El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, está desahogando la margarita para decidir su futuro político. Para nadie es un secreto que aspira a ser candidato a la presidencia de la república por un partido en el que ha dicho que no milita, Movimiento Ciudadano (MC). El mandatario jalisciense ha anunciado que hacia la mitad de este año decidirá sus alternativas. Pero no la tiene fácil. Hay dos asuntos que tendría que resolver antes de decidir postularse como candidato presidencial. Uno de orden político y otro, el más importante, de orden social.

El asunto político por resolver es que MC aparece muy abajo en las encuestas de intención de voto rumbo a los comicios presidenciales de 2024. De acuerdo a Consulta Mitofsky, MC apenas tiene 4.6 de intención de voto. De otro lado, su nombre apenas aparece entre los políticos mencionados como aspirantes a encabezar el Poder Ejecutivo federal. Y además si MC postulara a un candidato sin ir aliado de otros partidos, el Gobernador de Jalisco aparece en tercer lugar de las intenciones de voto dentro de los aspirantes de partido naranja, por detrás del Presidente de Monterrey, Luis Donaldo Colosio y del Gobernador de Nuevo León, Samuel García. Políticamente no la tiene fácil.

El otro asunto pendiente, de orden social, es el más importante. Enrique Alfaro pretende vender que su Gobierno ha sido exitoso y ha dado resultados. No ha sido así. Si bien presenta cifras macroeconómicas aparentemente exitosas, los pasivos que deja su gestión son enormes: la pobreza, la carestía, la devastación ambiental en varias regiones del estado, la crisis del sistema urbano de la zona metropolitana de la Guadalajara, una crisis de vivienda, pero especialmente un estado desolado y aterrorizado por la violencia cotidiana que produce la guerra informal que sacude a la sociedad jalisciense. Desde hace unos años la guerra informal producto de la disputa por el control y valorización capitalista de los territorios ha convertido a Jalisco en uno de los estados más violentos del país. El Gobierno de Enrique Alfaro es, por omisión o comisión, corresponsable de esta violencia criminal que azota a la sociedad. La crisis por desaparición de personas que existe en Jalisco es la cara más funesta de esta guerra informal.

Con más de 15 mil casos reportados, Jalisco es el epicentro de las desapariciones de todo México, de los más de 111 mil que hay en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno). La crisis por desaparición de personas es probablemente el principal problema social y político que agravia a la sociedad de Jalisco.

Y en lugar de actuar a la altura y en consecuencia ante este enorme desafío social y humanitario, el Gobierno de Jalisco de Enrique Alfaro ha diseñado una estrategia de control de daños no para resolver la crisis por desaparición de personas, sino para administrarla, controlarla e incluso para ocultarla o rasurarla.

En su afán de colocarse como aspirante presidencial, el Gobernador Enrique Alfaro deliberadamente ha pretendido minimizar, o esconder la crisis por desaparición de personas que se vive en Jalisco. Desde el año pasado los representantes de los colectivos han venido advirtiendo de esta situación que se expresa de manera preocupante incluso con casos de hostigamiento y vigilancia a padres y madres que buscan a sus hijos.

Esta política de control de daños a la imagen del Gobierno se manifestó de un modo muy claro y contundente el 25 de marzo del año pasado cuando la administración estatal, a través de la Fiscalía del Estado, rasuró de un plumazo más de 1,300 casos de personas desaparecidas que estaban reportadas ante el Rnpdno. La mañana de ese día Jalisco reportaba 16,222 personas ausentes; después de una “carga masiva” de datos reportada por la Fiscalía de Jalisco, quedaron 14,915 casos. Actualmente el registro federal reporta 15,042 casos del estado, es decir un aumento de apenas 127 casos cuando observadores independientes calculan que al mes hay al menos entre 100 y 120 denuncias por desaparición de personas. En once meses, de acuerdo a las denuncias que se presentan cotidianamente ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, habría entre 1,100 y 1,320 casos más de personas desaparecidas.

De manera inexplicable el Gobierno de Jalisco ha dejado de reportar las desapariciones que ocurren en el estado al Rnpdno. Es una conducta que debería tener consecuencias administrativas y hasta penales contra los funcionarios que están cometiendo esta omisión, así como los servidores públicos que dieron esas indicaciones.

La situación del registro estatal (denominado Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición, Sisovid) es aún más grave, según ha denunciado el comité de la Universidad de Guadalajara de Análisis en materia de Desaparición de Personas en un comunicado presentado el pasado 13 de febrero. Bajo el título de “El Sisovid es un engaño”, los integrantes del comité universitario hacen un análisis del manejo de cifras que se hace en este sistema del Gobierno de Jalisco y llegan a la conclusión que “en realidad es un instrumento para alterar, disimular, engañar y mostrar una imagen falsa del problema”.

Después de presentar evidencia de que las cifras se manipulan y manejan a conveniencia, el comité universitario revela que “hemos encontrado dos anomalías graves que enumeramos: aumento de la cifra de Personas Localizadas y disminución de la cifra de Personas Desaparecidas en ambos casos de modo ficticio, sistemático, clandestino e injustificado”, y añaden: “hay un ajuste a la baja de las cifras de personas desaparecidas que no se está notificando y que produce una disminución artificial del total de casos”.

Esta decisión política del actual Gobierno de manipular engañosamente las cifras no sólo debe ser castigada, sino que tiene consecuencias muy graves porque, por un lado, demuestra que el Gobierno decide ocultar y rasurar este problema; y de otro lado, al ocultar los casos se renuncia a seguir buscando en vida a las personas reportadas como ausentes.

Es reprobable que debido a sus aspiraciones políticas de convertirse en candidato a la Presidencia de la república, el Gobernador de Jalisco pretenda minimizar la crisis por desapariciones que se vive en el estado y que se manipule perversamente las cifras de los casos que ocurren cotidianamente en la entidad. Al desaparecer las cifras, el Gobierno desaparece la posibilidad que las agencias estatales encargadas de este problema, busquen en vida a los desaparecidos. Ninguna candidatura presidencial debería construirse sobre esta perversa política que pretende desaparecer la crisis de desaparición de personas que existe en Jalisco.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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