Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– La detención en Estados Unidos de Héctor Javier Villarreal Hernández, ex tesorero de Coahuila durante el gobierno del priista Humberto Moreira Valdés, abrió de nuevo la herida de la profunda crisis financiera en el estado. Tanto legisladores como activistas y líderes sociales del país pidieron la extradición de uno de los responsables de la “megadeuda” en la entidad, así como una investigación profunda del caso.

Al terminar la administración Moreira Valdés, en 2011, se reveló que el estado adquirió una deuda pública de más de 35 mil millones de pesos, y que además se contrató a través de operaciones ilícitas, falsificación de documentos y sobornos. Dos hombres involucrados en el caso, y muy cercanos al entonces Gobernador, están siendo investigados en Estados Unidos. Pero ninguno de ellos es el ex mandatario.

Javier Villarreal Hernández se entregó esta semana en El Paso, Texas, para enfrentar cargos por realizar “transacciones financieras relacionadas con el producto de una actividad ilegal”. Se encuentra preso en San Antonio y podría enfrentar una condena de hasta 20 años de cárcel.

Otro de los funcionarios que los fiscales de Texas investigan es el ex Gobernador interino, Jorge Juan Torres López, quien ocupó el cargo de Humberto Moreira cuando éste se convirtió en aspirante y luego en líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Actualmente, Torres López, un hombre cuya carrera política fue impulsada por Moreira, se encuentra prófugo de la justicia.

Humberto Moreira Valdés estudió recientemente un Máster en Comunicación en Barcelona, España, con una beca del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que consiguió tiempo después de renunciar a su cargo como dirigente nacional del tricolor, debido a la presión que las acusaciones en su contra pusieron a la imagen del entonces candidato del PRI a la Presidencia de México, Enrique Peña Nieto.

A pesar de que en diversas ocasiones se le ha pedido a los gobiernos federal y estatal investigar y deglosar dónde, cómo y en qué se gastaron los 35 mil millones de pesos que dieron origen a la crisis financiera de la entidad, el caso no ha sido prioridad en el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, como tampoco lo fue con Felipe Calderón Hinojosa.

Sin embargo, ayer  los senadores Luis Fernando Salazar y Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional (PAN), propusieron un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) que extradite a Javier Villarreal e implemente protocolos para detener al resto de los responsables de la deuda.

Un día antes, el Obispo de Saltillo, Raúl Vera López, solicitó al gobierno federal pedir la repatriación de los recursos económicos y bienes que se le aseguraron a Villarreal Hernández en Estados Unidos y que se continúe con el proceso en México.

Tanto el religioso defensor de los derechos humanos como los legisladores panistas coinciden en que el gobierno de Coahuila, que encabeza actualmente Rubén Moreira Valdez, no moverá un dedo para esclarecer las ligas de su hermano con Villarreal y con la aún inexplicable “magadeuda”.

Al llamado de extradición se unió el coordinador de los senadores perredistas, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien opinó que el gobierno mexicano debe retomar el caso de Javier Villarreal.

En un comunicado, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) expuso que Villarreal Hernández es pieza clave para deslindar las posibles responsabilidades del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, “por lo que el gobierno mexicano debe solicitar su extradición”.

El Senador exigió una investigación a fondo de los hechos que dañaron las finanzas de Coahuila, entidad que, dijo, se encuentra inmersa en una difícil situación económica y de inseguridad.

El Senador del PRD opinó que los hechos de corrupción cometidos en Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira son “expediente abierto” y de ninguna manera el caso está cerrado, a pesar de la detención del ex tesorero Villarreal Hernández.

LA COMISIÓN DE ANÁLISIS 

Apenas hace unas semanas, el Congreso de Coahuila creó una Comisión para el análisis del impacto de la deuda pública contraída en el período constitucional 2005-2011 [el de Humberto Moreira] del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, que comenzará a operar aproximadamente en mayo próximo.

La comisión analizará el origen y destino que se le dio a los recursos aprobados durante la pasada legislatura. Tendrá la facultad de solicitar  información necesaria para cumplir con el objetivo de la comisión y podrá convocar a través del Poder Ejecutivo a los funcionarios de las áreas de la administración pública estatal que cuenten con información relacionada.

La propuesta fue anunciada por el Gobernador Rubén Moreira durante su segundo informe de gobierno.

En su discurso aseguró que la deuda bancaria contratada durante el gobierno de su hermano Humberto no se justifica, por la forma en que se consiguieron las líneas de financiamiento, es decir, con documentos falsos.

“Fue su opción al desarrollo. Pero una cosa que no se puede justificar de la deuda es la forma en la que se pidieron los créditos”, dijo el mandatario estatal.

“Debe haber un balance, tal vez una deuda más moderada. Mucha austeridad como le hacemos nosotros. Hay economías que viven en el déficit y andan siempre pidiendo, yo creo que hay que ser moderado. Luego dicen que mi gobierno es medio aburrido”, comentó.

DETRÁS DEL “MOREIRAZO”

Desde que se dio a conocer el monto de la deuda que Coahuila había adquirido, Humberto Moreira se ha intentado deslindar de las acusaciones. Primero dijo que la deuda se había originado después de que él dejó la gubernatura. Pero la Auditoría Superior del Estado evidenció que la deuda se había empezado a delinear desde 2008.

Después, Ricardo Fuentes Flores, ex administrador general de Políticas Públicas del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC), difundió un video en el que supuestamente le explicaba a Moreira lo ocurrido con las finanzas del estado y le pedía disculpas.

Humberto afirmó que había sido “engañado” por Fuentes Flores y Villarreal Hernández  y que no sabía nada. Sin embargo, el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ernesto Cordero Arroyo, afirmó que Moreira era responsable de la deuda y de los créditos irregulares para el endeudamiento.

De acuerdo con las investigaciones en EU, Villarreal y Torres López son responsables de gestionar inversiones en ese país con dinero de las finanzas de Coahuila. A través de la contratación de créditos ilegales durante la administración de Moreira, los ex funcionarios lavaban dinero procedente del erario público estatal.

En noviembre pasado, la Fiscalía de Texas presentó formalmente cargos por fraude y lavado de dinero contra el ex Tesorero y el ex Gobernador interino Jorge Juan Torres López, ambos militantes del PRI.

Villarreal Hernández había pisado la cárcel dos veces –una en México y otra en Estados Unidos– y en ambas ocasiones se le dejó ir, a pesar de tener acusaciones de  fraude, falsificación de documentos en la contratación de la deuda coahuilense y simulación de actos jurídicos.

El ex tesorero de Humberto Moreira es señalado como uno de los personajes claves en el “Moreirazo” que dejó a la entidad sumida en un déficit por 35 mil millones de pesos, y a él con una riqueza supuestamente tres veces mayor que la de Barack Obama, actual Presidente de Estados Unidos.

Para el padre de Villarreal Hernández, el único responsable del desfalco es Humberto Moreira. En entrevista radiofónica, Javier Villarreal García dijo que el ex Gobernador fabricó pruebas para inculpar a su hijo del endeudamiento ilegal en Coahuila.

Sin embargo, en 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) exoneró a Humberto Moreira Valdés por los cargos de enriquecimiento ilícito y contratación ilegal de la deuda pública estatal.