Organizaciones civiles respaldan el caso de Irene Cruz Zuñiga, a quien el Estado tardó 14 años en poner atención, después de que una mala práctica médica durante el parto le quitara la facultad motriz y del habla.

Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Carlos Cruz, hermano de Irene estuvo presente en la entrega de firmas. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Ciudad de México,17 de noviembre (SinEmbargo).- Las mujeres indígenas del país son las que más sufren violencia obstétrica, de acuerdo con Amnistía Internacional. Después de 14 años de una mala cesárea realizada a Irene Cruz Zúñiga por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxiaco, Oaxaca, su familia sostendrá el 20 de noviembre una reunión con el director de esa institución, José Antonio González Anaya, para que sean reparados los daños.

Hoy, los familiares de Irene, con el apoyo de Amnistía Internacional, entregaron en las oficinas centrales del IMSS 8 mil 600 firmas de ciudadanos que se sumaron a la exigencia de justicia y reparación integral al plan de vida de la afectada.

Chasel Colorado Piña, coordinadora de incidencia Amnistía Internacional, lamentó que sean las mujeres indígenas del país las más vulnerables a la violencia institucional de los servicios públicos de salud durante las atenciones relacionadas al parto.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que ha fungido como representante legal de la familia Cruz, sostuvo que este caso se ha vuelto paradigmático por la negligencia de las autoridades a reconocer el perjuicio ocasionado. Incluso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tardó 14 años para hacer una recomendación sobre el tema.

“La recomendación fue producto de que Fundar llevó este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en octubre del año pasado, eso hizo que se tomarán muchísimas medidas. Desafortunadamente, los 14 años no sorprenden, porque son las barreras que hay a la justicia para gente que no tiene la capacidad económica para moverse continuamente en los tribunales”, dijo Colorado.

Pese a que el caso fue abierto en la Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora llamada Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y el 21 de agosto del 2012 estuvo presa momentáneamente la anestesióloga que atendió a Irene, María de Lourdes Franco Vásquez, ésta salió bajo fianza y un año después el Primer Tribunal Unitario determinó que el delito había prescrito.

“Aún cuando la ley diga que todos tenemos acceso a la justicia, no se facilitan medidas para que todos puedan accesar a la justicia”, dijo Colorado.

Por su parte, la recomendación de la CNDH 32/2015 ya fue aceptada tanto por el IMSS, como por el Gobierno de Oaxaca. Ene esta se plantea atención médica vitalicia para Irene y su hijo, una beca para el infante hasta el término de sus estudios, supervisar y verificar que se cuente con el equipo médico para cesáreas en Oaxaca, y que se capacite en derechos humanos tanto al los médicos del IMSS, como al personal de la Fiscalía.

Por su parte, el hermano de Irene, Carlos Cruz Zúñiga, explicó que la condición física de su hermana se ha deteriorado, y ha sido la familia quien la cuida. “No quisiera que esto le pasará a otros vecinos, a las mujeres de la comunidad de donde yo soy”, dijo en un evento público frente a las instalaciones del IMSS en la Avenida Paseo de la Reforma.

Amnistía recordó que tanto la recomendación como el acuerdo judicial exigen a las autoridades que estos hechos no se repitan tanto en el ámbito de salud, como en el de la procuración de justicia.

Un informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) destacó que entre enero del 2014 y julio de 2015, 266 mujeres que fueron víctimas de este tipo de violencia interpusieron quejas ante las secretarías de salud de sus estados, sin embargo, no existe la atención y seguimiento de los casos. El 48 por ciento de estas mujeres viven en el estado de Guerrero.

CASO EN QUERÉTARO

Debido a un nuevo caso de violencia ginecobstétrica que, esta vez, causó la muerte de una paciente de 38 años de edad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 39/2015, dirigida al titular del IMSS, José Antonio González Anaya.

De acuerdo con lo referido en la Recomendación, la mujer con 35 semanas de gestación, falleció por omisiones atribuibles a personal del Hospital General de Zona 3 en San Juan del Río, Querétaro.

Al examinar las evidencias en los expedientes CNDH/5/2013/5972/Q y CNDH/5/2013/6069/Q, integrados en respuesta a las quejas presentadas por el esposo y la hermana de la víctima, la CNDH encontró violaciones a la salud materna y al derecho a la vida de la mujer.

Recomendó al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reparar los daños al esposo de la víctima y a sus tres hijos, incluyendo el pago de una compensación, así como la atención psicológica que corresponda.

También se les debe inscribir en el Registro Nacional de Víctimas, para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Y para garantizar que casos como éste no se repitan, se deberá solicitar a los médicos copias de sus certificaciones y recertificaciones emitidas por los Consejos de Especialidades Médicas que acrediten su actualización, conocimientos y experiencia.

Además se sugiere también capacitar al personal en materia de derechos humanos con perspectiva de género; y conocimiento, manejo y observancia de Normas Oficiales Mexicanas para que el personal pueda atender de manera correcta casos de este tipo.

–Con información de Notimex