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Pedro Mellado Rodríguez

18/03/2023 - 12:05 am

Diputados del PRIAN en Nuevo León juegan al borde del abismo

“El gran riesgo es que en Nuevo León se genere un clima de ingobernabilidad que pueda obligar a la intervención del Senado de la República que, al considerar que pudiera presentarse una fractura del orden constitucional, en la cual los poderes públicos dejaran de ser funcionales en beneficio de la sociedad, podría declarar que han desaparecido los poderes en esa entidad y nombrar a un gobernador interino (…)”.

Cosas graves están pasando en Nuevo León, por el empecinamiento de un Congreso dominado por la oposición de PAN y PRI, que pretende imponerle condiciones arbitrarias e invadir áreas de competencia del Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, que llegó al cargo postulado por el partido Movimiento Ciudadano y quien está en una situación política frágil, pues su partido es minoría en el legislativo estatal.

Guardadas las proporciones, aunque no con la misma profundidad, el mandatario de Nuevo León tiene que lidiar con una oposición tan férrea como la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta en el Congreso de la Unión, en donde la oposición de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano no le ha permitido realizar reformas constitucionales de gran calado y ha impugnado muchas de las reformas que ha concretado por la vía de las leyes secundarias.

El pasado martes 14 de marzo del 2023 el Juez Octavo de Distrito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, concedió una suspensión temporal al Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, contra resoluciones y actos del Congreso de Nuevo León, y contra un decreto ya aprobado, que pretendería restarle al mandatario atribuciones constitucionales.

La resolución del Juez deja sin efectos inmediatos, hasta en tanto se resuelve el asunto de fondo, el Decreto 340 que engloba las reformas de 27 artículos de la constitución de Nuevo León, aprobadas el pasado 22 de febrero del 2023, entre ellas la que le quita al Gobernador la facultad de veto en el proceso de elección del Fiscal General de Justicia de la entidad.

De la misma manera, el decreto aprobado pretendería legalizar la injerencia del Congreso de Nuevo León en la designación de funcionarios estatales; les acreditaría a los legisladores la facultad para promulgar decretos y nuevas leyes, potestad que corresponde al Ejecutivo estatal y, además, elaborar el presupuesto de egresos de la entidad sin la intervención del Gobernador.

Argumenta el Juez Faustino Gutiérrez Pérez en su resolución que “la aplicación del acto reclamado tendría efectos retroactivos en perjuicio del quejoso, quien como Gobernador asumió el cargo bajo una normatividad preexistente conforme a la cual puede integrar su Gabinete”. Las reformas a la constitución estatal se aprobaron con 29 votos, 14 de diputados del PAN, 13 del PRI y dos más de diputadas independientes.

En respuesta a esta decisión del Juez, el Congreso de Nuevo León decidió, con voto mayoritario de PRI y PAN, más los sufragios de dos legisladoras independientes, iniciar un paro indefinido de actividades, lo que propiciaría una grave perturbación en la vida pública en la entidad.

Los panistas y priistas de Nuevo León le reclamaron al Juez que vulnere la facultad soberana del Congreso de legislar, por lo que exhortaron al Consejo de la Judicatura Federal para que investigue al funcionario judicial. Además, aprobaron que la Dirección Jurídica adscrita a la Oficialía Mayor del Poder Legislativo de Nuevo León lleve a cabo las denuncias penales, administrativas, así como otro tipo de acciones jurídicas en relación a los hechos.

El pasado viernes 10 de marzo del 2023, 13 diputados locales de las fracciones de Movimiento Ciudadano, Morena y Partido Verde, promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para impugnar las reformas aprobadas por legisladores priistas y panistas.

Esta acción jurídica, basada en el artículo Artículo 105 de la Constitución General de la República establece que las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre las reformas aprobadas por el Congreso de Nuevo León y la Constitución de la República.

El pasado jueves 2 de febrero el Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al Gobernador de Nuevo León, García Sepúlveda, ante la pretensión de sus opositores en el Congreso del estado, de someterlo a juicio político para destituirlo.

“Está resistiendo una presión que tiene que ver con los chantajes, con lo que eran los moches de antes, que había que darle a los partidos del presupuesto; incluso a los diputados se les entregaba el moche para obtener los votos”, señaló en su conferencia matutina.

