La relatora filipina, quien visitó Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua y Guerrero, afirmó que los conflictos relacionados con los derechos de la tierra continúan siendo un “asunto crítico fundamental” sin resolver. Afirma que hay una falta de voluntad política para combatir el problema.

La relatora instó a el Gobierno mexicano a reconocer sus responsabilidades por los problemas de esta comunidades y adoptar medidas decididas.

México, 17 nov (EFE).- La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, subrayó hoy que México tiene asuntos pendientes con estas comunidades, como los vinculados con la tierra y los desplazamientos forzosos, aunque no se ve “voluntad” por parte del Gobierno para solucionarlos.

Tauli-Corpuz presentó hoy su informe preliminar al término de su visita oficial a México, desarrollada desde el 8 de noviembre, y que da seguimiento a la realizada por su predecesor Rodolfo Stavenhagen en 2003.

Resaltó que México tuvo un “papel protagónico” en la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otras acciones internacionales. Sin embargo, a nivel nacional, este compromiso “no ha quedado reflejado adecuadamente”.

“Hay una falta de voluntad política”, así como una carencia institucional que lleva a no entender adecuadamente los derechos de los pueblos.

La relatora filipina, quien visitó Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua y Guerrero, afirmó que los conflictos relacionados con los derechos de la tierra continúan siendo un “asunto crítico fundamental” sin resolver.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, la reforma agraria “respondió eficazmente a las demandas de derechos sobre la tierra” y “no es necesaria mayor discusión sobre esta cuestión”.

Aún así, Tauli-Corpuz constató que la reforma “no ha sido eficaz para la resolución de disputas sobre la tierra”, y se debería impulsar una respuesta “integral” basada en los actuales estándares internacionales sobre derechos de pueblos indígenas.

Otro problema, el desplazamiento forzado, es “particularmente preocupante y exige una acción urgente por parte del Estado”, ya que los esfuerzos, hasta ahora, son “insuficientes”.

Este fenómeno nace de la presencia del crimen organizado, caciques y otros grupos armados que han causado “un clima de violencia, impunidad y desintegración social y cultural”, aseveró la relatora.

Tauli-Corpuz destacó que “en los últimos años ha aumentado la preocupación sobre grandes proyectos promovidos por el Gobierno”, que incluye los mineros, de hidrocarburos, agroindustriales y de energía eólica, entre otros, y las cuestiones relacionadas con la consulta y el consentimiento libre, previo e informado.

“Los procesos de consulta no han sido previos por naturaleza, ya que las decisiones para autorizar dichas actividades ya habían sido tomadas”, señaló.

Frente a ello, pidió privilegiar un “diálogo en términos de igualdad”, porque la única manera de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU es “no dejando a nadie atrás”.

En cuanto a participación política, Tauli-Corpuz dijo que “persisten numerosos obstáculos” para ello, al igual que “prácticas indebidas”, como presiones sobre los indígenas para condicionar su voto en las elecciones.

También aplaudió los progresos que se han hecho recientemente, como la facilitación para acceder a los certificados de nacimiento, y vio como un “muy buen avance” el registro de la indígena María de Jesús Patricio, Marichuy, como aspirante a candidata independiente para las presidenciales de 2018.

Sobre acceso a la justicia, la relatora remarcó que quedan pendientes de resolución casos de “extrema violencia” contra los pueblos indígenas, que incluyen delitos como asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones y tortura.

Para las comunidades es “especialmente difícil” acudir a la justicia, por razones como la distancia física hasta las instituciones y las barreras lingüísticas, enumeró.

En su visita, la relatora pudo reunirse con más de 200 representantes de comunidades indígenas, pertenecientes a 23 pueblos.

Además, se encontró con representantes de instituciones como la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Energía, así como con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

Tauli-Corpuz lamentó que el nivel de diálogo con las autoridades gubernamentales fue “a veces limitado”, aunque agradeció al Gobierno la invitación y permitir que llevara a cabo su misión “de manera independiente”.

“El Gobierno mexicano debería reconocer sus responsabilidades por los problemas descritos y adoptar medidas decididas para mostrar un verdadero compromiso para cumplir con los derechos de los pueblos indígenas”, concluyó.