A ojos del Presidente, al prohibir las Mañaneras no solo se atenta contra la facultad de la autoridad para informar a la ciudadanía, se lesionan también los derechos políticos del Ejecutivo para defenderse de sus enemigos. Foto: Cuartoscuro.

La decisión de las autoridades electorales para suspender la difusión de la conferencia de prensa diaria que ofrece la Presidencia, la llamada Mañanera, durante dos meses en las próximas elecciones, se ha convertido en el nuevo escenario de batalla. López Obrador afirma que se trata de un acto de censura y una decisión política de adversarios que se escudan bajo el pretexto de ser autoridades electorales imparciales, cuando en realidad no lo son. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral afirma que simplemente está aplicando la ley y busca impedir que las autoridades utilicen recursos y espacios de comunicación social para inclinar la balanza de la opinión pública a favor de sus candidatos o en detrimento de los candidatos de la oposición. Se menciona, incluso, que esa legislación data de los tiempos en que el partido ahora en el poder militaba en la oposición y se quejaba de la intervención abusiva de los gobiernos del PRI y del PAN en las campañas; o se recuerda la famosa frase de López Obrador en 2006, “cállate chachalaca”, para denunciar públicamente al Presidente Fox por sus continuas intervenciones en el proceso electoral.

Parecería, entonces, que simplemente se trata de aplicar la ley y punto. Pero no es tan sencillo. En ningún lugar de la Constitución se menciona a las Mañaneras, obviamente, ni tampoco obliga al mandatario del país o a las autoridades a suspender la información que compartan a la comunidad sobre actividades pertinentes al público. Temas de educación, salud, protección civil, entre otras no pueden ni deben ser suspendidas por razones obvias, incluso durante la veda electoral. La ambigüedad procede del hecho de que las Mañaneras son ambas cosas: el espacio que el Gobierno ha venido utilizando para informar y explicar temas relevantes, pero también la arena pública que López Obrador aprovecha para polemizar con sus adversarios políticos, que se convertirán en oposición electoral en las próximas semanas. En el debate que nos ocupa, Presidencia enfatiza el primero de estos dos usos de la Mañanera, mientras que el INE se concentra en el segundo.

A ojos del Presidente, al prohibir las Mañaneras no solo se atenta contra la facultad de la autoridad para informar a la ciudadanía, se lesionan también los derechos políticos del Ejecutivo para defenderse de sus enemigos. Él argumenta que utiliza las Mañaneras para responder a la desinformación distorsionada y de mala leche que se publica en los medios para dañar a su Gobierno; y como los periódicos (convencido como está, de que se encuentran en poder de la oposición) no van a suspender su campaña de desprestigio durante esos dos meses, silenciarlo equivale a dejarlo indefenso para ser acribillado por sus atacantes.

Por su parte, el INE pone el énfasis en la legítima aspiración de los partidos de oposición a tener condiciones imparciales para competir frente al partido en el poder y asumen que la extendida difusión de las Mañaneras pone en riesgo ese equilibrio. Presidencia propone evitar alusiones a las campañas y sus actores políticos durante ese período en las Mañaneras; el INE interpreta que AMLO no se someterá a esas restricciones y pide simple y llanamente suprimirlas. Para el instituto electoral se trata de la aplicación de la ley; para Palacio Nacional la decisión es un castigo político y un acto de intolerancia inadmisible.

Lo cierto es que la ley es parte del problema. Nos llenamos de trincheras y restricciones cada vez más difíciles de aplicar en el intento de buscar procesos electorales imparciales. En ese sentido, México tiene una de las legislaciones más intervencionistas del mundo. Un ejemplo es el intento de controlar los gastos de campaña, que obligó a construir una casi imposible medición de gastos de publicidad a través de la auditoría 24/7 de todas las radios, televisoras y periódicos del país. Una operación absurda e imposible para intentar detectar el bulto, aunque siguieran existiendo el resto de las malas artes para el financiamiento ilegal de las campañas. López Obrador tendría razón al quejarse de la sospechosa puntillosidad del INE cuando dejó pasar operaciones visiblemente delictuosas como la estafa maestra, la obvia intervención del Gobierno en 2006 o las famosas tarjetas Monex en 2012. Incluso en casos en que la autoridad reconocía la existencia de crímenes electorales, convenientemente decidía que estos no afectaban el resultados de las elecciones. En suma, para López Obrador la intervención del IFE, ahora INE, por lo general ha servido para utilizar un andamiaje legal y formalista, exigente en los detalles, pero que en última instancia busca la legitimación de los candidatos relacionados con los partidos de siempre.

Dicho lo anterior, las autoridades del INE no lo tienen fácil. Resulta muy arduo mantener la imparcialidad con leyes tan ambiciosas en una realidad tan volátil y ambigua como la política mexicana. Por no hablar de la dificultad para ser árbitro cuando una de las partes descalifica y denuesta sistemáticamente, por nombre y apellido, a la autoridad electoral. Los ataques en las redes sociales a Lorenzo Córdova, presidente del INE, y por AMLO en la Mañanera misma, no son el mejor antecedente para que este funcionario salga a informar personalmente de la decisión de suprimir la Mañanera.

No importa como concluya este debate, la solución dejará inconformes. Suprimir las conferencias de prensa será considerado un acto autoritario y revanchista; dejarlas como están terminará por constituirse en campo fértil para las denuncias puntuales, porque habrá muchas frases del Presidente que de manera inevitable serán interpretadas como promoción de un voto (o un anti voto). Lo más probable es que, tras un litigio jurídico, el asunto termine en una formulación intermedia que no satisfaga a nadie. Mañaneras deslactosadas de contenido electoral, durante el período de las campañas. Algo que el Presidente difícilmente cumplirá, o por lo menos no a oídos de críticos y opositores.

En una sociedad madura y responsable este entrampamiento tendría que conducir a la reformulación de las leyes para asegurar más fidelidad al espíritu y menos a la forma, en la búsqueda de procesos electorales justos e imparciales. Pero en una sociedad tan políticamente crispada como la nuestra, el legislar este asunto podría convertirse en un verdadero infierno. Esperemos que las campañas de este verano no lo sean. Tranquilas no van a estar.

@jorgezepedap