“Apoyamos al Gobernador”, reiteró López Obrador ante el inicio del juicio político que, fundamentalmente, dijo, se debe a que no tiene la mayoría en el Legislativo y sus adversarios querían imponerle un presupuesto que no aceptó.

López Obrador explicó que, en el fondo, la oposición quiere obligar al Gobernador de Nuevo León a asignar recursos a empresas públicas supuestamente autónomas, que en realidad son manejadas por gente vinculada a los partidos, que pretenden bloquear a Samuel García.

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, podría promover una controversia constitucional contra los excesos del Congreso de Nuevo León, para que la máxima autoridad jurisdiccional del país declare inválidas las reformas que pretenden invadir la esfera de competencias del mandatario estatal.

El criterio jurídico que sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que las controversias constitucionales son juicios mediante los cuales se resuelven los conflictos que ocurran entre los poderes, Ejecutivo, Legislativo o Judicial, o bien entre los niveles de Gobierno, federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México, por una invasión de esferas de competencia que contravengan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para que proceda la controversia constitucional es necesario que el ámbito de competencia de quien promueva el juicio se vea afectado por un acto concreto o una disposición de carácter general, “por ejemplo una ley, reglamento o decreto, que sea contrario a lo que dispone la Constitución federal”.

El gran riesgo es que en Nuevo León se genere un clima de ingobernabilidad que pueda obligar a la intervención del Senado de la República que, al considerar que pudiera presentarse una fractura del orden constitucional, en la cual los poderes públicos dejaran de ser funcionales en beneficio de la sociedad, podría declarar que han desaparecido los poderes en esa entidad y nombrar a un Gobernador interino que convocara a elecciones, como está contemplado en el artículo 76 de la Constitución General de la República.

Este conflicto entre poderes en Nuevo León podría derivar en un delicado clima de ingobernabilidad, en el que desapareciera “la razonable capacidad de mando, de conducción política y de disciplina democrática”, como advierte el jurista Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la Política, publicada por el Fondo de Cultura Económica (Tercera Edición 2002).

En Nuevo León podría perderse “la armónica relación entre ‘actores estratégicos’ de una comunidad (…) entre aquellos que tienen suficiente poder para alterar el orden público, impulsar o detener el desarrollo económico o, en general, afectar la marcha de la sociedad, ya sea porque posean determinantes bienes de producción, o muevan organizaciones de masas, o tengan influencia sobre la maquinaria administrativa del Estado”, explica el jurista Borja.

En un clima de ingobernabilidad, el Senado de la República tendría que integrar una comisión que dictaminara sobre la ruptura del orden constitucional en Nuevo León, como establece la Ley Reglamentaria del Artículo 76 constitucional: “Corresponde exclusivamente a la Cámara de Senadores determinar que se ha configurado la desaparición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de un Estado y hacer la declaratoria de que debe nombrarse un Gobernador provisional”.

La petición para que el Senado analizara la delicada situación en Nuevo León podría ser promovida por senadores, diputados federales o por ciudadanos de la entidad. Si el Senado determinara que han desaparecido los poderes constitucionales en Nuevo León y que es necesario nombrar a un Gobernador provisional, solicitaría del Presidente de la República la presentación de una terna para que, de entre las personas que la compongan, se hiciera el nombramiento respectivo.  En ningún caso se podría nombrar al gobernador provisional de entre las personas que formaron parte de los poderes desaparecidos en el momento de la declaratoria.

El mandatario provisional tendría que convocar a elecciones de Gobernador y de diputados locales, las cuales deberían efectuarse dentro de los seis meses siguientes a su nombramiento. Al mismo tiempo, tendría que hacer la designación provisional de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, quienes podrían ser confirmados cuando tomaran posesión de sus cargos los nuevos integrantes del congreso local.

Lo deseable es que con apego a la ley, el Poder Judicial de la federación ponga freno a los excesos y abusos del Congreso de Nuevo León, dominado por los afanes intervencionistas y las desbordadas ambiciones de diputados locales de PRI y PAN. Sin embargo, si el conflicto en Nuevo León se agravara, podría tener serias consecuencia para el Gobernador, los diputados locales y los integrantes del Poder Judicial, pues todos están jugando en el borde del abismo. Pero al final, quien perdería más, como siempre sucede, sería la gente de Nuevo León.

Pedro Mellado Rodríguez
Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.
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