Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).– El gobierno de Guanajuato, encabezado por Miguel Márquez Márquez, entregará hoy a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), los resultados de la implementación de las 13 recomendaciones que el organismo hizo a la administración estatal para evitar la declaratoria de una Alerta por Violencia de Género (AGV) ante el incremento de los femincidios en la entidad.

El Gobernador panista ha asegurado en diversas ocasiones que su administración cumplió con estas recomendaciones y no será necesario emitir la Alerta; sin embargo las organizaciones sociales, en especial el Centro Las Libres, principal promotor de la solicitud de la AGV, han adelantado que aunque no conocen el documento que este día entregará la administración estatal, pueden decir que el gobierno no va a cumplir con las recomendaciones.

En este contexto, la organización ha advertido que si no se declara la Alerta de Género en la entidad, la decisión será un tema político y no jurídico.

Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro las Libres, consideró que la AGV, para Márquez Márquez y para el gobierno federal representa un problema político. “Porque lo que está evidente con la Alerta de Género y estos ejercicios es que a nivel nacional y en ningún estado del país existe la política de género en materia de violencia contra las mujeres. Es decir, por eso tenemos que recurrir las organizaciones preocupadas por el problema a este mecanismo”.

Las Libres advierten que si no se declara La Alerta de Género, se entenderá que la decisión responde a un tema político y no jurídico. Ante ese escenario, la organización planea agotar las instancias locales e incluso internacionales para que se cumpla le ley.

LA ALERTA NEGADA

El 10 de julio de 2014, la Conavim entregó al gobierno de Guanajuato 13 recomendaciones para acabar con la violencia feminicida en la entidad, como parte del proceso legal con el que podría emitirse una AGV en la entidad. Luego de que la administración de Márquez Márquez aceptó las recomendaciones, la Comisión otorgó un plazo de seis meses para que se cumplieran en su totalidad. El plazo venció el pasado 10 de enero.

Las recomendaciones que la Comisión hizo al gobierno de Guanajuato son:

• Realizar programas de capacitación y profesionalización permanente en materia de derechos humanos y perspectiva de género para las y los servidores públicos encargados de la procuración e impartición de justicia, así como de las demás instituciones encargadas de la atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, que les permita fortalecer sus capacidades y conducir adecuadamente la integración de las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación o, en su caso, de los expedientes de atención, con la debida diligencia y perspectiva de género, brindando la mayor protección a las mujeres víctimas de violencia y sus familiares, asé como la emisión de sentencias con perspectiva de género.

• Fortalecer al Instituto de la Mujer Guanajuatense dándole la estructura que requiere para las actividades prioritarias que realiza. Este fortalecimiento debe ir acompañado del presupuesto y recurso humano, material e institucional para hacer una tarea eficiente, de acuerdo a lo establecido en la Recomendación General 6 de la CEDAW de 1988.

• Elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, de acuerdo con la definición que de éstos y éstas se hace en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

• Rediseñar el banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, para administrar la información de todas las instancias involucradas en la atención y sanción de la violencia contra las mujeres de toda la entidad, con el fin de realizar estadísticas y diagnósticos periódicos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones de esta violencia e instrumentar políticas públicas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres.

• El grupo de trabajo propone establecer, de manera permanente, una instancia de seguimiento de la violencia feminicida, conformada por el Consejo Estatal -en especial la PGJE de Guanajuato, las organizaciones de la sociedad civil que trabajen el tema de violencia feminicida y la/el representante legal, las víctimas y sus familiares, siempre que éstas así lo deseen respecto del estudio de sus casos concretos en la sesión correspondiente, en coordinación con el Poder Judicial del Estado, para vigilar, emitir propuestas y proponer políticas públicas encaminadas a mejorar la actuación de las y los servidores públicos respecto a la atención de la violencia feminicida.

• Adecuar por especialistas y publicar en el Periódico Oficial, los protocolos de investigación sobre la no localización de mujeres y de los delitos de feminicidio, violencia intrafamiliar y violación de mujeres, para llevar a cabo la investigación, sanción y reparación integral de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y evitar la impunidad en la 66 comisión de estos ilícitos, tomando en consideración los instrumentos internacionales en la materia, así como los protocolos ya existentes, generados por organismos internacionales y nacionales, con base en una perspectiva de género.

• Generar protocolos de actuación especializados para los cuerpos de policía municipales y estatales, los cuales deben incorporar perspectiva de género, para la eficaz prevención y atención de casos de violencia contra las mujeres.

• Llevar a cabo todas las adecuaciones administrativas y normativas para cumplir cabalmente con lo establecido en la Ley General de Víctimas, y la Ley General de Acceso, a efecto de que la reparación del daño se realice de manera integral, bajo un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género.

