Las elecciones son entes vivos que están en sintonía con la información de los escándalos políticos y eso define estrategias electorales y compromisos ciudadanos. Foto: Venustiano Madero, Cuartoscuro

Las elecciones estatales de 2016 estuvieron marcadas por los escándalos de corrupción política, es decir, por “acciones y acontecimientos que implican ciertos tipo de trasgresión que son puestos por la prensa en conocimiento de terceros y que resultan suficientemente serios para provocar una respuesta pública” (Thompson, 2001).

En los doce estados donde se celebraron elecciones en mayor o menor grado estaban en curso escándalos y demandas sociales contra los gobernantes corruptos que dejarían, más o menos, las finanzas públicas en bancarrota y con un fuerte endeudamiento público.

Más todavía, la mayoría de ellos eran estados consumidos por la violencia criminal, donde la gente lo percibía como la expresión de la descomposición política que se vivía y por tanto era un incentivo para buscar el cambio especialmente en cuatro estados donde el PRI nunca había perdido una elección de gobernador (Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas).

En una investigación periodística de Sinembargo.mx encontró que en los siete estados donde el PRI perdió las elecciones se mezclaban pobreza, violencia, y paradójicamente sus gobernadores en esas circunstancias, incrementaban los gastos en publicidad política como un mecanismo de revertir tendencias desfavorables. Van los cuatro casos más documentados:
Tamaulipas, un estado emblemático del trasiego de drogas y la violencia criminal, el gobierno de Egidio Cantú gastó más de mil millones de pesos en publicidad lo que representa el 38% de lo invertido en materia de seguridad pública.

En Chihuahua, con un tercio de la población en condiciones de pobreza, y ocupando el octavo lugar nacional en homicidios dolosos, el gobierno de César Duarte invirtió en publicidad 675 millones de pesos que fueron insuficientes no solo para no salir derrotados sino para ser exhibidos por el gobierno de Javier Corral como un gobierno profundamente corrupto que llegó al extremo de realizar triangulaciones de dinero público para favorecer triunfos de su partido en otros estados de la república.

En Quintana Roo, un estado bello y famoso por el trasiego de drogas colombianas, era gobernado por Roberto Borge quien al terminar su mandato huyó a Panamá donde fue detenido por la policía de aquel país a pedido de las autoridades judiciales nuestro y fue repatriado el pasado 3 de enero. Ahí, se habían gastado inútilmente 512 millones de pesos en publicidad para contrarrestar la imagen de corrupción, impunidad y desprestigio de su gobierno.

Finalmente, está el caso de Veracruz, que fue gobernado por el hoy reo Javier Duarte, artífice de una red de corrupción que ha dejado literalmente quebrado al estado y para lo que no fue suficiente todo el dinero gastado en publicidad política para evitar una derrota estrepitosa de su partido. Durante su mandato los grupos criminales hicieron lo que quisieron especialmente contra el gremio del periodismo que tuvo que pagar una cuota muy alta en vidas.

Esta atmosfera terrible que se vivió y se vive todavía en estas entidades federativas, la percepción social de que todo se debía a la corrupción que permitía que ocurriera y el activismo de candidatos dispuestos a utilizar mediáticamente el tema favoreció la activación de nuevos votantes, abstencionistas y el desplazamiento de franjas del voto tradicional priista, que al final serían definitivos para el triunfo del PAN, solo o en coalición.

¿Ha cambiado la percepción en la antesala de elecciones concurrentes que se celebraran el 1 de julio? No, al contrario, podríamos decir que ha empeorado para el PRI porque el caso Chihuahua ha revelado una dimensión sí bien intuida, nunca documentada por un gobierno estatal, y que es parte del saqueo que se ha hecho de las finanzas públicas para destinarlo a las campañas de este partido en otros estados.

Es decir, hay a todas luces un delito de financiamiento ilegal sorprendentemente del partido en el gobierno, que no debería ser así por muchas razones pero en especial porque es el que recibe más recursos públicos de la federación y los estados para a su actividad política.

Y ese delito mayor que hoy se denuncia con todas las evidencias pone en entredicho la actuación de los organismos electorales destinados a investigar y castigar este tipo de hechos porque siendo un delito recurrente, un modus operandi, resulta inexplicable que ni el IFE, ni la FEPADE, hayan tomado cartas en el asunto sino con su actuación opaca lo han tolerado y estimulado al punto que se ha devaluado nuestra frágil democracia.

Bien lo ha dicho Javier Corral, el gobierno del estado está haciendo su trabajo defendiendo la su soberanía y demandando recursos, al mismo tiempo que persigue y detiene a los delincuentes electorales, ahora es responsabilidad de las otras instituciones hacer su trabajo para atacar la pirámide del financiamiento ilegal.

Sin embargo, lo que como sociedad estamos viendo es una morosidad asombrosa, que pareciera no les interesa desmantelar el principal factor de la inequidad en la competencia electoral y hacerlo en este momento en que están en curso el proceso electoral es refrendar su inmovilismo que ha sido también su modus operandi.

Afortunadamente, las elecciones son entes vivos que están en sintonía con la información de los escándalos políticos y eso define estrategias electorales y compromisos ciudadanos, como sucedió en los comicios estatales de 2016, y este año que tendremos elecciones concurrentes cómo nunca antes visto, el insumo del escándalo será definitivo en la decisión del voto de amplias capas de la población votante.

Y eso, habrá de volver a castigar al PRI, y a muchos de sus candidatos.
Quizá, por el control de daños, la PGR ya liberó ordenes de extradición de César Duarte.