones que se incorporaron al Comité de Defensa Popular, así lo consideraron. La revista Punto Crítico dio cuenta de ello. Veamos algunas declaraciones que publicó:

Héctor Morales, entonces dirigente local del Sindicato de electricistas (STERM) declaró: “Fueron las expropiaciones del 15 de enero, las que dieron un impulso al movimiento que se gestaba, pues ya agrupados dentro del CDP, logramos conjugar el interés particular del sindicato con el interés popular”.

Adán Sigala, líder de la colonia Francisco Villa, por su parte dijo: “Sentimos como todos a raíz de los asaltos, una gran inquietud por las matanzas, por lo que organizamos el domingo 23 (de enero) un mitin para decidir qué hacer; decidimos que había que hacer una denuncia para parar a la policía, aunque había quienes pensaban que esa denuncia nos traería más represión” y agregó: “Como a la represión ya estamos acostumbrados, decidimos sacar un manifiesto donde hacíamos responsable al Gobierno de las muertes, de acuerdo a las pruebas que teníamos”.

También los estudiantes, a través del Comité Coordinador Estudiantil Universitario, señalaron en carta abierta a la opinión pública: “Ante esta ola de crímenes no descansaremos por desenmascarar a los verdaderos culpables. Estaremos pendientes de que el pueblo tome conciencia de lo que realmente está pasando, de la importancia que tiene este momento no sólo para nuestro Estado, sino para la vida general del país… y justificaremos siempre la respuesta que dé el pueblo a la violencia ejercida por los poderosos”.

Las acciones del 15 de enero repercutieron incluso en sectores considerados “no políticos y conservadores” como la Iglesia. La conciencia cristiana no pudo permanecer a la expectativa sobre todo lo que el pueblo sentía y comentaba.

Ejemplo de ello, son las declaraciones del líder de la democracia cristiana Alfredo Domínguez, entonces dirigente del Frente Auténtico del Trabajo, que cuestionó el que se acusara como delincuentes a los guerrilleros:

“Quienes infringen la ley son los banqueros, los que abusando de las garantías que otorga la Constitución roban todos los días al pueblo y no los que tratan de restituirlo”.

Y no sólo eso. Pregunto a los periodistas. “¿Podemos ampararnos bajo la misma ley que protege a quienes asesinan por la espalda, a los que encarcelaron, torturaron y asesinar al Ingeniero Diego Lucero y luego quisieron hacerlo aparecer como muerto en encuentro con la policía?”.

El 28 de enero empezó a circular un manifiesto firmado por el arzobispo de Chihuahua, Monseñor Adalberto Almeida y Merino, en el que se condena “La violencia institucionalizada que da origen a la violencia de respuesta” y se denuncia “al sistema como causante de las injusticias y desigualdades sociales que provocan la acción de los que se sienten comprometidos con el pueblo y consideran un deber, poner solución a esos males”.

Toda la iglesia de Chihuahua hizo eco de ese posicionamiento y dio misas y sermones por los muertos y detenidos. Además, exhortó a los feligreses a cambiar (textual) “su actitud individualista”.

Días después el cardenal de Cd. Juárez, Talmas Camandari y los jesuitas, hicieron también eco de los “excesos del gobierno (textual) e hicieron declaraciones también en términos muy similares a los del arzobispado.

Si el virus de la COVID-19 no se me atraviesa, compartiré otra entrega más de esta historia que vale la pena difundir, en especial, a las nuevas generaciones a las que les han ocultado ese trágico pasado que enfrentaron sus abuelos, padres y madres. Por lo pronto, espero sus comentarios y opiniones. Saludos y cuídense.