• Especializar y fortalecer la atención que brindan los Cemaiv a las mujeres en situación de violencia, atendiendo de manera integral estos casos mediante el trabajo coordinado con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, en concordancia con lo establecido en la Ley General de Acceso.

• Crear un programa de atención a hombres generadores de violencia para que sean atendidos con programas basados en perspectiva de género.

• Generar campañas permanentes de alcance estatal con perspectiva de género, en las que se fortalezca la promoción de la prevención de la violencia de género y feminicida; haciendo alusión a la transformación de patrones culturales, al ciclo de la violencia, a los derechos humanos de las mujeres, a los tipos y modalidades de la violencia y a las conductas comprendidas en ellos. Asimismo, es necesario que dichas campañas muestren a la mujer como sujeta de derechos.

• Asumir la responsabilidad tanto en el ámbito estatal como en los 46 municipios frente al problema de la violencia contra las mujeres. Reforzar todas las medidas necesarias para mandar el mensaje de “cero tolerancia” a la violencia perpetrada contra las mujeres, estableciendo un conjunto de acciones para que todas las autoridades estatales y municipales sean portadoras de dicho mensaje.

• El grupo de trabajo considera necesario: i) realizar el cambio de denominación del delito de violencia intrafamiliar a violencia familiar, así como la denominación del delito de abusos eróticos sexuales al de abuso sexual; ii) revisar y, en su caso, adecuar las penalidades para los delitos sexuales y el de violencia intrafamiliar; iii) revisar y discutir si los delitos relacionados con violencia sexual y violencia intrafamiliar contra las mujeres por su impacto, deben ser perseguidos de oficio; iv) revisar la tipificación de delito de estupro; iv) establecer, con perspectiva de género, la reparación integral del daño en el tipo penal de feminicidio y demás delitos contra las mujeres; v) elevar la edad en el agravante del delito de violación establecida en el artículo 181 y, vi) derogar el artículo 219 de dicho ordenamiento.

Este día, la administración de Márquez Márquez entregará su informe donde dará a conocer cómo se cumplimentaron cada una de estas recomendaciones.

“Nosotras no sabemos qué va entregar el gobierno. Lo que nosotras sí sabemos es que mes con mes solicitamos vía acceso a la información a cada una de las dependencias obligadas en cada una de las recomendaciones, qué nivel de cumplimiento tenían”, detalló la directora de Las Libres.

En entrevista con SinEmbargo, la activista explicó que con esa información, ellas pueden determinar que las 13 recomendaciones “no tienen cumplimiento”.

“Y no nos quedamos ahí, lo que hicimos fue ir con cada uno de los poderes, es decir con el poder Judicial, con el Legislativo y el Gubernamental, para preguntarles [con el presidente del supremo tribunal, con las comisiones obligadas en las recomendaciones del Congreso local y con la oficina que estaba encargada, del gobierno del estado, en liderar el cumplimiento de las recomendaciones y preguntarles una a una cómo iban”, abundó.

Con esta información, sostuvo Cruz, “nosotras podemos valorar que no van a cumplir”.

Detalló que la parte más contundente es la realidad. “Lo que motivó a Las Libres a solicitar, dos veces la declaratoria de alerta, por violencia femenicida, por los feminicidios de 2013 [73] y los feminicidios de 2014 [67] sigue vigente. Es más, todavía peor, el 2015 apenas llevamos 15 días y ya llevamos 5 feminicidios”, dijo.

La PGJE tiene el registro de que 58 mujeres fueron asesinadas el año pasado en la entidad. Sin embargo, de acuerdo con una solicitud de información a la dependencia realizada por el diario Zona Franca, únicamente 18 casos fueron clasificados como feminicidios, mientras que el conteo del Centro Las Libres orroja un total de 67 feminicidios en el mismo lapso de tiempo.

La tendencia se mantiene con respecto al 2013, cuando la cifra oficial fue de 71 asesinatos de mujeres guanajuatenses.

En este panorama, Verónica Cruz aseguró: “Para nosotras la motivación sigue vigente. Es decir, desde nuestra perspectiva, si las 13 recomendaciones se hubieses cumplido a cabalidad algo se debería de notar y algo se debería de traducir en el ambiente social en Guanajuato: que hubiera un mensaje claro de que la violencia contra las mujeres no se va a tolerar. De que hay sanción y no se sigue abonando a la impunidad y por lo tanto los feminicidas van a recibir castigos ejemplares, como una reeducación para el resto de los hombres violentos”.

La activista reconoció que efectivamente hay cosas que se ven y que se sabe por la prensa que el gobierno estatal ha hecho para cumplir con la Conavim. “Pero no son el cumplimiento cabal de las 13 recomendaciones, como dice el reglamento”, aseguró.

Ejemplificó que una de estas recomendaciones es la capacitación y profesionalización a quien procura y administra justicia, “porque ahí está el centro del problema, la impunidad, la forma en qué investigan”. Sin embargo, aunque ellas solicitaron la información de las acciones realizados en estos seis meses, se les otorgó información de 2012, de 2013. “Pero no sólo eso, primero no tienen qué ver con la temporalidad, pero además no tienen qué ver con la temática, y no tiene qué ver con especialistas”, denunció.

“No estamos pidiendo todas las acciones que el gobierno ha hecho en materia de capacitación. Estamos diciendo cómo la capacitación y profesionalización la han dirigido en estos seis meses con relación al problema, que es la violencia feminicida en Guanajuato.

“No sólo la violencia familiar, no sólo la violencia de pareja, no sólo lesiones, sino la violencia feminicida. Más allá, cómo esa capacitación y profesionalización se ha traducido en sentencias con perpectivas de género, en sentencias donde no hay impunidad, en sentencias donde no impera el criterio arcaico de género de los jueces, es decir, donde para ellos, las mujeres siguen siendo culpables de lo que les pasa”, precisó.

Sin embargo, la activista consideró que uno de los ejemplos más claros, sobre cómo el gobierno estatal no ha cumplido a cabalidad con las 13 recomendaciones, es que a pesar de que tenían que mandar un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y pese a que tuvo muchas oportunidades para hacerlo, no se realizaron acciones contundentes para lograrlo.

La activista dijo que el año pasado hubo diversos casos de funcionarios públicos que golpearon a sus esposas, y recordó también el caso de la reportera del diario El Heraldo, Karla Silva, quien fue brutalmente golpeada en las instalaciones del medio por ordenes del Alcalde de Silao. Pese a ello, dijo Verónica Cruz, “hubo mutis total en la parte gubernamental, nadie salió a repudiar la violencia contra las mujeres en estos casos”.

Con ello, consideró, el gobierno envió un mensaje que en la entidad “se vale” este tipo de violencia. “No sólo no mandaron el mensaje cero tolerancia, sino de una permisibilidad incluso de los funcionarios públicos de alto nivel”, refirió.

La activista comentó que otra de las recomendaciones en las que el gobierno de Guanajuato no cumplió en su totalidad, se trata de diversas campañas de difusión que tenían que llevar a cabo para andar el mensaje de cero tolerancia a la violencia y para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

“Hay un solo anuncio que dice: ‘Yo, tú, nosotras tenemos derecho a una vida libre de violencia’”, reprochó. Sin embargo consideró que eso no es suficiente cuando cada vez que una mujer va a denunciar no hay atención de calidad, si no no hay atención en las noches o los fines de semana, si no hay el personal capacitado, si no están los recursos especializados.

Incluso acusó que esas campañas “siguen responsabilizando a las mujeres de la violencia vivida y no van dirigidas a los agresores”, y agregó que por eso motivo “existe la violencia, por la desigualdad y por el abuso de poder que ellos ejercen”.

Cruz explicó que la ley es muy clara en este aspecto, por ello como el Gobernador aceptó las recomendaciones a cabalidad, en consecuencia el reglamento señala que tiene que cumplir las 13 acciones al cien por ciento, sino lo que sigue es declarar la Alerta por Violencia de Género.

Agregó que para eso se le otorgaron seis meses al gobierno de Guanajuato para “dar la oportunidad de que mostrara toda la voluntad política, y todos los recursos necesarios y volcara toda la capacidad para mostrar si se tomaban en serio el problema”.

“El problema es ése”, dijo la activista, quien planteó que el gobierno estatal “no se tomó en serio el problema y que sigue cuestionando si tienen o no un problema”.

Acusó que las autoridades sólo quisieron cumplir con las recomendaciones de acuerdo a su criterio. “El gobierno de Guanajuato era el obligado a resolver este problema en esta primera etapa y eso no pasó”, adelantó.

La organización Las Libres considera que la declaración de la Alerta de Género en la entidad es necesaria, debido a que pese al plazo de seis meses y a las 13 recomendaciones, el gobierno de Guanajuato no tomó en serio el problema y los feminicidios siguen y “eso es lo que a las peticionarias nos motiva”, dijo.

“Lo que nosotras queremos es que se resuelva el problema. Para nosotras la Alerta de Género es el mecanismo que tenemos hoy en una ley, que podría resolver el problema del feminicidio si se ponen serios los gobernantes”, aseguró.